Las universidades celebran ceremonias de lealtad para profesores y estudiantes, y los obligan a criticar a los países que expresan su preocupación por el maltrato dispensado a los uigures.
por Chang Xin
Una estudiante procedente del interior de China que estudia en una universidad de Sinkiang le dijo a Bitter Winter que, a fines del año 2019, su universidad organizó una ceremonia para que todos los estudiantes «le juraran lealtad a la patria» y prometieran «apoyar al Gobierno chino por siempre». A los reunidos también se los instó a rechazar la Ley sobre Política a favor de los Derechos Humanos de los Uigures —el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de los EE. UU. por abrumadora mayoría el 3 de diciembre de 2019—. En el mismo se exige la aplicación de sanciones personales contra los funcionarios chinos responsables del confinamiento de millones de uigures en los temidos campamentos de transformación por medio de educación, y se nombra explícitamente al secretario del Partido Comunista de Sinkiang, Chen Quanguo, como uno de los principales infractores. El proyecto de ley también prohíbe la venta de productos fabricados en Estados Unidos a «cualquier agente estatal existente en Sinkiang».
«Todos tuvieron que jurar lealtad, nadie se atrevió a negarse», afirmó con impotencia la estudiante.
Según la información publicada en el sitio web de la Universidad de Kasgar, su Facultad de Ingeniería Civil también organizó una reunión temática en diciembre de 2019 para criticar la Ley sobre Política a favor de los Derechos Humanos de los Uigures. La reunión se dedicó principalmente al análisis de las múltiples declaraciones oficiales emitidas por el Gobierno chino en protesta contra el proyecto de ley. Durante la misma también se afirmó repetidamente que la «lucha antiterrorista llevada a cabo en Sinkiang había dado como resultado que la región fuera armoniosa y estable», lo cual se traducía en una «prosperidad sin precedentes». Los organizadores acusaron a Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de China y pidieron «fortalecer continuamente la educación ideológica, política y moral, sin dejar espacio para la difusión de pensamientos falsos y discursos perjudiciales».
Los profesores y estudiantes entrevistados por Bitter Winter creen que, aunque las personas se vean obligadas a jurarle lealtad al Gobierno, eso no significa que ignorarán la dura realidad de las continuas violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo en Sinkiang.
Una profesora china de etnia han que trabaja para el programa de ayuda de Sinkiang en la zona rural de Sinkiang afirmó que a todos los profesores se les pidió que prepararan declaraciones criticando la ley sobre política, las cuales deberían utilizar para adoctrinar a sus alumnos durante las ceremonias obligatorias de izamiento de la bandera nacional.
«Los campamentos de transformación por medio de educación son reales y los padres de muchos estudiantes se encuentran detenidos allí», afirmó la profesora, añadiendo que los profesores chinos de etnia han a menudo se ven obligados a cooperar con el Gobierno en la vigilancia de los uigures. Tanto a ella como a sus colegas se les ha asignado visitar regularmente o incluso vivir con familias uigures locales para observar lo que hacen y dicen, como parte del programa «estancia en el hogar«. Algunos profesores incluso fueron arrestados por expresar su insatisfacción con respecto a las políticas represivas del Gobierno.
«Los uigures deben sentirse como si estuvieran confinados en una prisión invisible», afirmó la profesora, mostrándose sumamente preocupada por el destino de los uigures en Sinkiang.
Por otra parte, tanto los profesores como los estudiantes también son víctimas de abusos contra los derechos humanos como resultado de la política de mano dura implementada por el PCCh en Sinkiang.
Otra estudiante universitaria entrevistada, procedente de Sinkiang, le dijo a Bitter Winter que, al inscribirse, la universidad le pidió a cada estudiante que instalara una aplicación especial para que la policía pudiera detectar cualquier tipo de información «sensible» en sus teléfonos inteligentes. La aplicación no puede ser desinstalada sin aprobación.
El día de la inscripción también se le pidió que jurara mantener un «estilo de vida civilizado y moderno», oponerse proactivamente a la «infiltración religiosa», mantenerse alejada de las actividades religiosas, prometer no usar ropa, accesorios o símbolos religiosos, asumir voluntariamente responsabilidades legales, y aceptar el castigo impuesto por la universidad en caso de violar estos requisitos.
La joven se siente sofocada al ver los omnipresentes puestos de control, la vigilancia generalizada y el maltrato dispensado a sus compañeros uigures. «En Sinkiang me siento deprimida. Me iré de aquí tan pronto como termine la universidad», afirmó con determinación.
