El Gobierno chino utilizó el mortal virus para perseguir a los creyentes de los grupos religiosos prohibidos, ingresando a sus hogares con el pretexto de «prevención de la epidemia».
por Zhou Xiaolu
Durante el brote de coronavirus, el régimen comunista de China continuó reprimiendo la voz de la disidencia, arrestando a los críticos del Gobierno, a las personas de fe y a los reporteros ciudadanos con el pretexto de frenar la propagación del virus. Según un documento emitido en el mes de marzo por la Comisión de Asuntos Políticos y Legales de una localidad del noreste de China, el Partido Comunista chino (PCCh) estableció «un mecanismo de mantenimiento de la estabilidad» dirigido a los grupos religiosos tanto del país como del exterior, a los activistas a favor de la democracia, a los peticionarios ante el Gobierno y a otros grupos organizados que pudieran amenazar a su régimen y «representar un peligro para la estabilidad social» durante la pandemia.
Se planificaron arrestos a lo largo de toda China
Los grupos religiosos prohibidos, tales como la Iglesia de Dios Todopoderoso (IDT), siguieron siendo un objetivo clave de la persecución religiosa del PCCh durante el brote. Según datos preliminares, entre los meses de febrero y marzo, al menos 325 miembros de la IDT fueron arrestados en toda China como resultado de investigaciones en nombre de la prevención de la epidemia. La cantidad podría ser mayor, ya que es difícil verificar la información debido a las restricciones relacionadas con la pandemia.
Un empleado gubernamental procedente de la provincia nororiental de Liaoning le dijo a Bitter Winter que, en el mes de marzo, su superior en el Gobierno provincial le notificó que las dos medidas de mantenimiento de la estabilidad —detener la propagación del coronavirus y reprimir a la IDT— no debían flexibilizarse, y que «ambas batallas debían ser victoriosas». Se le ordenó poner en marcha operaciones de arresto dirigidas contra la IDT.
También se planificaron operaciones similares en otras partes de China: en la provincia central de Henán, en la provincia china noroccidental de Gansu, en la provincia oriental de Shandong y en otros lugares. En algunos lugares, varios creyentes de la IDT fueron detenidos durante los cierres de emergencia.
En el mes de febrero, en menos de 20 días, varias ciudades de la provincia suroccidental de Sichuan lanzaron operaciones, las cuales dieron lugar a la detención de al menos 98 miembros de la IDT: 49 en la ciudad de Deyang y más de 20 en la ciudad de Neijiang. La mayor parte de ellos habían sido monitoreados durante mucho tiempo antes de ser arrestados. Una de las creyentes liberadas le dijo a Bitter Winter que la policía la amenazó con enviarla al epicentro del coronavirus en la provincia de Hubei para que se infectara si continuaba practicando su fe.
El 1 de febrero, durante el punto álgido de la epidemia, la Agencia de Seguridad Pública del condado de Liulin, administrado por la ciudad de Lüliang, en la provincia norteña de Shanxi, puso en marcha una campaña especial de represión contra la IDT, alentando a las masas a denunciar a sus miembros.
También durante el mes de febrero, la Comisión de Asuntos Políticos y Legales de una ciudad de la provincia noroccidental de Shaanxi emitió un documento confidencial en el que ordenaba fortalecer las medidas de mantenimiento de la estabilidad durante la epidemia, incluidas las medidas represivas contra la IDT y otros grupos religiosos no registrados.
Torturados en nombre de la prevención de la epidemia
Mediante el uso de controles obligatorios de las identificaciones durante el brote de coronavirus, las autoridades lograron ampliar el alcance de la persecución religiosa y, como consecuencia de ello, arrestaron a una gran cantidad de miembros de la IDT. Un empleado gubernamental procedente de la provincia oriental de Anhui le dijo a Bitter Winter que un representante de la Comisión de Asuntos Políticos y Legales local le ordenó que no retrasara las investigaciones sobre los miembros de la IDT debido a la pandemia: por el contrario, el personal gubernamental debía utilizar medidas preventivas como pretexto para ingresar a los hogares de los residentes.
Para los miembros de la IDT que viven a la fuga tratando de evitar ser arrestados, la situación es particularmente grave, ya que, ante el aumento de las investigaciones no tienen dónde esconderse.
En el mes de febrero, dos miembros de la IDT fueron arrestados cuando funcionarios gubernamentales llamaron a su puerta para verificar sus identificaciones. Tras haber sido identificados como creyentes del grupo religioso prohibido, la policía registró su vivienda y confiscó objetos de valor de la Iglesia por valor de 45 000 yuanes (alrededor de 6400 dólares) que guardaban en su hogar.
Durante el interrogatorio, los oficiales cubrieron la boca y la nariz de uno de los creyentes con una bolsa de plástico mientras pisoteaban repetidamente sus pies y golpeaban sus costillas y piernas con un palo de hierro.
«Permanecí amarrado a un banco de tigre con un cinturón de cuero y fui electrocutado con un bastón eléctrico», le dijo el creyente a Bitter Winter luego de ser liberado. “El cinturón se rompió dos veces mientras me retorcía de dolor. También adjuntaron unas pinzas con electricidad y las pasaron sobre mis manos. Solo se detuvieron cuando se cansaron”.
En el mes de febrero, mientras la policía registraba el hogar de una miembro de la IDT emplazado en la provincia oriental de Jiangsu, hallaron un trozo de papel con contenido religioso que, según ellos, era motivo suficiente para enviarla a prisión.
La pandemia no impidió que el PCCh acosara a los miembros de la IDT para que renunciaran a su fe. En el mes de marzo, la policía obligó a 90 creyentes procedentes de la ciudad de Yanshi, en Henán, a firmar tres declaraciones —arrepentimiento, garantía y rotura de lazos—, si no lo hacían serían enviados a clases de adoctrinamiento o sentenciados a prisión.
En el plazo comprendido entre los meses de febrero y marzo, aproximadamente 300 miembros de la IDT procedentes de Sanming, Longyan, Ningde y otras ciudades de la provincia suroriental de Fujian se vieron obligados a firmar dichas declaraciones. Más de 160 creyentes fueron hostigados en las provincias de Anhui, Jiangsu y Jiangxi.
