Cada cinco años, todos los países deben someterse a una revisión de su historial de derechos humanos, la cual es llevada a cabo por las Naciones Unidas. La revisión de China tendrá lugar el 6 de noviembre próximo y el primer informe destaca sus atroces violaciones contra la libertad religiosa.
Massimo Introvigne
La Revisión Periódica Universal es un procedimiento mediante el cual cada estado miembro de las Naciones Unidas debe someterse cada cinco años a un examen de su situación relacionada con los derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra. La fecha estipulada para China es el 6 de noviembre próximo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha ya publicado un primer documento importante. El mismo es un resumen ejecutivo de lo que el Alto Comisionado considera hallazgos esenciales procedentes de informes sobre China que han sido presentados por diversas ONG.
El documento es necesariamente breve y trata todos los aspectos relacionados con los derechos humanos. No obstante, varias de las principales conclusiones de las ONG mencionadas en el texto se refieren a la libertad religiosa.
En lo concerniente al Tíbet, el informe señala que “China seguía atacando y torturando a los defensores tibetanos de los derechos humanos, prácticas que se inscribían en su política de denegar a los tibetanos su derecho a la libre determinación. China promulgaba políticas y prácticas que violaban activamente el derecho a la libertad de religión de los budistas tibetanos. Las autoridades utilizaban las escuelas ‘centradas en China’ como mecanismo para asimilar a los tibetanos en la cultura china».
También se informa que «desde alrededor de abril de 2016, decenas de miles de uigures y miembros de otras minorías étnicas habían sido enviados a ‘centros de educación política’ extralegales donde permanecían indefinidamente detenidos en régimen de incomunicación, sin cargos ni juicio».
En general, «la legislación china limitaba la libertad de religión a través de dos leyes: 1) el Reglamento sobre Asuntos Religiosos; y 2) el artículo 300 del Código Penal, que solo permitía la congregación de las organizaciones religiosas registradas por el Estado […] la legislación china negaba la libertad de religión y de creencias, ya que en el artículo 300 del Código Penal de China se estipulaba que la participación en grupos clasificados como “xie jiao” era un delito castigado con una pena de prisión de tres a siete años, como mínimo». Un ejemplo de la aplicación de estas leyes es que «entre 2014 y 2018, las actividades de vigilancia, detención y persecución levadas a cabo por el Partido Comunista de China habían causado que al menos 500 000 cristianos de la Iglesia de Dios Todopoderoso huyeran de sus hogares y que se rompieran varios cientos de miles de familias».
