Si la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprueba la “Ley sobre Política a favor de los Derechos Humanos de los Uigures”, será la primera legislación de ese tipo en el mundo que condene a China por sus crímenes.
por Marco Respinti
China ya no puede ocultar más los crímenes que comete en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang (a la cual los uigures prefieren llamar Turquestán Oriental). Después de meses de denuncias por parte de activistas, ONG y organizaciones internacionales, se ha llegado a un punto de no retorno con la aprobación de la Ley sobre Política a favor de los Derechos Humanos de los Uigures (S.178) por parte del Senado de los Estados Unidos de América. La decisión se tomó el 11 de septiembre y es una decisión importante: es bipartidista y fue aprobada unánimemente, pero, por encima de todo, es la primera legislación de ese tipo en el mundo. Por primera vez, un cuerpo legislativo de una nación soberana condena los abusos perpetrados en contra de los uigures musulmanes y hace un llamado a la acción.
Además, el proyecto de ley está diseñado, literalmente, “para condenar las flagrantes violaciones a los derechos humanos de los musulmanes étnicos túrquicos en Sinkiang, y llama a que se terminen las detenciones arbitrarias, las torturas y el acoso hacia estas comunidades dentro y fuera de China”.
Esto significa que la legislación que aprobó el Senado de los Estados Unidos reconoce, en primer lugar, que no solo los uigures están siendo perseguidos en China (hasta 3 millones están detenidos en los tristemente famosos campamentos de transformación por medio de educación), sino todas las minorías túrquicas: kazajos, uzbekos, kirguizos, turcomanos, tártaros y otros (miles y miles); en segundo lugar, que estos pueblos túrquicos son identificados como musulmanes y perseguidos por esta razón; en tercero, que el pueblo túrquico musulmán perseguido en Sinkiang también está siendo perseguido fuera de las fronteras de China, lo cual es una grave violación internacional.
El senador Marco Rubio (R-FL), uno de los congresistas estadounidenses más activos y competentes en lo que se refiere a la denuncia de estos abusos, quien además es copresidente de la Comisión Ejecutiva del Congreso de los Estados Unidos sobre China (CECC), dice abiertamente que China es “un Gobierno […] totalitario”, debido a sus “[…] abusos generalizados y terribles hacia los derechos humanos” y “[…] a la intimidación y amenazas en contra de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales (RPL) en suelo estadounidense”.
Definitivamente, se trata de un evento sin precedentes. Dicho de una forma muy práctica, el proyecto de ley aprueba la publicación de un informe por parte del Director de Inteligencia Nacional, en coordinación con el Departamento de Estado, “[…] para evaluar las amenazas nacionales y regionales a la seguridad que representa las represiones a lo largo de Sinkiang, la frecuencia con la que los Gobiernos de Asia Central y Asia Suroriental están regresando por la fuerza a refugiados y solicitantes de asilo musulmanes túrquicos, y la transferencia o desarrollo de tecnología utilizada por el Gobierno de la República Popular China que facilita el internamiento y vigilancia masivos de los musulmanes túrquicos, incluyendo tecnología relacionada con vigilancia policial predictiva y recolección y análisis de datos a gran escala”.
Este informe incluirá “una evaluación del número de individuos detenidos en los ‘campamentos de reeducación’ políticos y sobre las condiciones que prevalecen en los campamentos para los detenidos en la región de Sinkiang, incluyendo si los detenidos sufren tortura, son forzados a renunciar a su fe u otros maltratos”; “una descripción, según sea posible, de la ubicación geográfica de los campamentos y un estimado del número de personas detenidas en tales instalaciones”; también, “una descripción, según sea posible, de los métodos utilizados por las autoridades de la República Popular China para ‘reeducar’ a los detenidos uigures así como por las agencias de la República Popular China a cargo de la reeducación” y “una evaluación del número de personas que están siendo arbitrariamente detenidas, incluyendo en centros y prisiones de detención preventiva”.
Además, “[…] incluirá un anexo con una lista de todas las compañías chinas involucradas en la construcción u operación de los campamentos de ‘educación política’ y la provisión u operación de tecnología u operaciones de vigilancia a lo largo de Sinkiang”, y luego, también, “[…] una lista de las compañías e industrias chinas que se benefician” de “los trabajos forzados en los campamentos y en las fábricas regionales por salarios raquíticos bajo amenaza de ser enviados de vuelta a los campamentos ‘de reeducación política’”.
Al tiempo que denuncia los esfuerzos de China por intimidar a los empleados de Radio Free Asia (RFA) debido a sus informes escrupulosos y precisos sobre la alarmante situación que prevalece en Sinkiang, el proyecto de ley también solicita al Secretario de Estado que considere “[…] la creación de un nuevo puesto al interior del Departamento de Estado, el de Coordinador Especial de los Estados Unidos para Sinkiang, que coordinará la diplomacia política y pública […], la asistencia financiera, las sanciones, el contraterrorismo, los recursos de seguridad y los requisitos de los informes al Congreso dentro del Gobierno de los Estados Unidos para responder a las crasas violaciones a los derechos humanos universalmente reconocidos que ocurren en la región de Sinkiang”.
Finalmente, el texto aprobado por el Senado de los Estados Unidos el 11 de septiembre urge a la aplicación de la “Ley Global Magnitsky” (Ley de derogación de la enmienda Jackson-Vanik respecto a Rusia y Moldavia y la Ley Sergei Magnitsky de Responsabilidad del Estado de Derecho), la cual, a partir de 2016, permite al Gobierno estadounidense sancionar a los funcionarios extranjeros implicados en abusos a derechos humanos en cualquier parte del mundo y la implementación plena de la Ley de Libertad Religiosa Internacional de Frank R. Wolf de 2016. Nombrada en honor al congresista Frank Wolf (R-VA), mejora la capacidad de Estados Unidos para promover la libertad religiosa a nivel global a través de una mejor diplomacia, capacitación, contraterrorismo y esfuerzos de asistencia extranjera.
Ahora el proyecto de ley regresará a la Cámara de Representantes. Si ambas cámaras del Congreso estadounidense terminaran aprobándolo, será el principio del fin del sufrimiento de personas inocentes ilegalmente detenidas en Sinkiang por millones y que son acosadas, abusadas y torturadas. Ciertamente, será un camino largo, pero nada puede lograrse sin el primer paso.
