Revista sobre \n la libertad religiosa y \n los derechos humanos en China
La policía presiona a los familiares de miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso que han huido de China para que logren que los creyentes regresen al país, donde se enfrentan a ser detenidos.
Como parte de las políticas de «mantenimiento de la estabilidad», las autoridades les exigen a los negocios locales que implementen costosas medidas «antiterroristas».
La llamada campaña de los «cuatro requisitos» les exige a los sitios religiosos en China realizar rituales nacionalistas y predicar la moral socialista bajo la vigilancia de inspectores estatales.
Los teléfonos de los creyentes religiosos son supervisados exhaustivamente por las autoridades chinas, lo que a menudo resulta en arrestos y hostigamiento a largo plazo.
Continuando con su campaña tendiente a eliminar todo tipo de religión, funcionarios chinos han estado desmantelando sistemáticamente símbolos religiosos en sitios de culto.
En lo que se reconoce como la represión más severa contra el budismo y el taoísmo desde la Revolución Cultural, se están demoliendo antiguos templos y estatuas a lo largo de todo el país.
La mujer de 70 años es considerada como una delincuente por las autoridades y ha estado bajo custodia policial durante más de un año.
Los monjes que vivían en el antiguo templo budista de Gaoshan, en la ciudad de Jiujiang, se vieron obligados a mudarse cuando el Gobierno chino destruyó el lugar sagrado.
Un plan secreto para ocultar a los uigures detenidos en instalaciones inocuas resultó contraproducente, exponiendo la demanda insaciable de Sinkiang de más sitios de detención con características similares a las de una prisión.
Académicos y activistas antisectas chinos denuncian al movimiento afirmando que es una secta peligrosa, pero no está claro cuán activo se encuentra.
Ante el temor generado por los inspectores internacionales que investigan abusos contra los derechos humanos en Sinkiang, las autoridades adoptan estrictos métodos tendientes a ocultar sus actividades e intimidar a las familias para que guarden silencio.
Desde la llegada de Xi Jinping al poder, el Gobierno chino ha intentado volver a la época de la Revolución Cultural reemplazando la religión con políticas personalistas.
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