El gobierno local en Sinkiang está enfrentando a los residentes chinos de etnia han contra sus vecinos musulmanes para lograr «estabilidad social».
por Li Zaili
Bitter Winter habló recientemente con residentes de Sinkiang sobre la nueva política gubernamental conocida como «defensa conjunta de diez hogares».
En abril, después de la ceremonia de izamiento de la bandera de la brigada de la ciudad de Kumul, en Sinkiang, el secretario de la brigada hizo que los uigures presentes se marcharan a pesar de que los han se quedaron. Más tarde habló sobre el programa, diciendo que trataba de evitar que los uigures se rebelasen contra el estado. Para esto, todos los residentes de etnia han tuvieron que comprar equipos de control antidisturbios, tales como ropa de protección, cascos, escudos, guantes, malla metálica, extintores de incendios y demás. Además, se pretendía que cada hogar instalase una alarma antipánico por valor de 500 yuanes (aproximadamente 73 dólares) y dos cámaras de seguridad con un valor superior a 2000 yuanes en total.
Se espera que los residentes de etnia han compren todo esto con su propio dinero para luchar por la paranoia del estado contra las minorías y la religión. Los uigures, en particular, son vistos como terroristas y enemigos del estado solo por su condición de minoría étnica y religiosa. De esta manera, el Partido Comunista Chino (PCCh) no solo está persiguiendo a los uigures, sino que lo está haciendo a expensas de los chinos han, haciendo sentir miserables a ambas comunidades para poder cumplir su propósito.
Tales programas han sido implementados también en las cercanas ciudades de Kuitun y Shihezi. La propietaria de un hotel, la Sra. Wang, en el condado de Hetian, se quejó de que la policía la obligó a instalar alarmas en su casa dos veces. También se vio obligada a comprar equipo de control antidisturbios. En total, este tipo de contraterrorismo patrocinado por el estado le costó cerca de 4000 yuanes.
En el pasado, el negocio de la Sra. Wang había sufrido debido al ataque del PCCh contra la «generalización de halal», ya que se vio obligada a eliminar la palabra «halal» del cartel que contenía el nombre de su hotel. Eso provocó que su negocio hotelero casi cerrara y su esposo se vio obligado a salir a trabajar para llegar a fin de mes. Estos gastos de control antidisturbios han colocado aún más presión sobre una familia ya agobiada.
Para implementar el programa de «defensa conjunta de diez hogares», las autoridades emitieron una «declaración conjunta de responsabilidad de defensa». De acuerdo con eso, se pretende que los han estén al acecho de cualquier uigur que use ropa con símbolos de luna creciente y estrella, personas con barba o materiales que les cubran el rostro y otros «individuos sospechosos».
La Sra. Yu Ying (seudónimo) de la ciudad de Changji relata eventos relacionados con su vecindario. En mayo, la policía distribuyó garrotes para control antidisturbios y escudos entre los residentes. También obsequiaron un brazalete rojo que decía «asignado para mantener la estabilidad social» escrito en él. Se les ordenó a los residentes que juntaran sus cosas cada vez que sonara una alarma y corrieran hacia el sitio señalado.
La alarma se activó en julio. La Sra. Yu y su grupo de hogares de defensa conjunta no pudieron ponerse sus brazaletes rojos a tiempo y, como resultado, llegaron al lugar con unos minutos de retraso. Inmediatamente, las autoridades penalizaron a las diez unidades familiares cerrando sus tiendas durante tres días. La Sra. Yu y algunos otros fueron detenidos en la estación de policía local.
En la estación, se los obligó a memorizar la «Ley antiterrorista de la República Popular China» y no se les permitió irse hasta que pudieran recitarla correctamente. La policía también citó el artículo 91 de la ley, que dice: «Aquellos que se nieguen a cooperar con los departamentos pertinentes para tomar precauciones de seguridad antiterrorismo, tareas de inteligencia, investigación y respuesta, afrontarán una pena máxima de 100 000 yuanes y 15 días de detención».
Según fuentes internas, todas estas medidas son consecuencia de los llamamientos del PCCh a «hacer que Sinkiang sea estable, pero no necesariamente desarrollada». Debido a esto, los gobiernos locales han empleado el 70% de sus recursos para lograr «estabilidad social», la cual incluye movilizar a las masas para mantener la estabilidad y controlar los disturbios.
Según algunos académicos, el PCCh ha apresado a más de un millón de uigures y los ha colocado en campamentos de «transformación por medio de educación». Esta medida recibió la condena mundial y destrozó a innumerables familias uigures. Pero nada de eso parece importarle al gobierno chino, el cual está decidido a intensificar su ataque contra los uigures.
Estas tácticas son una reminiscencia de cómo el PCCh reprimió a los estudiantes de la Manifestación de Tiananmen, el Falun Gong, la rebelión tibetana y otros. El gobierno es muy consciente de la hostilidad pública y la protesta que crean tales acciones, por lo que es inteligente disfrazarlas como «mantenimiento de la estabilidad social».
