Como las medidas de cierre de emergencia a causa del coronavirus se suavizaron, el PCCh reanudó las amenazas e intimidaciones contra los católicos que se niegan a unirse a la Iglesia patriótica.
por Tang Zhe
En la víspera de Pascua, funcionarios de la Agencia de Asuntos Religiosos allanaron la Iglesia del Santo Rosario emplazada en Fuzhou, una ciudad a nivel de prefectura de la provincia suroriental de Jiangxi. Los mismos presionaron a sus líderes para que se unieran a la Asociación Patriótica Católica China (APCC), amenazando con demoler la iglesia, imponerles una multa de 200 000 yuanes (aproximadamente 28 000 dólares) y arrestar a su sacerdote si no se implementaba dicha exigencia. Antes de marcharse, los funcionarios ordenaron quitar el nombre de la iglesia del muro.
Dos semanas después, se cubrió el letrero que decía “Iglesia del Santo Rosario”, y todos los artículos utilizados durante las misas fueron escondidos. El Gobierno ya había prohibido los servicios en la iglesia a fines del año pasado y la había estado vigilando desde entonces.
Luego de que las autoridades clausuraran una iglesia católica no registrada en el condado de Chongren de Fuzhou dos años atrás, la congregación comenzó a reunirse en los hogares de sus miembros. A fines de marzo, una feligresa que organizó algunas de estas reuniones estaba cantando himnos con su nieta en su hogar cuando funcionarios gubernamentales irrumpieron en el mismo y les ordenaron que dejaran de cantar, amenazando con sancionar a la mujer si volvía a organizar servicios religiosos. Cuando la creyente se puso en contacto con el sacerdote de la iglesia clausurada para pedirle que celebrara la misa de Pascua, el mismo se negó por temor a ser encarcelado si el Gobierno lo descubría. La mujer cree que si no fuera por el brote de coronavirus, el cual ha desacelerado por un tiempo las persecuciones religiosas en China, «todos los creyentes serían arrestados».
La provincia norteña de Hebei, el corazón católico de China, ha sido uno de los principales objetivos de la persecución religiosa del Partido Comunista Chino (PCCh), persiguiendo a casi un millón de católicos. A fines de 2019, el Gobierno de Hebei emitió un documento en el que exigía reducir aún más la cantidad de iglesias católicas no registradas, intensificando las represiones contra los lugares de culto y los miembros del clero que no formaran parte de la APCC. El documento también exigía intensificar los esfuerzos para «transformar» a los obispos y sacerdotes no registrados para que respeten el liderazgo del PCCh y de la APCC. El clero también debe respetar la Constitución, las leyes y los reglamentos, apoyar el principio de una Iglesia católica «independiente y autoadministrada» en China, y dejar de realizar actividades religiosas que no estén aprobadas por el Estado.
Las Directrices del Vaticano del 2019, emitidas en junio del año pasado, luego de la firma del acuerdo entre el Vaticano y China del 2018, prevén que los sacerdotes y obispos de lo que se conocía como la Iglesia católica clandestina pueden permanecer fuera de la APCC por razones de conciencia. Pese a ello, el PCCh utiliza todos los medios posibles para forzar a todos los católicos a colocarse bajo su control.
Un feligrés procedente de la ciudad de Zhangjiakou le dijo a Bitter Winter que en mayo del año pasado, el Gobierno de la ciudad retuvo a 45 sacerdotes católicos en un hotel para adoctrinarlos, obligándolos a unirse a la APCC.
Durante el pasado mes de abril, miembros del personal de la Agencia de Asuntos Religiosos y de la Brigada de Seguridad Nacional irrumpieron en el hogar de una católica de edad avanzada emplazado en Zhangjiakou y le ordenaron eliminar la capilla existente en el mismo, la cual había instalado para celebrar reuniones privadas con la congregación. Luego de tomar fotos y registrar su información de identificación, los funcionarios amenazaron a la mujer con imponerle una multa que podría oscilar entre 20 000 y 200 000 yuanes (alrededor de 2800 a 28 000 dólares) si desobedecía la orden. A principios de mayo, los funcionarios volvieron a presentarse en su hogar en dos oportunidades para interrogarla sobre el paradero del sacerdote que solía asistir a las reuniones en la capilla. La obligaron a firmar una declaración en la que prometía no volver a organizar servicios religiosos en su hogar y confiscaron su tarjeta bancaria para subsidios gubernamentales.
El 8 de mayo, funcionarios vaciaron un lugar de reunión católico emplazado en el distrito de Gaocheng de la capital de Hebei, Shijiazhuang, y cortaron el suministro de electricidad del mismo. Al director del lugar le ordenaron eliminar todos los símbolos religiosos y amenazaron con confiscar el terreno del lugar si se seguían organizando reuniones.
El Gobierno también les exige a los miembros del PCCh, a los funcionarios gubernamentales, a los maestros y a los miembros de iglesias administradas por el Estado visitar a los creyentes de los lugares de culto no registrados en sus hogares y convencerlos para que asistan a servicios dirigidos por sacerdotes de la APCC.
A fines de mayo del año pasado, más de 20 funcionarios del Gobierno del condado de Gaoyang en la ciudad a nivel de prefectura de Baoding, acompañados por la policía, clausuraron una iglesia local no registrada y expulsaron a su sacerdote, quien solía vivir en las instalaciones. Luego visitaron a más de 80 miembros de la congregación en sus hogares, obligándolos a firmar una solicitud de adhesión a la APCC. A los que se negaban se los amenazaba con la revocación de sus pensiones y se les decía que sus descendientes no podrían asistir a la universidad, alistarse en el ejército ni unirse al PCCh.
Un miembro de la iglesia recuerda que uno de los funcionarios afirmó lo siguiente: “No pueden ganar contra el Partido Comunista; son lo que el Partido quiere que sean. El mismo puede acusarlos de lo que quiera y encarcelarlos”.
A principios de 2020, la Agencia de Asuntos Religiosos de la provincia nororiental de Jilin emitió un documento en el que exigía continuar reprimiendo a las iglesias católicas no registradas mediante la organización de investigaciones especiales y la intensificación del control y la transformación del clero no registrado.
