La organización Campaña por el Pueblo Uigur, presidida por la Sra. Rushan Abbas, ofrece pruebas de las políticas criminales del PCCh y pide que se celebre un juicio internacional.
por Marco Respinti
¿Cómo llamaría a la campaña planificada e intencional tendiente a acabar con una porción completa de la humanidad, escogida por razones étnicas, religiosas o culturales? Desde los tiempos de Raphael Lemkin (1900-1959), el abogado y experto legal polaco que acuñó el término para designar los crímenes contra los judíos perpetrados por los nazis en las décadas de 1930 y 1940, la palabra que está buscando es «genocidio».
La misma es una palabra con peso moral, legal e incluso filosófico. «Genocidio» no solo implica la masacre de un gran número de personas, lo cual es lo suficientemente terrible y desafortunadamente sucedió numerosas veces en la historia. Una masacre se denomina «genocidio» si implica la intención de erradicar a toda una comunidad humana, un objetivo planificado e implementado de la forma más sistemática y científica posible. Como tal, es producto de la ideología y, por lo tanto, típico de la era moderna, a pesar del hecho de que afirmamos vivir, desde hace un par de siglos, en la «era de la democracia».
El historiador francés Reynald Secher es uno de los principales expertos especializados en el primer genocidio de la historia, el exterminio sistemático de católicos en Vendée perpetrado entre los años 1793 y 1794, durante la época de la Revolución Francesa. El mismo elaboró la noción de «genocidio», forjando otro neologismo, «memoricidio». Esto último ocurre cuando incluso se destruyen los recuerdos de los grupos humanos sometidos al genocidio, a fin de eliminar todos sus rastros y registros de la historia.
Al profundizar en dichos materiales, los académicos recientes han avanzado en la introducción de la noción de «genocidio cultural«, es decir, el impulso hacia la aniquilación de una población y una cultura antes y más allá de su exterminio físico.
Esto es lo que está sucediendo en Sinkiang, la región predominantemente habitada por uigures musulmanes y otras minorías túrcicas, la cual prefieren llamar Turquestán Oriental. Precisamente por esta razón, algunos abogados piensan que el régimen comunista chino puede y debe ser llevado lo antes posible ante la Corte Penal Internacional, a pesar de que China no ha firmado el tratado pertinente.
Existe un nuevo informe sobre lo anteriormente mencionado titulado Genocidio en Turquestán Oriental, el cual fue publicado por la organización Campaña por el Pueblo Uigur, fundada y actualmente presidida por la Sra. Rushan Abbas, en Washington D. C.
El informe ilustra lo que Bitter Winter ha informado en detalle de manera constante durante los últimos meses. La intención del Partido Comunista Chino (PCCh) de destruir a toda una población ni siquiera fue detenida por la pandemia de COVID-19. Los musulmanes de Sinkiang han sido y son acosados de todas las formas posibles. Intimidaciones, detenciones ilegales, discriminación religiosa y cultural, e incluso prácticas humillantes, tales como obligarlos a comer carne de cerdo y beber alcohol (lo cual está prohibido en el islam), y transformar la decoración de su hogar del tradicional estilo uigur a un estilo occidentalizado barato. Los que intentan protestar son enviados a los temibles campamentos de transformación por medio de educación.
En el informe, se hace especial hincapié en el destino de las mujeres uigures, un tema que a la Sra. Abbas le interesa de manera especial y que también ha abordado en un reciente artículo para Bitter Winter. Un millón de cuadros chinos del PCCh de etnia han han sido enviados a vivir con familias uigures para controlar su vida diaria. Esta operación es apodada por el PCCh «Programa de parientes dobles» (lo que significa que cada familia uigur tiene tanto parientes de sangre reales como otros falsos impuestos por el PCCh), y podría significar que las niñas y mujeres uigures están obligadas a compartir la misma cama con los espías del PCCh, con consecuencias no difíciles de predecir. La plaga de bodas impuestas entre chinos de etnia han elegidos por el PCCh y mujeres uigures también es habitual y genera aún más dolor. Tal y como denuncia Campaña para el Pueblo Uigur, esto a menudo equivale a nada menos que una violación.
Se han publicado numerosos informes sobre la persecución del pueblo uigur, pero la peculiaridad de Genocidio en Turquestán Oriental es su atención específica a los efectos de mediano y largo plazo de la política del PCCh en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang. Sus partes más importantes son, de hecho, la introducción, sobre el concepto legal de «genocidio», y los capítulos en los que se demuestra claramente la intención genocida del PCCh. Los ejemplos incluyen esfuerzos tendientes a destrozar familias, deportación y reeducación de niños uigures cuyos padres y familiares han sido enviados a campamentos, y esterilizaciones y abortos forzados a fin de impedir los nacimientos de niños uigures.
El informe concluye afirmando que “estos crímenes deberían ser presentados por una comisión internacional, y sus autores deberían ser procesados en la Corte Internacional de Justicia”. De lo contrario, tal y como una vez escribió el difunto líder uigur Isa Yusuf Alptekin (1901–1995), “mi pueblo se enfrenta a un gran peligro de destrucción. Si mi pueblo no puede escapar del peligro de destrucción, perecerá”.