El crimen más horroroso cometido por el régimen comunista de Pekín contra disidentes y creyentes es atestiguado en Londres. Se espera que en el mes de mayo se dicte un fallo definitivo.
Ruth Ingram
La evidencia que ha surgido durante las investigaciones sobre la sustracción de órganos en China ha obligado a un panel de jueces a emitir un juicio intermedio en el que se pronunciaron de manera abrumadora contra China. Al decidirse a tomar el paso inusual de publicar sus hallazgos provisionales antes de lo habitual, el tribunal de Londres que investigaba el tema de sustracción forzada de órganos en la República Popular China descubrió y llegó a la conclusión «de forma unánime, y más allá de toda duda razonable, que en China se practicó la sustracción forzada de órganos de presos de conciencia durante un período sustancial de tiempo involucrando a una cantidad muy importante de víctimas».
Los testimonios fueron tan persuasivos, que el juez que presidía el tribunal, Sir Geoffrey Nice, Consejero de la Reina, dio el paso inusual de publicar los resultados provisionales antes de emitir la decisión final, expresando su esperanza de que al hacerlo «El oxígeno de la publicidad dada a las acusaciones formuladas y respaldadas en la medida en que lo permita nuestro juicio provisional puede permitir que el oxígeno real de la vida continúe para aquellos que de otro modo podrían ser asesinados». Él expresó su deber público de «posiblemente salvar a inocentes de ser lastimados» al hacer esto, agregó que: «Reflexionando sobre los numerosos deberes que tenemos para con nuestros conciudadanos mundiales, debemos recordar apropiadamente las atrocidades cometidas en el pasado en las que estados intentaron destruir a parte de sus comunidades y evocar a las personas que formaron parte de horribles eventos desarrollados por terceros y que permanecieron en silencio”.
Sir Geoffrey, quien era el fiscal adjunto en el juicio de Slobodan Milosevic, expresidente de Serbia, en La Haya, recibió el encargo de la Coalición Internacional para Acabar con el Abuso de Trasplantes en China (ETAC, por sus siglas en inglés) de liderar el Tribunal Independiente en el juicio sobre Sustracción Forzada de Órganos de Presos de Conciencia en China, celebrado del 8 al 10 de diciembre. El mismo afirmó que esperaba que el Tribunal emitiera su sentencia definitiva en la primavera, pero hasta entonces instaba a la República Popular China (RPC) a que se presentara y explicara su versión de los hechos.
En su declaración final, continuó convocando a aquellos que quisieran refutar los hallazgos y los presionó para que se presentaran y defendieran la práctica. Solicitó más pruebas para respaldar o refutar las declaraciones de testigos «convincentes» antes de la emisión del veredicto final. A pesar de los testimonios condenatorios procedentes de todas partes del mundo, el silencio de Pekín en lo relacionado con dicho tema ha sido ensordecedor.
Hasta ahora, las invitaciones enviadas a representantes de la RPC para asistir a las audiencias han caído en oídos sordos, pero en su declaración final, Sir Geoffrey solicitó información que pudiera contradecir la sentencia provisional o sugerir que, de hecho, no hubo ningún hecho criminal involucrado en las prácticas de trasplantes de órganos llevadas a cabo en China. Antes de dictar la sentencia definitiva, afirmó que también deseaba escuchar a los médicos que habían expresado opiniones favorables sobre las prácticas de trasplantes realizadas en China y que hasta el momento habían rechazado las invitaciones para asistir al Tribunal. Los instó a reconsiderar su posición para retener evidencias y defender su postura sobre el asunto.
Tres días de evidencias personales presentadas ante el Tribunal provinieron principalmente de practicantes de Falun Gong exiliados (de los cuales se estima que se han sustraído decenas de miles de sus órganos desde que Jiang Zemin, expresidente chino, declaró que su objetivo era librar a China de la influencia de los mismos. Investigadores tales como el abogado canadiense de derechos humanos David Matas, el exparlamentario canadiense David Kilgour, y el periodista de investigación estadounidense Ethan Gutmann estiman que aproximadamente 65 000 presos de conciencia pertenecientes a Falun Gong han sido asesinados: Ethan Gutmann, La Masacre: asesinatos en masa, sustracción de órganos y la solución secreta de China a su problema con los disidentes (Nueva York, editorial Prometheus Books, 2014).
Los uigures, cuya precaria posición ha sido destacada en las noticias recientes, también han manifestado sus preocupaciones. Sumado a la prueba irrefutable de que entre 1 y 3 millones de uigures actualmente están cumpliendo sentencias extrajudiciales en los denominados campamentos de transformación por medio de educación, el hecho de que se hayan recopilado los datos biométricos de toda la población uigur de Sinkiang es preocupante. (Según un informe de Reuters del 10 de agosto de 2018, Gay McDougall, miembro del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, citó estimaciones que afirmaban que 2 millones de uigures y miembros de otras minorías musulmanas fueron detenidos por la fuerza en «campamentos políticos de adoctrinamiento» emplazados en la región autónoma occidental de Sinkiang).
Al presentar pruebas, el médico uigur y excirujano de Sinkiang, Enver Tohti, quien una vez se vio obligado a extirpar los órganos de un prisionero vivo en el sitio de ejecución emplazado en la ciudad capital de Urumchi, habló sobre sus preocupaciones. Las mismas surgieron a raíz de la oferta del PCCh de realizar controles médicos gratuitos para todos los que vivían en la región, iniciativa que fue anunciada en junio de 2016. Los controles incluyeron la recopilación de datos biométricos de todos los uigures existentes en Sinkiang, hecho que ha alimentado su sospecha de que todo fue realizado a fin de construir una base de datos nacional para ser utilizada en el comercio de órganos. «Según los medios de comunicación chinos, el número de muestras que habían sido recopiladas superó los 17 millones», afirmó el mismo. (Informe de la organización Human Rights Watch del 13 de diciembre de 2017. Este informe cita el informe del periódico Xinjiang Daily del 02 de noviembre de 2017, el cual publicó las conclusiones resultantes de la campaña estatal ‘Exámenes Físicos para Todos’ implementada en el mes de septiembre de 2016 y tendiente a recoger datos biométricos de ciudadanos de Sinkiang de entre 12 y 65 años de edad).
El cirujano en cuestión temía que los campos fueran una tapadera para el comercio de sustracción de órganos. Afirmó que hasta la fecha muchas personas simplemente han desaparecido y solo aquellos que demostraron estar realmente enfermos fueron liberados. Describió cómo, en octubre de 2017, en una visita a Taipei, fue abordado por un hombre taiwanés cuyo hermano había viajado a Tianjin, en la costa nororiental de China, para someterse a un trasplante de riñón, el cual le dijo: “Dado que mi hermano estaba al tanto de la situación de Falun Gong, le pidió a su cirujano que no le trasplantara el órgano de un practicante de Falun Gong. ¡Su cirujano le dijo que actualmente todos los órganos provienen de Sinkiang!”.
Excepto uno, todos los testigos que presentaron pruebas en el Tribunal, denunciaron haber padecido graves torturas físicas y mentales durante el tiempo en el que permanecieron detenidos, incluidos algunos casos de abusos sexuales y violaciones cometidas por otros presos a los que se les ordenó atacarlos. Cada uno reportó haber sido sometido a exámenes médicos completos, incluidos análisis de sangre y ultrasonidos de sus órganos internos. Todos confirmaron que otros prisioneros chinos de etnia han no habían sido sometidos a dichas pruebas.
Un cirujano israelí que presentó pruebas ante el Tribunal aumentó las sospechas de sustracción al afirmar que en China los órganos para trasplantes pueden ser ordenados con quince días de anticipación. Uno de sus pacientes que necesitaba un trasplante de corazón de manera urgente había sido contactado por su propia compañía de seguros, la cual se había comprometido a actuar como intermediaria. Representantes de la misma le habían asegurado que se podría encontrar un corazón, que todos los costos serían pagados por ellos y que el trasplante se reservaría por un plazo de dos semanas.
Luego de 30 declaraciones de testigos, Sir Geoffrey concluyó afirmando que además de emitir un juicio final en cuanto a si la sustracción forzada de órganos había tenido lugar y aún continuaba llevándose a cabo en China, al Tribunal también se le había solicitado determinar si el estado, u organismos, u organizaciones, o individuos respaldados por el Estado chino habían cometido delitos criminales internacionales. «Hasta la fecha», afirmó, «a pesar de insinuar la posibilidad de que se han cometido delitos internacionales, ninguno de los informes sobre prácticas de trasplantes en China ha analizado esta denuncia de manera específica».
Al reconocer que un tribunal como este no era responsable del uso que se le daría a su dictamen, Sir Geoffrey lamentó que las acusaciones contra la RPC presentadas a lo largo de los años en relación con la sustracción forzada de órganos de presos de conciencia hayan dado pocos frutos. Señaló que, en circunstancias normales, un tribunal como el suyo «no emitiría una sentencia parcial o provisional, sino que esperaría hasta que se hubieran tomado todas las decisiones factuales y legales relevantes, y luego emitiría un fallo único y definitivo». El mismo afirmó que en este caso «se pueden aplicar diferentes consideraciones, ya que la emisión de una sentencia parcial o intermedia puede servir al bien común de manera inmediata».
Al concluir, lamentó que: «Sin hacer referencia a la criminalidad, la cual puede ser ciertamente afirmada —quizás no en el ‘Día de los Derechos Humanos’, que este año celebra exactamente 70 años desde que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos— la práctica china de sustracción forzada de órganos tal y como se evidenció ante nosotros infringe, como mínimo, los siguientes artículos de la Declaración:
Artículo 3 (derecho a la vida), Artículo 6 (igual reconocimiento como persona ante la ley), Artículo 7 (igualdad ante la ley), Artículo 9 (no estar sujeto a detención arbitraria), Artículo 10 (derecho a una audiencia justa y pública para la determinación de los derechos y obligaciones) y Artículo 11 (presunción de inocencia)».
Agregó que también se demostró que el artículo 5 (tortura) había sido infringido gracias a los testigos que fueron convocados para testificar. Excepto uno, todos hablaron de las torturas que padecieron mientras permanecieron detenidos y detallaron las pruebas médicas posteriores a las que fueron sometidos, las cuales eran consistentes con la preparación para la sustracción de órganos.
Concluyó recordándole al Tribunal que, “Actualmente, conceptos peligrosos de soberanía podrían permitir que ‘otros’ países, dentro de sus fronteras, les hicieran a sus propios ciudadanos lo que desearan sin tener en cuenta que la humanidad forma parte de una única familia protegida por derechos esenciales y codificados. Estos conceptos deben ser confrontados y, al confrontarlos con decisiones claras e incuestionables, tales como la nuestra con respecto a la sustracción forzada de órganos, se podrían obtener beneficios reales”.
Reafirmó su esperanza de que miembros del público, médicos, académicos o funcionarios gubernamentales se presenten y presenten pruebas que, según él, serán consideradas «tal y como han sido escuchadas las que fueron presentadas durante los últimos tres días». “La ‘solicitud de pruebas’ en el sitio web del Tribunal de China permanece abierta para que los miembros del público puedan continuar contribuyendo con sus declaraciones, o para identificar más testigos o pruebas documentales, que el Tribunal podría considerar».
