Los objetores de conciencia católicos de China continúan siendo presionados para unirse a la Iglesia patriótica, mientras se clausuran iglesias, se persigue a los sacerdotes y se intimida a las congregaciones.
por Zhao Mingzhe
Dos años después de la firma del Acuerdo entre el Vaticano y China del 2018, la persecución de quienes se niegan a unirse a la Asociación Patriótica Católica China (APCC) no ha disminuido. Haciendo caso omiso de las Orientaciones pastorales del Vaticano de 2019, las cuales permiten que los sacerdotes y obispos de lo que se conocía como la Iglesia clandestina permanezcan fuera de la APCC por razones de conciencia, el Partido Comunista Chino (PCCh) persiste en obligar a todos los católicos de China a ser controlados por la misma.
Una iglesia católica no registrada perteneciente a la diócesis de Mindong emplazada en la provincia suroriental de Fujian fue cerrada por la fuerza el pasado mes de noviembre porque su sacerdote se negó a unirse a la APCC. Desde entonces, la congregación continuó reuniéndose en secreto en una vivienda de chapas de hierro que habían construido con su dinero. Un miembro de la iglesia le dijo a Bitter Winter que el 24 de enero, funcionarios gubernamentales irrumpieron en su iglesia improvisada mientras los creyentes cantaban himnos y oraban. Los mismos amenazaron con demoler la vivienda si la congregación volvía a reunirse.
El feligrés explicó que el sacerdote tuvo que abandonar el poblado y esconderse luego de que la iglesia fuera clausurada el año pasado. Aún así, la policía local continuó buscándolo durante el brote de coronavirus, ofreciéndoles recompensas monetarias a los residentes por brindar información sobre el mismo. Además, amenazaron con implicar a las familias de los que fueran descubiertos refugiando al sacerdote.
El creyente piensa que el Gobierno quería sacar provecho de la influencia del sacerdote para «acorralar a los miembros de la congregación como si fueran ovejas y llevarlos a la APCC» y luego deshacerse de él. «Estos son los trucos que emplea el Partido Comunista», añadió. “Atacan y acusan a los sacerdotes de varios delitos, alegando que desobedecen al Estado y se niegan a acatar las leyes y reglamentos. Los sacerdotes que se nieguen a unirse a la APCC seguramente serán perseguidos. Me siento disgustado con el comportamiento del Gobierno. Instalaron cámaras de vigilancia dentro y fuera de las iglesias administradas por ellos. Solo los sacerdotes aprobados pueden celebrar misa, y a los que no lo están, incluso se les prohíbe ingresar a las iglesias”.
«Si nos unimos a la APCC vamos a ser controlados por el Gobierno», continuó afirmando el creyente, «y los sacerdotes tendrán que predicar sobre las políticas, leyes y reglamentos nacionales. La naturaleza de nuestra fe cambiará completamente. Nunca ha habido unidad entre el Gobierno y la religión. El PCCh tiene como objetivo hacernos creer en él al tiempo que prohíbe nuestra fe en Dios».
De acuerdo con la Declaración de responsabilidad para el objetivo de la labor religiosa del año 2019, emitida por el Gobierno de una localidad de Fujian, las autoridades locales deben continuar intensificando los esfuerzos tendientes a controlar y reprimir a la Iglesia católica no registrada. No solo se deben restringir y prohibir todas las actividades religiosas, sino que además, cada miembro del clero en esos lugares de culto deberá ser «transformado por medio de la educación» por personal especialmente designado para tal fin.
En la diócesis de Yujiang de la provincia suroriental de Jiangxi, los católicos que se niegan a unirse a la APCC también son perseguidos de manera similar.
En julio y agosto del año pasado, funcionarios del Gobierno de la ciudad de Fuzhou allanaron una iglesia católica no registrada que la congregación había ocultado tras la fachada de una sala ancestral —un lugar tradicional en la China rural donde las familias le rinden homenaje y les ofrecen sacrificios a sus predecesores—. Los mismos ordenaron vaciar la iglesia, amenazando con destruirla si la congregación desobedecía y volvía a reunirse allí. Los símbolos religiosos de la iglesia fueron reemplazados por la consigna: “No te olvides de la intención original; mantén la misión en tu mente” y otros carteles propagandísticos.
Desde entonces, los miembros de la congregación se habían estado reuniendo en secreto en los hogares de los creyentes. Pero incluso estas reuniones clandestinas fueron prohibidas luego de que el Gobierno local se enterara de ellas. Los creyentes comenzaron a mostrarse aprensivos en lo que respecta a organizar reuniones en sus hogares luego de que las autoridades amenazaran con despedir a sus familiares y privar a sus hijos de oportunidades de asistir a la universidad o buscar empleo si eran descubiertos haciéndolo.
«Al prohibir las actividades religiosas y la educación de los creyentes, el Gobierno pretende desgastarnos poco a poco y así hacer que nuestras creencias perezcan», le dijo a Bitter Winter un sacerdote de una iglesia no registrada emplazada en la diócesis de Yujiang. “Esperamos que el papa no crea las declaraciones unilaterales del PCCh y escuche lo que dicen los miembros de las iglesias no registradas. Si nos unimos a la APCC, nuestras creencias se volverán impuras”.
Durante el brote de coronavirus, las autoridades de toda China reprimieron continuamente a las iglesias católicas no registradas bajo el pretexto de que las mismas contaban con medidas sanitarias o de control de incendios deficientes. Presionaron a las congregaciones para que cumplieran con todas las exigencias planteadas por el Gobierno, incluyendo la adhesión a la Iglesia estatal, amenazando con clausurar sus lugares de culto si no acataban las órdenes.
«Los funcionarios intentan descubrir fallas en las iglesias, inspeccionando cada aspecto de sus actividades», comentó un miembro de una iglesia no registrada emplazada en Wengyang, un subdistrito de la ciudad de Yueqing, en la provincia oriental de Zhejiang. “Incluso verifican si los comedores tienen gabinetes de desinfección para esterilizar la vajilla, o cuántos contenedores de basura tiene una iglesia. Pero lo que el Gobierno realmente quiere es obligarnos a unirnos a la APCC y someternos a su control”.
