Manipulados y engañados por el Gobierno, los familiares de creyentes pertenecientes a grupos religiosos prohibidos se ven obligados a maltratar a sus seres queridos para poder salvarse.
por Lu Xiaojing
Los miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso (IDT) –el grupo religioso más perseguido en China– han estado sufriendo a manos del régimen comunista durante años, especialmente desde el año 1995, momento en el que la misma fue incluida en la lista de organizaciones xie jiao. A fin de asegurarse de que la mayor cantidad posible de creyentes sean arrestados, las autoridades de todo el país han estado ofreciendo considerables recompensas monetarias para alentar a las personas a denunciar a los miembros de la IDT. Además, el Gobierno también ejerce presión sobre los familiares de los creyentes, incitándolos a obligar a sus familiares religiosos a renunciar a sus creencias.
Tales manipulaciones gubernamentales resultan en tragedias para familias enteras. Una octogenaria creyente de la IDT recientemente le relató su historia a Bitter Winter.
Los problemas de la mujer con su familia comenzaron hace más de un año, el 2 de septiembre de 2018. Ese día, su hija, una maestra de escuela, con cuya familia vivía la anciana, se fue a trabajar como de costumbre. “Mi hija se veía feliz cuando se marchó por la mañana. Nunca pensé que me echaría de su casa esa misma noche”, recordó la mujer con tristeza, dicha noche aún está profundamente grabada en su memoria. «No podía dejar de llorar mientras escuchaba todas las cosas despiadadas que mi hija me decía esa noche».
La hija sabía de las creencias religiosas de su madre y la había apoyado, pensando que los creyentes son buenas personas. Pero todo cambió cuando un grupo de funcionarios del Gobierno local se presentó en su escuela el 2 de septiembre, exigiéndoles a todos los maestros que firmaran una tarjeta con la leyenda: «Mi familia rechaza a los xie jiao«. Al firmarla, todos se comprometieron a denunciar ante el Gobierno a sus familiares pertenecientes a grupos religiosos prohibidos enumerados en la lista gubernamental de xie jiao. Los firmantes también estaban obligados a llamar a la policía de inmediato si se enteraban de un miembro de la IDT o si descubrían sus reuniones, incluso las compuestas por dos o tres creyentes. Quienes no denuncien tales casos podrían ser castigados por albergar delincuentes. No solo serán expulsados de sus trabajos y se les revocarán todos sus subsidios de asistencia social, sino que también sus hijos podrían ser descalificados de los exámenes de ingreso a la facultad o a la universidad.
Presionada por el Gobierno, la hija de la anciana se vio obligada a romper lazos con su madre. La misma le dijo más tarde que lo estaba haciendo para salvar al resto de su familia. Debido a que ella y su esposo trabajaban en instituciones gubernamentales, perderían sus empleos a causa de la fe de su madre. Sin sus ingresos, la familia estaría arruinada.
Según un documento interno del Partido Comunista Chino (PCCh) obtenido por Bitter Winter, las tarjetas con la leyenda: “Mi familia rechaza a los xie jiao» forman parte de la campaña de propaganda a nivel nacional, destinada a ayudar a las autoridades a desenmascarar a los miembros de grupos religiosos listados como xie jiao, utilizando a las familias y a las comunidades de base. El documento exige tratar a las familias como «la primera línea de defensa contra los xie jiao y alentar a las masas a unirse proactivamente a la batalla anti xie jiao«. El PCCh ha utilizado durante años la política de culpabilidad por asociación o los «exterminios familiares» para poner a las personas en contra de sus familiares religiosos.
Para ayudar en este proceso, los medios de comunicación administrados por el Gobierno propagan sin motivo propaganda falsa y rumores que difaman a la IDT y a otros grupos religiosos, y alientan a las personas a denunciarlos ante la policía para que no cuenten con espacios seguros, ni siquiera en sus hogares, para practicar su fe. Como resultado de tales campañas de desinformación y propaganda, los creyentes son sometidos a maltratos, incluso a violencia por parte de sus familiares, vecinos, comunidades y también sus compañeros de trabajo.
«Los aldeanos gritaban junto a la puerta de mi hogar: ‘golpéenla hasta matarla y ya no creerá en Dios’, ‘golpéenla hasta matarla si continúa creyendo en Dios y nos implica’», le dijo a Bitter Winter una miembro de la IDT procedente de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, mientras relataba los acontecimientos sucedidos el día en que sus vecinos se enteraron de sus creencias religiosas.
Antes de ese día, la mujer era respetada en la aldea y se llevaba bien con sus vecinos. Pero todo cambió después de que los funcionarios gubernamentales convocaron a los residentes de la aldea a una reunión para calumniarla, afirmando que al ser miembro de la IDT se estaba «oponiendo al Estado» y «perturbando el orden público». La misma se convirtió en la enemiga pública de los aldeanos y, por consiguiente, sufrió continuos ataques y maltratos por parte de los mismos.
Para empeorar aún más las cosas, su esposo comenzó a golpearla violentamente, tratando de obligarla a renunciar a su fe. En una ocasión, luego de golpearla hasta dejarla repleta de moretones, el esposo comenzó a llorar y le confesó que lo hacía porque no podía soportar los ataques diarios de los aldeanos.
Varios documentos gubernamentales procedentes de toda China, obtenidos por Bitter Winter, indican que el PCCh ha estado implementando una serie de campañas de propaganda contra los grupos catalogados como xie jiao, especialmente la IDT. Los documentos enfatizan que tales campañas deberán ser llevadas a cabo en «empresas, familias, escuelas, instituciones públicas, aldeas y comunidades». Las empresas y comunidades deben «administrar a su gente» e intensificar los esfuerzos para controlar y transformar a los miembros de la IDT .
La policía investigó a una miembro de la IDT que se desempeñaba como maestra en Liaocheng, una ciudad de la provincia oriental de Shandong, y registró su expediente. Posteriormente, su escuela comenzó a presionarla, en cooperación con funcionarios de la Agencia de Seguridad Pública, para que renunciara a su fe. Incapaz de soportar el abrumador estrés, la mujer se suicidó saltando a un lago en septiembre de 2019. Tras la tragedia se halló un mensaje no enviado en su teléfono que decía: «No quiero que mi esposo y mi hijo se vean implicados. ¡Los amo!».
