Esta semana en Londres, un sombrío alivio y un mudo júbilo le dieron la bienvenida a la sentencia final del Tribunal de China sobre la sustracción de órganos.
Ruth Ingram
El hecho de que China haya sido y siga siendo cómplice de la mutilación de seres humanos inocentes a fin de sustraerles sus órganos fue considerado un hecho irrefutable y que los que tratan con China en cualquier capacidad deben reconocer que están tratando con un «Estado criminal», fue el espantoso veredicto que se dio a conocer ante una sala repleta.
Sir Geoffrey Nice, QC, exfiscal del juicio de Milosevic en La Haya, se dirigió a una audiencia compuesta por 200 personas, entre las que se encontraban víctimas, expertos médicos y jurídicos, miembros del público, traductores, periodistas y testigos del espantoso comercio de sustracción de órganos, y anunció el veredicto que habían estado esperando desde que se iniciaran las actuaciones el año pasado.
La sentencia fue aclamada por el Dr. Enver Tohti, uno de los testigos clave, a quien en una ocasión se le pidió que extirpara los órganos de un prisionero vivo, como «un triunfo del movimiento a favor de los derechos humanos». Tras la sentencia, el mismo afirmó que se trataba de un veredicto de culpabilidad contundente «contra la República Popular China (RPC) y su campaña de sustracción de órganos».
¿Qué es el Tribunal de China?
El Tribunal Independiente sobre Sustracción Forzada de Órganos de Presos de Conciencia en China, fue creado por la Coalición Internacional para Acabar con el Abuso de Trasplantes en China (ETAC, por sus siglas en inglés). La asociación nació en el año 2014 para recopilar información relacionada con la persecución llevada a cabo contra miembros de Falun Gong en China y la sustracción de sus órganos. El año pasado, el panel internacional fue invitado a formar un tribunal para examinar las pruebas de manera objetiva y determinar si la RPC había cometido o no delitos penales. Las audiencias se extendieron durante cinco días en diciembre de 2018 y en abril de este año.
Al emitir la sentencia, Sir Nice se esforzó en subrayar la independencia del Tribunal y su renuencia a inferir la complicidad de la República Popular China sobre la base de su falta de voluntad para entablar un procedimiento. Pero a pesar del resonante silencio de Pekín y su reticencia a defender su papel en el comercio de órganos, el Tribunal determinó que había pruebas suficientes como para llegar a su sentencia condenatoria.
Evidencia creíble
Los tiempos de espera extraordinariamente cortos para los órganos prometidos por los médicos y hospitales de la RPC, la cantidad de operaciones de trasplante realizadas que superaron con creces las estadísticas gubernamentales y hospitalarias sobre donaciones voluntarias y un «desarrollo masivo de infraestructura de instalaciones y personal médico para operaciones de trasplante de órganos», incluso antes de que se planificara el programa de donantes voluntarios, fueron algunas de las conclusiones, que, cuando se combinaron, condujeron a la inevitable conclusión final de que la sustracción forzada de órganos se ha cometido durante años en toda China a una escala significativa.
El Tribunal determinó que los miembros de Falun Gong fueron las principales víctimas de la “cosecha”, a pesar de que más recientemente la colección completa de ADN, desde el año 2017, de todos los hombres, mujeres y niños de la comunidad indígena uigur de Sinkiang en China ha creado un siniestro grupo de potenciales donantes, de los cuales, concluyó, podrían surgir más tarde pruebas de sustracción. El reciente encarcelamiento de aproximadamente 3 millones de uigures en los llamados campamentos de transformación por medio de educación ha incrementado la preocupación de que este grupo se haya convertido en un grupo particularmente vulnerable. El informe de sentencia sumaria del Tribunal afirma que «no existe evidencia de que la significativa infraestructura asociada con la industria de trasplantes de China haya sido desmantelada y la ausencia de una explicación satisfactoria sobre la fuente de los órganos fácilmente disponibles lleva a la conclusión de que la sustracción forzada de órganos continúa hasta el día de hoy».
La Campaña contra Falun Gong
En el informe surgieron pruebas contundentes de la intención de destruir el movimiento Falun Gong, cuyos seguidores fueron descritos en la sentencia como involucrados en una búsqueda inofensiva de «veracidad, compasión e indulgencia». Los escandalosos detalles de la vil purga llevada a cabo por el exlíder del Partido Comunista Chino (PCCh), Jiang Zemin, contra el movimiento demostraron una intención violenta hacia sus miembros. En el año 1999, Li Lanqing, vice primer ministro del Consejo de Estado de China, anunció la directiva del Secretario General ministro Jiang de «arruinar sus reputaciones, quebrantarlos financieramente y destruirlos físicamente», según afirmó el propio Jiang en el año 2001, «golpearlos hasta matarlos no es nada. Si terminan discapacitados a causa de la golpiza, se considerará que se dañaron a sí mismos. Si mueren, se considerará que han cometido suicidio».
A partir de la obvia intención de daño de la RPC contra el grupo Falun Gong, el Tribunal concluyó que «no tendría ninguna dificultad en comprometerlos a ningún destino», añadiendo que «podrían utilizarlos fácilmente como la población de donantes accesibles a los hospitales de la República Popular China, cuyos órganos podrían ser sustraídos a demanda mediante sustracción forzada de órganos».
El Tribunal declaró que era «incuestionable que el grupo Falun Gong había sido utilizado como fuente, probablemente la principal fuente de órganos para la sustracción forzada de órganos».
Evidencia de sustracción de órganos sin el establecimiento formal de muerte cerebral, declaraciones de testigos que afirman la sustracción de órganos de prisioneros pertenecientes al grupo Falun Gong mientras aún estaban vivos, pruebas médicas sistemáticas que distinguen específicamente a prisioneros uigures y pertenecientes al grupo Falun Gong, y «brutal y deshumanizadora» tortura rutinaria de miembros de estos grupos, incluyendo violaciones y violencia sexual, fueron destacados en el informe.
Las llamadas telefónicas de investigación realizadas en los años 2006 y 2018 a los hospitales por personas que simulaban necesitar un trasplante proporcionaron pruebas reveladoras de que muchas clínicas utilizaban los órganos de prisioneros para llevar a cabo trasplantes, que una gran cantidad utilizaba o podría llegar a utilizar a miembros de Falun Gong como suministro y algunos admitieron que la fuente de los órganos era un secreto. Está claro que los órganos iban a ser proporcionados por los que aún estaban vivos en el momento en el que se realizaron las llamadas y que podrían estar disponibles aún cuando la solicitud fuera presentada con poca antelación. Ya se han presentado ante el Tribunal pruebas sorprendentes de que las personas que necesitan un trasplante de órganos pueden ordenar un nuevo hígado o corazón en China con dos semanas de anticipación.
Estadísticas engañosas del PCCh
El incremento exponencial de los trasplantes de órganos en la República Popular China se ha combinado con una inexplicable falta de coincidencia en la disponibilidad de donantes voluntarios. Desde que los presos ejecutados dejaron de ser oficialmente una fuente de órganos en el año 2014, la cantidad de trasplantes, en lugar de disminuir, en realidad siguió aumentando. En marzo de 2013, Huang Jiefu, el arquitecto de la expansión de la capacidad de trasplantes de la República Popular China, se jactó ante el Guangzhou Daily de que había realizado más de 500 trasplantes de hígado en el año 2012. Otro cirujano, Zhu Jiye, director del Instituto de Trasplantes de Órganos de la Universidad de Pekín, informó que su hospital llevó a cabo 4000 trasplantes de hígado y riñón en un año en particular, lo que representa el 33% del máximo total de 12 000 trasplantes reconocidos por las autoridades estatales de ese solo hospital.
El Tribunal, al evaluar los datos anómalos proporcionados por la República Popular China, se convenció de que las estadísticas oficiales del Gobierno habían sido falsificadas. Tomando como dato creíble que cada año se llevan a cabo entre 60 000 y 90 000 operaciones de trasplante, y que la cifra oficial de donantes elegibles en el año 2017, era de 5146, el Tribunal concluyó que existía «una brecha incomprensible», lo que lleva a la conclusión de que «debe haber existido otra fuente u otras fuentes de órganos de tipo tisular». La cruda deducción fue que «debe haber existido un cuerpo de donantes no identificados en el material de la RPC».
Genocidio y crímenes de lesa humanidad
A pesar de que muchos elementos del escándalo de la “cosecha” son indicativos del crimen de genocidio, el Tribunal se abstuvo de esta acusación ya que la definición estaba repleta de incertidumbre jurídica. De hecho, algunos presos habían sido liberados y existían algunas dudas sobre la intención de los involucrados. Pero el Tribunal fue unánime al declararlo un crimen de lesa humanidad.
Críticas a los Gobiernos del Reino Unido y Australia
Tanto el Gobierno del Reino Unido como el de Australia fueron señalados debido a su renuencia a probar las acusaciones de forma independiente y a examinar los hechos que les fueron presentados en numerosas ocasiones. «Es de esperar que acusaciones como estas, tan graves como cualquiera de las basadas en asesinatos, que fueron probadas contra los peores asesinos políticos en masa del siglo XX, se consideren dignas de la acción más urgente y políticamente beneficiosa que el mundo pueda permitir», afirmó el Tribunal en sus observaciones finales. «No es de esperar, al parecer, del Reino Unido y Australia», añadió, a diferencia de Estados Unidos, el cual adoptó una postura diferente.
En respuesta a la sentencia final del Tribunal, el Dr. John Chisholm, presidente del comité de ética médica de la British Medical Association (BMA), afirmó en un comunicado de prensa en el sitio web de la BMA: «Estamos muy preocupados por la sentencia emitida hoy por el Tribunal», añadiendo: «La práctica de sustracción forzada de órganos representa una grave y continua violación de una serie de derechos humanos fundamentales e inalienables, entre los que se incluye el derecho a la vida y, en algunos casos, el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes». Prosiguió afirmando que “cualquier tipo de participación médica en la sustracción forzada de órganos es, por lo tanto, ilegal, poco ética y en contravención de los códigos profesionales establecidos por la Asociación Médica Mundial. El deber primordial de todo médico es promover el bienestar de sus pacientes y, ante todo, asegurarse de no hacer daño».
La BMA le pidió a la República Popular China que «facilite una investigación exhaustiva e independiente sobre la sustracción forzada de órganos y que proteja las obligaciones profesionales fundamentales de los médicos, asegurándose de que éstos nunca se vean involucrados en tales prácticas».
En lo que respecta al Reino Unido, la BMA instó al Gobierno a «reconsiderar su posición sobre este tema a la luz de los hallazgos del Tribunal y a aprovechar su influencia en la comunidad internacional para garantizar que se lleve a cabo una investigación completa y adecuada».
Se insta a la defensa de los ciudadanos
El Tribunal concluyó pidiéndoles a los gobiernos, individuos, activistas y políticos motivados que decidieran por sí mismos si, teniendo en cuenta los hallazgos, se habían cometido crímenes y «que frente a cualquier crueldad revelada del tipo de la que se muestra en cualquier hallazgo que compruebe que la sustracción forzada de órganos ha ocurrido o continúa ocurriendo en la RPC, hicieran lo que pensaran es su deber».
«Un accionar trágicamente desenfrenado permitió que muchas personas murieran de manera terrible e innecesaria al servicio de objetivos que los sucesores de los actuales líderes de la RPC pueden llegar a reconocer que nunca fueron esenciales para el bienestar y el crecimiento de su Estado», concluyó el Tribunal.
