Las autoridades en China persiguen a las iglesias por presuntos cargos de actividades financieras ilegales.
En mayo de 2017, más de diez agentes de policía irrumpieron en el recinto de una iglesia doméstica emplazada en la ciudad de Qiqihar, en la provincia de Heilongjiang, y confiscaron donaciones eclesiásticas por valor de 70 000 yuanes (más de 10 000 dólares), sin proporcionar ninguna documentación. La policía afirmó que la iglesia había participado en «recaudación ilegal de fondos» y que se le impondría una multa de 10 000 yuanes por cada 100 yuanes recaudados. Después de este incidente, más de 100 miembros de la iglesia se vieron obligados a dejar de asistir a las reuniones durante tres meses.
Según analistas, las autoridades chinas utilizan leyes que tienen el objetivo de frenar la «recaudación ilegal de fondos» utilizadas en empresas para atacar a las iglesias y confiscar ilegalmente sus propiedades. Al sacar provecho de tal regulación para apoderarse de los bienes de las iglesias, el Partido Comunista Chino claramente «está creando acusaciones falsas sin preocuparse por los pretextos».
Después de que las Regulaciones revisadas sobre Asuntos Religiosos entraran en vigor en febrero de 2018, los gobiernos locales han emitido regulaciones de políticas dirigidas a las iglesias domésticas, intentando controlarlas de múltiples maneras. Por ejemplo, las autoridades prohíben las actividades dominicales de adoración, afirmando que los feligreses están «perturbando el orden social». Se imponen multas y hostigan a las iglesias alegando «modificación ilegal del uso de la propiedad», y a la larga, se clausuran algunas iglesias por completo.
Informado por Piao Junying
