El año pasado, las autoridades de Fujian cerraron por la fuerza algunas fábricas y demolieron otras con el pretexto de “combatir la contaminación”. No se indemnizó a los propietarios y quienes lucharon por sus derechos fueron detenidos ilegalmente.
por Lin Yijiang
Un residente de la ciudad de Putián, ubicada en la provincia de Fujian, al sureste de China, le facilitó a Bitter Winter fotografías y testimonios de testigos en los que se evidenciaba la forma en la que las autoridades locales atacaron varias fábricas de piedra y maltrataron a sus dueños el año pasado.
En abril de 2017, las autoridades de la ciudad de Dongpu, en el distrito de Xiuyu (Putián), les ordenaron a los propietarios de varias fábricas de piedra que se mudaran antes del 30 de junio. Se les notificó que sus fábricas serían demolidas para “combatir la contaminación”.
Sin embargo, Chen Guoqing, uno de los propietarios, se negó a obedecer la orden de cerrar su fábrica, porque consideró que la indemnización ofrecida por las autoridades no era la adecuada.
El 23 de mayo, sin que mediara notificación alguna, el Gobierno local envió a más de 130 agentes de policía y una excavadora para demoler la fábrica del Sr. Chen. Cuando el dueño y su esposa se enteraron, les suplicaron a los funcionarios que no llevaran a cabo la demolición, ya que aún faltaba más de un mes para que se cumpliera el plazo de reubicación. “Todavía tenemos algunas piedras que deben ser procesadas para obtener productos terminados. Si no nos hemos mudado antes del 30 de junio, no protestaremos ante una demolición”.
Sin embargo, los funcionarios procedieron con la demolición. La esposa del Sr. Chen continuó con las súplicas: “Dependemos de la fábrica para sobrevivir. Necesitamos el dinero para el tratamiento de mi nieto que está enfermo en el hospital”, pero fue ignorada. Corrió hacia la fábrica para intentar detener la demolición, pero más de una docena de policías se lo impidieron. La empujaron durante unos 100 metros y la tiraron al suelo, tras lo cual se desmayó y sufrió varias fracturas.
Los funcionarios no se conformaron con demoler la fábrica. El 3 de julio, se presentaron de nuevo en el lugar y demolieron la vivienda del Sr. Chen, que estaba ubicada dentro de las instalaciones de la fábrica. Enfurecido por la tiranía de las autoridades, el Sr. Chen les exigió explicaciones.
Sin embargo, la única respuesta que obtuvo fue la de Xu Jiahua, representante local del Partido, quien dijo: “Estoy haciendo cumplir la ley. Voy a deshacerme de toda la evidencia del lugar. Si tiene el valor necesario, vaya y hable con el presidente Xi Jinping”. Todos los artículos fueron retirados de la fábrica en los siguientes ocho días.
Desde entonces, el Sr. Chen y su esposa han acudido a las oficinas provinciales y estatales de atención al ciudadano en múltiples ocasiones, pero su esfuerzo ha sido en vano. En la víspera del XIX Congreso Nacional del Partido Comunista Chino en 2017, fueron detenidos de camino a Pekín y retenidos durante cuatro días. Durante un nuevo intento por llegar a Pekín en marzo pasado, volvieron a ser detenidos, esta vez, por diez días.
Otro propietario de una fábrica de piedra, Chen Jinshou, tiene una historia muy similar que contar: su fábrica también fue destruida y sus pérdidas ascendieron a un millón de yuanes, cerca de 140 000 dólares. No ha recibido indemnización alguna hasta la fecha. Las autoridades tampoco le han permitido presentar una queja, aunque lo ha intentado en más de diez ocasiones.
