En China, el temor a las protestas masivas está dando como resultado una vigilancia total, control ideológico y supresión de disidentes y de grupos defensores de los derechos humanos.
Bitter Winter obtuvo un documento interno de 18 páginas emitido en mayo de 2018 por las autoridades de una ciudad de Liaoning. El documento detalla los métodos mediante los cuales el Partido Comunista Chino (PCCh) busca «mantener la estabilidad social». Titulado Sugerencias a ser implementadas en las tareas de mantenimiento de la estabilidad social para el año 2018 para el grupo líder encargado del mantenimiento de la estabilidad social, el documento exige un desarrollo más veloz del proyecto “Ojos de Lince”, la promoción de la “Experiencia Fengqiao”, y la compleción de un sistema de digitalización.
Bitter Winter ha documentado de manera individual algunos de estos programas, tales como la utilización de la Experiencia Fengqiao para desplegar ciudadanos espías que denuncien a personas religiosas, el Proyecto Ojos de Lince, mediante el cual se colocan cámaras de vigilancia en todas las zonas rurales, y la utilización del Sistema de Crédito Social para restringir las actividades de los intelectuales y disidentes públicos. Este nuevo documento ayuda a ver cómo se acoplan los diferentes programas de control de la estabilidad social.
El documento explica que el PCCh desea establecer una «gran, segura y confiable plataforma de datos interdepartamentales» lo antes posible, «promoviendo la modernización de las tareas de mantenimiento de la estabilidad social a través de inteligencia e informatización».
Durante el año pasado, en particular, ha tomado forma un sistema de vigilancia orwelliano tendiente a preservar la estabilidad social.
El documento enumera muchas —y cada vez más— posibles causas de inestabilidad social, entre las que se incluye el aniversario de la protesta en la Plaza de Tiananmén en el año 1989, cuestiones relacionadas con la pobreza y su reducción, la falta de empleo para estudiantes y graduados universitarios, disposiciones deficientes para personal militar retirado y la fluctuación de los mercados de valores e inmobiliarios. El Gobierno cree que cada uno de ellos, o una combinación de los mismos, podría dar como resultado el surgimiento de protestas masivas.
Según este documento, las autoridades están trabajando para gestionar estos problemas sociales y así «prevenir y desactivar conflictos sociales desde su origen» a fin de garantizar la prevención de levantamientos masivos. No están tratando de resolver estos problemas sociales, sino simplemente gestionarlos para mantener su control sobre el poder.
Por ejemplo, para el manejo de problemas relacionados con el personal militar retirado, el documento establece que los funcionarios deben «hacer todo lo posible para gestionar las tareas clave masivas de estabilidad para el personal militar retirado… mejorar la orientación educativa y concentrarlos [a los jubilados] en torno al Partido y al Gobierno». Por otro lado, «los principales alborotadores” que no puedan ser «persuadidos» deberán ser «tratados severamente». El documento no proporciona ningún tipo de instrucción en cuanto a cómo resolver los problemas actuales del personal militar retirado.
Algunos comentaristas creen que las crecientes presiones y conflictos en la sociedad de base están comenzando a impulsar los reclamos populares. Los movimientos masivos actualmente en curso en Venezuela exigiendo un cambio de régimen están poniendo al PCCh en ascuas. Debido a ello, la resolución de problemas en la sociedad de base se ha convertido en una prioridad para el mantenimiento de la estabilidad social.
Según el PCCh, el primer paso para controlar los reclamos populares es controlar la ideología, la cual siempre ha sido una de las principales áreas de preocupación del Partido, y las autoridades solo están permitiendo las doctrinas que protejan la existencia del régimen actual.
El documento exige: “Posiciones claras, oponerse y resistir la infiltración de ideología occidental, oponerse y resistir tendencias y puntos de vista ideológicos erróneos que se opongan al liderazgo del Partido o que ataquen el socialismo con características chinas, y el mantenimiento de ideologías integradas de alcance comunitario, así como la estabilidad del espíritu popular”.
El control ejercido por el PCCh sobre Internet está íntimamente ligado al control ideológico. El documento indica que los funcionarios deben «eliminar la información en línea sensible y maliciosa que se oponga al liderazgo del Partido, a los mandatos fundamentales del Partido y al sistema socialista con características chinas». Los mismos también deben «mejorar la gestión de grupos en línea, tales como los grupos de QQ y WeChat, y poner fin a actividades que amenacen la seguridad estatal y la estabilidad social».
El documento también exige atacar al personal clave y a grupos críticos en línea. Señala la necesidad de gestionar actividades masivas en línea y en el mundo real, tales como viajar a las ciudades capitales de las provincias o a Pekín para participar oportunamente en asambleas y clasificar dichas actividades entre las tareas más importantes de mantenimiento de la estabilidad social.
Según se informa, desde fines de 2018, en China Continental, una gran cantidad de usuarios de Internet que habían utilizado redes privadas virtuales (RPV) para violar el denominado Gran Cortafuegos han sido interrogados y detenidos, y sus mensajes de Twitter han sido eliminados. El documento también enfatiza que los funcionarios deben «mejorar el bloqueo de sitios web extranjeros enemigos y obstruir efectivamente la infiltración de información extranjera maliciosa que ingresa a través de nuestras fronteras».
Los abogados de derechos humanos, los disidentes y los maliciosos “Big Vs” (en China, este es el término utilizado para denominar a los líderes de opinión influyentes cuyas identidades están certificadas y que poseen una gran cantidad de seguidores en Weibo, una plataforma social china) en línea son objetivos sujetos a control y supervisión. El documento exige que los funcionarios «tomen estrictas precauciones para evitar que activistas de derechos humanos, disidentes y ‘Big Vs’ participen en actividades que puedan perturbar la seguridad política y la estabilidad social, en connivencia con fuerzas occidentales anti-chinas, prohíbe de manera absoluta la emergencia de líderes entre los disidentes, así como la formación de una facción política opositora».
En cuanto a las organizaciones de derechos humanos y otros tipos de grupos ilegales y sus actividades, el documento establece que los funcionarios deben «persuadir rápidamente a los que puedan ser persuadidos para que se separen, y reprimir resueltamente a aquellos que no puedan ser disuadidos e insistan en continuar con sus actividades».
El PCCh enumera a Falun Gong, la Iglesia de Dios Todopoderoso y otros grupos religiosos que considera que fraternizan con fuerzas extranjeras como objetivos principales para la prevención de las «Revoluciones de color».
En general, el fomento de la vigilancia masiva destaca los desafíos que enfrentan los defensores de la libertad religiosa y de los derechos humanos en China. Pero también resalta el temor actual que siente el régimen al sentirse vulnerable a su propia Revolución de Color.
Información de Wang Anyang
