Según un grupo de expertos australianos creado para investigar las violaciones de los derechos humanos en Sinkiang, Pekín está incrementando el traslado de uigures para que los mismos realicen trabajos forzados fuera de su región.
por Ruth Ingram
Tras su innovador informe publicado en febrero de 2020, titulado «Uigures en venta«, las nuevas investigaciones llevadas a cabo por el ASPI (Instituto Australiano de Política Estratégica) han sacado a la luz más pruebas que demuestran que, lejos de reducir sus actividades tras la adversa publicidad hacia sus políticas, el Partido Comunista Chino (PCCh) ha intensificado descaradamente su misión. Decenas de miles de involuntarios reclutas uigures, muchos de los cuales proceden directamente de campos de internamiento, están siendo arreados como nunca antes a los trenes. A fin de cumplir con la creciente ola de estrictas cuotas fijadas por el Gobierno, los mismos son enviados en cantidades cada vez mayores a fábricas y talleres clandestinos emplazados en el corazón de China para fabricar productos para conocidas empresas occidentales.
En «Uigures en venta», el informe original de ASPI, 83 marcas y etiquetas mundiales fueron identificadas como beneficiarias del trabajo forzado uigur en alguna etapa de su cadena de suministro. Las principales empresas tecnológicas, automotrices y de moda de todo el mundo, entre las que se incluyen las de nueve países europeos, se han visto implicadas.
Al compartir sus hallazgos durante un seminario web celebrado el 19 de mayo, organizado por Reinhard Bütikofer, presidente del Partido Verde del Parlamento Europeo y portavoz de asuntos exteriores, los miembros del equipo de investigación de ASPI explicaron una serie de hechos aún más impactantes.
Utilizando material de código abierto y sitios web del Gobierno chino, la investigadora Vicky Xu descubrió que, lejos de tratar de ocultar su campaña, el PCCh había estado presumiendo abiertamente en línea sobre sus actividades. «El Gobierno chino se enorgullece de llevar a los uigures a una provincia remota alejada de su hogar, de darles un trabajo y de hacer que trabajen, se laven el cabello y dejen de usar un velo», afirmó.
Sacando provecho del material de dominio público, el equipo de ASPI continúa descubriendo un flujo acelerado de reasentamiento de uigures, particularmente en las provincias costeras.
La Sra. Xu describió los dormitorios separados y las clases ideológicas y de idioma mandarín después del trabajo. «Por supuesto, tienen prohibido practicar su religión», afirmó. La misma relató la constante vigilancia mediante la cual cada grupo, conformado por 50 personas, es supervisado por un cuidador. «Con frecuencia, los agentes de policía los escoltan hasta la fábrica y los ven trabajar», afirmó, añadiendo que incluso se escribieron informes sobre sus pensamientos. «Los extremos a los que ha llegado el Gobierno chino son descomunales», afirmó con incredulidad. «Incluso intentan controlar sus pensamientos».
La misma afirmó que el recuento de empresas no se detenía en 83. «Definitivamente hay más», añadió. El nivel exacto en el que cada empresa estuvo implicada en el proceso de fabricación no siempre fue claro, pero señaló que las propias fábricas se anunciaban como parte de la cadena, lo cual confirma la posibilidad de que las marcas internacionales se estén beneficiando del trabajo forzado.
Citó un informe de la reportera de The Washington Post, Anna Fifield, quien a principios de este año visitó la fábrica de la empresa fabricante de zapatos Taekwang Shoe emplazada en Qingdao, entrevistando a todas las personas que pudo. La misma confirmó el encarcelamiento virtual de 800 trabajadores uigures detrás de alambre de púas y de altas cercas, bajo la atenta mirada de las cámaras de vigilancia presente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin poder regresar a sus hogares cuando lo desean. «Este es el principal fabricante de Nike, el cual produce 8 millones de pares de zapatos por año», afirmó la Sra. Xu. «No se les permite abandonar las instalaciones sin permiso, no pueden ir a sus hogares durante las vacaciones, no tienen libertad de movimiento, son obligados a asistir a clases de adoctrinamiento y reciben salarios más bajos que sus colegas de etnia han». La misma afirmó que sus familiares en Sinkiang eran regularmente visitados por funcionarios gubernamentales, y cada trabajador era obligado a instalar una aplicación de monitoreo en su teléfono. «Si se sentían felices de ir a trabajar allí, ¿por qué la necesidad de tal vigilancia?», preguntó. Invocó la cínica campaña publicitaria de Nike en la que involucraba a las mujeres musulmanas en el deporte, mientras al mismo tiempo hacía la vista gorda en lo que respecta a las mujeres musulmanas uigures que trabajaban bajo coacción en la fábrica. «Eso no es suficiente», afirmó. «Deben mantenerse fieles a sí mismos».
Foxconn, otro destino para los trabajadores uigures, era notorio, según la Sra. Xu, por los suicidios y el maltrato dispensado a los trabajadores. «Si los uigures allí no tienen ningún tipo de derecho, cómo será estar allí, particularmente durante la época del virus», preguntó.
En otro caso, se descubrió que una empresa que fabricaba productos para la marca alemana Adidas era cómplice del traslado de cientos de uigures directamente desde un «centro de detención» emplazado en Sinkiang a una fábrica situada en la provincia costera de Anhui. Allí, la Sra. Xu teme por su seguridad dada la naturaleza forzada del empleo y el secreto en torno a las condiciones.
Las firmas alemanas BMW, Bosch, Mercedes, Puma y Siemens, la italiana Candy, las suecas H&M y Electrolux, la filipina Jack and Jill, las francesas Lacoste, y la española Zara, entre muchas otras, también fueron nombradas.
La respuesta del Gobierno chino al informe ha sido despiadada y sus políticas han sido reiteradamente defendidas en términos de alivio de la pobreza y oportunidades de empleo para los «graduados» de los campamentos de transformación por medio de educación. Tras la revelación de los hallazgos, rápidamente se dio a conocer la condena del Ministerio de Relaciones Exteriores chino y se hicieron públicas las denuncias del Global Times y del People’s Daily, pero una investigación independiente realizada por la Comisión Ejecutiva del Congreso de EE. UU. sobre China, informada, entre otros, por Associated Press y el South China Morning Post (SCMP), no solo corroboró las conclusiones, sino que el SCMP fue aún más allá, mostrando pruebas de la aceleración de la campaña, incluso hasta el punto de trasladar uigures a la provincia de Hunan, uno de los epicentros del brote de COVID-19, para que trabajaran en fábricas emplazadas allí cuando el virus estaba en pleno apogeo. La Sra. Xu añadió que las cuotas fijadas por el Gobierno para obligar a los gobernadores provinciales a aceptar una cantidad cada vez mayor de uigures significaba que la situación «solo podía empeorar».
El Dr. James Leibold, profesor adjunto y jefe de departamento de la Universidad La Trobe emplazada en Melbourne, Australia, y coautor del informe del ASPI, se apresuró a enfatizar que en ninguna parte del informe se sugería que los trabajadores uigures que trabajaban en dichas fábricas fueran coaccionados. Los traslados de mano de obra uigur comenzaron en el año 2000, y muchos se sentían felices de trabajar lejos de casa. Pero a partir del año 2017, con el nombramiento de Chen Quanguo y el encarcelamiento de hasta 3 millones de uigures en campamentos de transformación por medio de educación, añadió que se cuenta con una considerable cantidad de pruebas que ayudarán a demostrar que una gran proporción de los uigures «podrían estar trabajando contra su voluntad.» «Tomamos en cuenta toda la evidencia que pudimos encontrar», afirmó, añadiendo que sus conclusiones se basaban en «pruebas parciales», pero que la intimidación generalizada de las familias de los trabajadores y las amenazas de ser enviados de regreso a un campamento, junto con la discriminación salarial y la intensa vigilancia, hablaban por sí mismas.
Según Kelsey Munro, analista principal de ASPI y coautora del informe, la orden impartida por el Gobierno central de sacar a los uigures de Sinkiang le está dificultando la vida a las propias empresas, las cuales se arriesgan a ser clausuradas si se niegan a participar. La misma afirmó que la no participación no es una opción.
Ni ella ni sus coautores abogaron por una reacción instintiva contra todo el trabajo llevado a cabo por los uigures en China. «Eso sería desastroso», afirmó. La esperanza del equipo se centraba en que las empresas que hacen negocios con China fueran más conscientes de su cadena de suministro. «Las empresas extranjeras tienen influencia», afirmó.
Las respuestas al informe de las propias empresas extranjeras han sido decepcionantes, afirmó Vicky Xu, y algunas incluso amenazaron con iniciar demandas. Algunas de ellas, tales como Microsoft, Apple y Amazon, se comprometieron a seguir adelante con el asunto, pero la mayor esperanza para el cambio recae sobre los activistas, los consumidores y los valientes Gobiernos dispuestos a poner el valor y la moralidad por encima del dinero y, si fuera necesario, enfrentar la ira y las sanciones de Pekín. Las campañas populares podrían ser el camino a seguir, pensó, instando a los consumidores a presionar a las empresas y a votar con los pies. Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, en cierta medida, habían alzado la cabeza por encima del parapeto y tenían dichas cuestiones firmemente fijadas en la mira, pero aún así, Kelsey Munro lamentó cuan dificultoso era lograr que el mundo se pronunciara al respecto. La misma esperaba que se produjera un cambio de actitud entre los chinos de etnia han dentro de la propia China, sin lo cual tenía pocas esperanzas de que se produjera una transformación en un futuro cercano.
En el país prevalecía la falta de simpatía por el pueblo uigur, y la criminalización de toda una raza de personas, impulsada por el racismo y el miedo, estaba exacerbando la xenofobia profundamente arraigada dentro de la nación, concluyó Vicky Xu. «Creen que solo sometiendo al pueblo uigur pueden llevar una vida pacífica y próspera», pensó.
