El Gobierno ofrece dinero a los creyentes con el fin de que presionen a los sacerdotes de la diócesis de Mindong para que se unan a la Iglesia operada por el Estado y busca cortar los contactos del clero con el extranjero.
por Ye Ling
“Transformación” por medio de calumnia
El clero de la diócesis de Mindong, con sede en la ciudad de Ningde en la provincia suroriental de Fujian, que se rehúsa a unirse a la Asociación Patriótica Católica China (APCC) sigue sufriendo las amenazas, la coerción y la represión del PCCh (Partido Comunista Chino). Incapaz de forzar a todos los sacerdotes a que obedezcan sus reglas, el régimen inventa nuevas medidas opresivas.
El 20 de diciembre, el Gobierno de Saiqi, un poblado en la ciudad de nivel condado de Fu’an, administrado por Ningde, convocó a una reunión para católicos seleccionados de la diócesis. A los participantes se les dijo que los sacerdotes católicos que se niegan a unirse a la APCC, como monseñor Guo Xijin, obispo auxiliar de la diócesis, deben ser “transformados”. Prometieron que las iglesias funcionarían con normalidad siempre que los sacerdotes se unieran a la Iglesia Patriótica. A los creyentes se les ofrecieron recompensas monetarias si accedían a pedirles a los familiares y amigos de los sacerdotes que los presionaran para que se unieran a la APCC. Además, a los participantes se les pidió que crearan situaciones comprometedoras; por ejemplo, fingir que daban dinero a los sacerdotes o que las mujeres posaran como si estuvieran involucradas con ellos y tomar fotos, las cuales serían utilizadas posteriormente para intimidarlos.
De acuerdo con un informante del Gobierno, si tales métodos no funcionaban y los sacerdotes seguían resistiéndose, los pondrían bajo arresto domiciliario y se les suspendería el suministro de electricidad y agua. Serían presionados “hasta que colapsen, enloquezcan o, incluso, se suiciden”.
La Experiencia Fengqiao, un método utilizado durante la Revolución Cultural para forzar a las personas a monitorear y reformar a quienes son etiquetados como “enemigos de clase”, ha sido revivida y es ampliamente utilizada por el actual Gobierno chino para obligar a los creyentes a espiar y presionar a los miembros del clero. La Compilación de casos ejemplares de operaciones especiales, un documento interno emitido por el Gobierno de la provincia de Henán en julio de 2018, ordena a los “funcionarios de poblados y aldeas que primero lleven a cabo un trabajo ideológico” sobre los familiares de los cristianos con el fin de persuadir a los miembros religiosos de su familia de que se separen de la religión y ya no participen en actividades religiosas. El documento además exige que “los esfuerzos se centren en reformar las ideologías de los misioneros, afirmando que sus familiares deberían ser los primeros en llevar a cabo un trabajo ideológico sobre ellos”.
De acuerdo con un creyente de Fu’an, antes de la Navidad, oficiales de policía amenazaron a un sacerdote de la localidad con que sacarían a la luz información comprometedora sobre sus familiares, incluso sobre los que ya habían fallecido, para hostigarlos si se negaba a unirse a la APCC. “El Gobierno está buscando fallas del sacerdote para presionarlo”, dijo el creyente.
La situación de los objetores de conciencia va de mal en peor
Tras firmar el Acuerdo entre el Vaticano y China del 2018, la situación de los objetores de conciencia católicos que se rehúsan a registrarse con la Iglesia operada por el Estado sigue deteriorándose a lo largo del país: los miembros del clero y los creyentes son frecuentemente hostigados y perseguidos, y las iglesias son cerradas o demolidas.
A finales de noviembre, dos sacerdotes de la diócesis de Mindong fueron convocados por la Brigada Nacional de Seguridad local porque habían viajado a Tailandia para reunirse con representantes del Vaticano. Los funcionarios les dijeron que el hecho de que viajaran al extranjero sin permiso equivalía a violar la ley y que podían ser sentenciados de uno a tres años de prisión por “infiltración extranjera”. A los dos sacerdotes les confiscaron sus pasaportes y fueron forzados a firmar declaraciones donde accedían a “no entrar a las iglesias”, “no ir a otros lugares durante el periodo de prueba pendiente” y “estar accesibles las 24 horas del día en su teléfono celular”. También se les prohibió “ponerse en contacto con grupos religiosos extranjeros”.
De acuerdo con una fuente que está familiarizada con la situación, el obispo Guo Xijin fue acusado de “relaciones ilícitas con un país extranjero” y fue citado por las autoridades para explicar cómo había organizado el viaje para los dos sacerdotes, que son sus asistentes. La fuente cree que, al controlar a quienes son cercanos al obispo, el Gobierno intenta aislarlo por completo de todas las actividades de la diócesis.
Hace más de un mes, después de que el Gobierno cerró la residencia de Guo Xijin en el subdistrito de Luojiang de Fu’an, los trabajadores instalaron cuatro cámaras de vigilancia de alta definición en el edificio. “El Gobierno mantiene vigilado al obispo Guo para impedir que los medios extranjeros se pongan en contacto con él. Quizá pronto lo pondrán bajo arresto domiciliario”, añadió la fuente.
Una fuente en el Gobierno provincial de Hebei reveló a Bitter Winter que este emitió un documento a finales del año pasado, el cual requiere que se tomen medidas enérgicas sobre las iglesias católicas que se niegan a unirse a la APCC. El decreto exige que se impida que los grupos religiosos extranjeros se pongan en contacto con las iglesias católicas domésticas y que se protejan de forma estricta contra cualquier intento de ser involucrados en asuntos religiosos locales, como la elección de obispos. El documento también exige que se investigue concienzudamente los canales de comunicación del clero con grupos religiosos en el extranjero para tomar el control del intercambio de información a tiempo para preparar las represiones.
“El Gobierno está tratando de desconectarnos del mundo exterior”, comentó un sacerdote de la diócesis de Mindong. “Cuanto más persigue el Estado a las religiones, más retrocede. El Gobierno hace todo lo posible por controlar a la jerarquía de la Iglesia católica; interviene en el trabajo de la Iglesia y quiere dirigir y aprobar todos sus asuntos, aunque no debería tener ninguna injerencia en ella. De esta forma, la Iglesia se vuelve marioneta del Gobierno”.
