A fin de evitar que los miembros de iglesias estatales se unan a lugares de culto no registrados, el Gobierno implementa nuevas medidas represivas para controlarlos.
por Han Sheng
En el mes de agosto, la Agencia de Asuntos Étnicos y Religiosos del condado de Gushi, en la provincia central de Henán, emitió un aviso en el que alentaba a las personas a recopilar fotos, videos, grabaciones de audio y otros materiales y a denunciar los «lugares de actividad religiosa ilegales». Por cada pista se ofrecía una recompensa de 500 yuanes (alrededor de 70 dólares).
Según el aviso, todos los lugares de culto que no posean certificados de registro y no estén aprobados por las autoridades de asuntos religiosos son considerados «lugares de actividad religiosa ilegales». En el documento también se afirma que durante los casi cinco meses que los lugares religiosos han permanecido cerrados debido al brote de coronavirus, algunas personas de fe fueron «engañadas y atraídas por organizaciones religiosas a lugares de reunión privados» para asistir a «actividades religiosas ilegales», «lo que causó un gran impacto negativo en la seguridad y estabilidad en el campo de la religión». Por lo tanto, todas estas actividades ilegales llevadas a cabo en el condado deben ser investigadas y reprimidas.
Casi inmediatamente después del lanzamiento de la campaña, la arrendadora de una iglesia doméstica se negó a alquilarle su propiedad a la congregación de la misma. «Alentada por la propaganda gubernamental, la arrendadora nos echó, negándose a alquilarnos su propiedad», afirmó un miembro de la iglesia. «Ella explicó que no quería sufrir las consecuencias si nuestro lugar era descubierto. El Partido Comunista Chino [PCCh] no se detendrá hasta eliminar todas las creencias religiosas».
La congregación solía pertenecer a una iglesia de las Tres Autonomías registrada, pero la misma fue clausurada el año pasado para reducir el número de lugares religiosos. Los creyentes se quedaron una vez más sin un lugar dónde reunirse.
En el mes de julio, en otros lugares de Henán, tales como Mengzhou, Jiyuan, Shangqiu y otras ciudades, se exhibieron pancartas y eslóganes en los que se promovía la “denuncia proactiva de las actividades religiosas ilegales”. Se organizaron actividades de propaganda para informarles a los residentes que cualquier reunión compuesta por tres a cinco creyentes debía ser inmediatamente denunciada.
«El Gobierno ejerce un estricto control no solo para frenar el desarrollo de las iglesias de las Tres Autonomías, sino también para prohibir las iglesias domésticas, por temor a que las mismas ayuden a derrocar al régimen», explicó un empleado del Gobierno local.
A las iglesias de las Tres Autonomías emplazadas a lo largo de toda China se las anima a denunciar los lugares de reunión privados. Según un predicador perteneciente a la Iglesia de las Tres Autonomías procedente de la ciudad de Dezhou, en la provincia oriental de Shandong, el Gobierno local emitió un aviso en el que les exigía a los creyentes de la Iglesia de las Tres Autonomías vigilar y denunciar las reuniones celebradas por iglesias no registradas y grupos etiquetados como xie jiao.
En la provincia central de Hubei, gravemente afectada por el brote de coronavirus y las fuertes inundaciones recientes, a los creyentes de la Iglesia de las Tres Autonomías se les exige denunciar los lugares religiosos no aprobados. En el mes de junio, 20 clérigos pertenecientes a iglesias de las Tres Autonomías fueron convocados a una reunión para hablar sobre cómo denunciar los lugares de culto no registrados. Se les dijo que incluso las reuniones compuestas por tres o cinco creyentes deben ser denunciadas.
«El Gobierno nos pide que le hagamos una donación, sin tener en cuenta que nuestra iglesia ha permanecido cerrada durante meses», afirmó con indignación uno de los asistentes a la reunión. «Los funcionarios nos dijeron que, dado que no tenemos dinero para donarle al Gobierno, debemos alentar a los creyentes a espiar los lugares no registrados y los pertenecientes a organizaciones xie jiao y recolectar recompensas por dicha labor. Los mismos afirmaron que, luego de varias denuncias de este tipo, obtendríamos suficiente dinero. Sabemos quiénes asisten a iglesias domésticas, pero no haremos cosas en contra de nuestra conciencia. Todos deben tener derecho a practicar su fe».