Junto con Venezuela, Pakistán, Eritrea y Qatar, China formará parte durante un año del exclusivo organismo, conformado por cinco personas, encargado de seleccionar a los investigadores de derechos humanos de las Naciones Unidas.
por Marco Respinti
El 1 de abril de 2020, el Sr. Jiang Duan, ministro consejero de la Misión Permanente de la República Popular China, fue nombrado miembro del Grupo Consultivo del Consejo de Derechos Humanos. Hasta el 31 de marzo de 2021 desempeñará un papel clave en la selección de investigadores de derechos humanos en diversos organismos de las Naciones Unidas. Los cuatro miembros restantes proceden de Venezuela, Pakistán, Eritrea y Qatar. Era el día de los inocentes, pero no se trataba de una broma.
El Grupo Consultivo, entre otras cosas, nombrará a tres nuevos miembros del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, en el que están pendientes casos de alto perfil contra China, entre los que se incluye uno sobre dos miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso, detenidos arbitrariamente sin más motivo que la práctica de su religión.
Dado el miserable historial de China en materia de derechos humanos, y en medio de la tormenta en relación con el encubrimiento sistemático de China sobre la pandemia de coronavirus, 82 organizaciones y asociaciones, principalmente procedentes de Europa central y oriental, presentaron una petición conjunta en la que pedían la cancelación de dicho nombramiento y le enviaron la misma al secretario general de las Naciones Unidas, el Sr. António Guterres; al presidente de la Tercera Comisión de la Asamblea General, el Sr. Christian Braun; a la presidenta del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), la Sra. Elisabeth Tichy-Fisslberger; a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Sra. Michelle Bachelet; y a cada uno de los 55 Estados miembros del grupo regional de Asia y el Pacífico que nominaron a China para el grupo consultivo del CDHNU.
Los signatarios son, en su inmensa mayoría, organizaciones tibetanas y protibetanas, y la petición expresa la preocupación específica de la diáspora tibetana, pero también deja claro que la designación de China en el Grupo Consultivo del CDHNU «también debilita el espíritu de los defensores de los derechos humanos chinos, de los uigures, los mongoles del sur y los defensores de la democracia de Hong Kong que están poniendo sus vidas en riesgo por los derechos básicos de sus pueblos contra los egoístas intereses del Gobierno del Partido Comunista Chino».
Una segunda petición, firmada también por Bitter Winter, fue lanzada por la Jubilee Campaign y promovida por la International Religious Freedom Roundtable, y será enviada a la Sra. Tichy-Fisslberger a fines de abril. Juntos, los signatarios de las dos peticiones representan a más de 100 organizaciones.
Normalmente, peticiones como estas no reciben respuesta y permanecen suspendidas en un limbo de semiexistencia, pero, sin duda alguna, si el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas desea preservar su credibilidad, esta vez debería responder adecuadamente.
