Pekín ha publicado un documento que afirma que los campamentos de transformación por medio de educación en Sinkiang son, simplemente, hermosas escuelas. Este manojo de mentiras no debería engañar a nadie.
por Ruth Ingram
La verdad
Desde la ventana de su dormitorio justo después de la medianoche en una helada noche de invierno de 2016, Dilshat fue testigo del primer bloque de “solicitantes voluntarios” para los llamados “centros de educación y entrenamiento vocacional” –también conocidos como campamentos de transformación por medio de educación– de Sinkiang. Se dio cuenta de que había actividad inusual en el exterior por los gritos de mujeres provenientes de la calle contigua. Apagó las luces de su sala y corrió la cortina hacia un lado. Por una rendija pudo ver cómo los más recientes “reclutas voluntarios” para el nuevo frente en la batalla del Gobierno en contra del “terrorismo y el extremismo” salían de una camioneta sin ventanas y eran llevados a la estación de policía comunitaria. Las puertas se cerraron de golpe detrás de ellos.
Seguramente sus familiares ya habían sido alertados, porque al poco tiempo comenzaron a llegar personas afuera de las puertas enrejadas con bolsas de plástico llenas de ropa y, tal vez, comida para alimentar a los miembros de su familia que fueron sacados violentamente de su cama a tan altas horas de la noche. Otros que ya se habían reunido salieron a toda prisa y, más o menos una hora después, regresaron con diversos paquetes para los detenidos.
Una habitación llena de niños abandonados atrapados en medio de todo esto, mirando hacia fuera desde la ventana de la estación de policía es una imagen imborrable, narra Eziz la historia desde su exilio en Europa. “Sabíamos que se estaban llevando a las personas, pero yo jamás había visto la realidad con mis propios ojos. Desde entonces, me ha perseguido la imagen de esos niños, solos, en un enorme cuarto”, dijo. Él logró irse de Sinkiang justo antes de que el Gobierno confiscara todos los pasaportes y el escape fuera imposible.
Las mentiras
La publicación que hizo Pekín esta semana del libro blanco donde justifica su “educación y entrenamiento vocacional en Sinkiang” es destacable. No sólo intenta justificar el encarcelamiento que ha hecho de unos tres millones de uigures como una “medida preventiva”, sino que espera que el mundo crea que sus métodos son legales.
La definición aceptada de un libro blanco es un documento de políticas producido ya sea por una organización internacional o un Gobierno con el fin de dar a conocer sus propuestas para una futura legislación. La versión de Pekín de un libro blanco “con características chinas” parece ser un documento de políticas recopilado apresuradamente y en retrospectiva –diseñado para eludir la crítica proveniente del mundo exterior– para justificar un conjunto de procesos no precisamente legales que ya se están implementando como si fueran una ley.
Pekín ya ha producido este año dos de esos “libros blancos” en un ejercicio de limitación de daños para esquivar la crítica mundial en relación con el trato que les da a los uigures: “La lucha contra el terrorismo y el extremismo y la protección de los derechos humanos en Sinkiang” y “Asuntos históricos relacionados con Sinkiang”.
¿Libro blanco o mentira blanca?
El más reciente libro blanco, que consta de seis partes, cita, entre otras cosas, la educación y el entrenamiento basados en la ley y la protección de los derechos básicos de los aprendices.
En su propaganda relacionada con los campamentos de transformación por medio de educación –como ahora se les conoce– Pekín, que al principio negó su existencia, hace gran alarde de su naturaleza voluntaria y legal. Cuando Qian Jinyu, decano ejecutivo del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Noroccidental de Ciencias Políticas y Derecho de la provincia de Shaanxi, habló con la publicación portavoz del PCCh (Partido Comunista Chino), el Global Times, describió el “espíritu de innovación” de los campamentos, que operan completamente dentro de los márgenes de la ley.
Xu Jianying, un becario de investigación en el Instituto de las Fronteras de China de la Academia China de Ciencias Sociales, agregó que uno de los puntos clave que se muestran en el libro blanco fue la base legal para organizar los centros de entrenamiento.
But Abliz y su padre, que fueron sacados a rastras de su habitación en el centro de Urumqi a las dos de la madrugada una amarga noche de diciembre de 2018, podrían no estar de acuerdo. A su madre y a dos de sus hermanas las dejaron paradas en piyama frente a la puerta principal de su casa, que estaba sellada con cinta, mientras se llevaban a Abliz y a su padre. “No teníamos nada y no tuvimos otra alternativa que caminar varios kilómetros a casa de una amiga y suplicarle que nos dejara quedarnos con ella”, recordó la madre, cuyo primer contacto con su esposo fue un año después, cuando se le permitió hacer una llamada telefónica por buen comportamiento. Sin embargo, sigue detenido y el contacto que tienen con él es esporádico.
Expertos legales: “El PCCh está mintiendo”
Los expertos legales en Occidente tampoco están de acuerdo.
El Comité de Derechos Humanos de la Barra de Abogados de Inglaterra y Gales también investiga, entre muchos otros escándalos de derechos humanos en el mundo, “la excepcional magnitud de las violaciones a los derechos humanos en Sinkiang, China”.
En una reunión en el parlamento inglés a principios de este año, los miembros dijeron que Pekín estaba eludiendo su propio sistema judicial al encarcelar de una forma implacable y extrajudicial a su propio pueblo. La debilidad del sistema legal chino en cuanto a la protección de sus ciudadanos y la falta de medios nacionales disponibles para la reparación jurídica de quienes han sido equivocadamente encarcelados preocupaban profundamente al grupo, el cual ha concluido que las detenciones masivas son ilegales incluso bajo las propias leyes chinas y no puede justificarse bajo ninguna circunstancia.
Su otra preocupación era que a los abogados chinos en la RPC (República Popular China) se les está impidiendo sistemáticamente defender la causa uigur y no existen medios para la reparación jurídica. Aquellos que se atreven a adoptar una postura en contra del Estado normalmente desaparecen o reciben sentencias draconianas.
Nicola Macbean, directora ejecutiva de “The Rights Practice”, un grupo que se estableció para mejorar la protección a los derechos humanos y hacer responsables a los gobiernos, desafió la legalidad, bajo la ley china, de todos los aspectos de los llamados campamentos de transformación por medio de educación. “Queda claro”, dijo, “que China ha elegido deliberadamente arrestar a grandes cantidades de sus propios ciudadanos sin ninguna base legal, lo cual”, expresó, “dice mucho acerca de cómo trata China sus propias leyes”.
Delante de un panel de abogados, políticos y activistas internacionales defensores de los derechos humanos, detalló la gran cantidad de evidencia acumulada por investigadores y observadores para probar los encarcelamientos masivos y planteó enérgicamente que la justificación que hace Pekín, en nombre de “desafiar al extremismo”, tenía profundas fallas. La Sra. Macbean citó al vicegobernador regional de Sinkiang, Erking Tuniyaz, quien a principios de este año declaró delante del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que los “centros de educación y entrenamiento vocacional” se establecieron de acuerdo con la ley para “educar y salvar a aquellos que fueron influenciados por el extremismo religioso y cometieron delitos menores”. Sin embargo, ella cuestionó su afirmación de que los campamentos eran legales y que quienes estaban encarcelados en ellos están judicialmente detenidos.
Dijo que el hecho mismo de que la gran mayoría de los centros requieran residencia los hace ilegales según la ley china. “Este tipo de arresto domiciliario simplemente no forma parte del sistema de justicia penal chino”, dijo. Su naturaleza obligatoria y residencial, y el requisito de participar en trabajos forzados, contravienen directamente el propio sistema legal chino, de acuerdo con la señora Macbean. Ella citó el artículo 37 de la Constitución china, el cual prohíbe la detención ilegal o la privación o restricción de la libertad personal de los ciudadanos. El artículo 8 de la Ley de la Legislación china estipula que únicamente la Asamblea Nacional Popular de China, la legislatura china o su junta permanente pueden promulgar leyes relacionadas con la privación de la libertad, y el artículo 9 de la misma Ley explícitamente prohíbe que el Consejo Estatal y las autoridades locales aprueben reglamentos administrativos relacionados con la privación de la libertad.
El poder de policía existe para detenciones de hasta 15 días por delitos menores y los reglamentos sobre desrradicalización, que buscan justificar el uso de los campamentos, solamente autorizan la construcción de campamentos de entrenamiento sin permitir la privación de la libertad.
Los abogados que se atrevieron a protestar fueron torturados
“Algunos académicos chinos admiten que las detenciones en Sinkiang son ilegales”, dijo Macbean, pero añadió que cualquier abogado que se atreviera a alzar la voz en contra de las injusticias ha desaparecido de inmediato, ha sido encarcelado o ha sido sometido a tortura y ha perdido su modo de ganarse la vida. Cuando en 2014 cuatro abogados chinos trataron de impugnar las detenciones arbitrarias, fueron arrestados y torturados. Después de la represión que se llevó a cabo en 2015 y de las subsecuentes restricciones legales que se impusieron en 2016, ningún abogado se atrevería a representar a quienes se encuentran en los campamentos de reeducación.
“No existen procedimientos legales para que los abogados apelen las detenciones”, dijo. “Al parecer no se ha entregado ninguna notificación oficial a los familiares de los detenidos que exprese las bases para la detención, la evidencia para la autorización de la custodia o el momento en el que serán liberados”, y añadió que la ausencia de monitoreo externo para el trato que se da a los detenidos o para las condiciones de la detención era alarmante. A Macbean le preocupaba el “inquietante número de reportes de muertes a partir de las detenciones y los relatos de maltratos y torturas”.
Los rumores que se dieron el año pasado de que los centros de detención estaban siendo legalizados, dijo, simplemente no eran ciertos. La ley de contraterrorismo de Pekín permite la detención hasta por 15 días, pero los casos más graves deben juzgarse en una corte legal. Nadie en ninguno de los centros de detención de Sinkiang ha sido juzgado, sancionado o sentenciado. “Todos son ilegales”, dijo. “Jamás se entrega ninguna notificación que explique las bases para la detención, quién la autorizó o la fecha de liberación. Todas ellas son detenciones arbitrarias”, dijo Macbean. “Las autoridades chinas están eligiendo detener a sus propios ciudadanos sin ninguna base legal. ¿Cómo justifica China esto?”, preguntó.
Más mentiras del libro blanco
El más reciente libro blanco no escatima esfuerzos en cegar a sus lectores con la ciencia del doble discurso y se muestra como el rostro amable de la política gubernamental en Sinkiang “para ayudar al mundo a entender mejor las políticas”. Cita el “entrenamiento vocacional gratuito”, los “certificados de finalización”, las lecciones en chino y, por supuesto, la “libertad de creencia religiosa” de todos los detenidos.
Al citar la amplia disponibilidad de “entrenamiento vocacional” a lo largo de Sinkiang y el gran número de personas que han aprovechado la oportunidad, Pekín anunció triunfalmente a través del libro blanco que “el orden público y la seguridad han regresado a la sociedad” y que “la igualdad, la solidaridad y la armonía entre los grupos étnicos y las religiones han prevalecido”. “Las personas están disfrutando de paz y estabilidad”, se regocijó.
Ghuncham Rozi, una británica uigur que tiene varios familiares en Sinkiang que han sido detenidos y recluidos, podría estar en desacuerdo con la evaluación que ha hecho Pekín de la situación desde que el sistema draconiano de vigilancia y los encarcelamientos comenzaron con fuerza hace tres años. Ella no ha podido ponerse en contacto con su familia durante tres años debido al terror que tienen de tener un familiar en el extranjero. “Me han suplicado que no los llame”, dijo, angustiada.
En la primera mitad de este año, 75.9 millones de turistas podrían haber visitado Sinkiang de acuerdo con el presidente de Sinkiang, Shohret Zakir, quien atribuyó este éxito a la existencia de campos de internamiento, pero Eziz Eysa, un escritor uigur en el exilio y defensor de los derechos humanos radicado en Londres, habló sobre el costo humano de alcanzar esta denominada “armonía”. Él dice que “vive atormentado” por no tener contacto con su familia y su tierra natal y pregunta “¿cuánto tiempo pasará antes de que algo cambie y mi pueblo sea liberado?”.
En el libro blanco, Pekín presume el gran número de países que apoyan su enfoque único hacia la guerra contra el terrorismo, pero no menciona el hacha que pende sobre todos ellos en la forma de incentivos financieros masivos para que guarden silencio.
China bien podría estar haciendo un último intento por decir que lo negro es blanco en lo referente al genocidio cultural que está llevando a cabo en Sinkiang, pero pocos en el mundo libre están convencidos. Mucho menos, los Dilshat, que han visto de primera mano los terrores, los Abliz y millones que, como él, ahora están ilegalmente encarcelados o los Eziz y los Ghuncham de este mundo en el exilio, que esperan angustiados tener noticias de sus seres queridos desaparecidos.
Ningún aspecto de las detenciones ilegales está dentro de la ley… Ni siquiera dentro de la ley china, y el más reciente intento de Pekín por reescribir sus últimos años de locura orwelliana en Sinkiang no debería engañar a nadie.
