Liderados por Gran Bretaña, 23 países denuncian la detención masiva de uigures. China moviliza su habitual “eje de la vergüenza” para responder. Lamentablemente, algunos países europeos, entre ellos Italia, no firmaron el crítico documento.
por Massimo Introvigne
Una vez más, las Naciones Unidas, esta vez en la Asamblea General, fueron testigos de una guerra de documentos sobre los atroces campamentos de transformación por medio de educación de Sinkiang, donde el Partido Comunista Chino (PCCh) mantiene a tres millones de uigures y a otros musulmanes túrcicos confinados en terribles condiciones.
El 29 de octubre, el Reino Unido leyó un documento en nombre de un grupo conformado por 23 países, entre los que se incluían: Albania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Estados Unidos de América, y por supuesto, el Reino Unido.
El documento menciona «informes creíbles sobre detenciones masivas, esfuerzos para restringir las prácticas culturales y religiosas, vigilancia masiva desproporcionada contra las personas de etnia uigur, y otras violaciones y abusos de los derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang».
Los 23 Estados «le piden al Gobierno chino que acate sus leyes nacionales y sus obligaciones y compromisos internacionales de respeto hacia los derechos humanos, incluida la libertad de religión o de creencias, en Sinkiang y en toda China». Se le pidió al Gobierno chino que cesara «urgentemente» la persecución, «incluso absteniéndose de detener arbitrariamente a uigures y a miembros de otras comunidades musulmanas».
Los 23 les pidieron a todos los Estados miembros de la ONU que apliquen el principio de no devolución y se abstengan de enviar a China a refugiados chinos por causas religiosas. También le pidieron «al Gobierno chino que le permita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los titulares de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU un acceso inmediato, sin restricciones y significativo a Sinkiang». En términos más generales, el documento concluía afirmando que China finalmente debería proporcionar respuestas creíbles «sobre las restricciones al derecho de libertad de religión o de creencias y al derecho a participar libremente en la vida cultural» de todos sus ciudadanos.
Curiosamente, y tristemente, los países de la Unión Europea vinculados con China a través de la “Iniciativa Cinturón y Carretera”, tales como Italia, Portugal y Grecia, no firmaron. (Luxemburgo firmó, a pesar de que también forma parte de dicha Iniciativa).
China movilizó su habitual «eje de la vergüenza» para responder y afirmar que todo está bien en Sinkiang y que el PCCh debería ser elogiado por sus «notables logros en el campo de los derechos humanos». Esta vez fue Bielorrusia y no la habitual Rusia (aunque ambos países están estrictamente conectados) la que lideró a 54 países del “eje de la vergüenza” a firmar la declaración. Entre ellos se encontraban Pakistán, Rusia, Egipto, Bolivia, la República Democrática del Congo y Serbia, no conocidos precisamente como modelos de derechos humanos.
