Por denunciar a un secretario del Partido de la aldea corrupto, las casas de Wei Lihui fueron demolidas, y el mismo fue repetidamente golpeado, detenido e incriminado por un crimen que no cometió.
por Yang Guang’an
Similar a lo que ocurre con muchas cosas relacionadas con los derechos de los ciudadanos chinos, los esfuerzos llevados a cabo por el Gobierno para combatir a los funcionarios corruptos parecen solo estar presentes en teoría. De hecho, los denunciantes frecuentemente se enfrentan a brutales represalias.
Durante la primera semana desde su inauguración llevada a cabo el 22 de junio de 2009, la línea directa contra la corrupción creada por el Gobierno chino «12309» se vio sobrecargada por personas que intentaban denunciar a funcionarios: durante esa primera semana, más de 11 000 personas telefonearon y 6000 realizaron denuncias relacionadas con sospechas de corrupción en línea. Al año siguiente, se han recibido un total de 290 000 denuncias en línea, involucrando a 7074 funcionarios a nivel de condado o superiores. No obstante, de acuerdo con los datos del año 2010, aproximadamente el 70 por ciento de los denunciantes debieron enfrentar represalias, funcionarios de la Procuraduría Suprema del Pueblo admitieron que la venganza también se practica de forma encubierta, a través de medios «aparentemente legales».
Es muy poco probable que esta cifra haya disminuido desde entonces, tal y como lo atestigua un aldeano procedente de la provincia costera centro-oriental de Jiangsu.
Wei Lihui, residente de la aldea de Taohe, bajo la jurisdicción del poblado de Weiji en el condado de Suining de la ciudad de Xuzhou, administra un negocio de restaurantes. En dos ocasiones durante el año 2016, utilizó su nombre real para denunciar al corrupto secretario del Partido de la aldea, Hua Chunwu, ante el Gobierno del poblado. Debido a que los funcionarios del PCCh se protegen entre sí, el Gobierno del poblado no hizo nada al respecto. Como consecuencia de ello, Hua Chunwu guardó rencor contra Wei, y en marzo de 2017, inició su venganza.
Incriminado por robo y su casa demolida
El 8 de marzo de 2017, el Gobierno local llevó a cabo la demolición forzosa y la reubicación de casas en la aldea. Las autoridades afirmaron que la casa de 220 metros cuadrados donde Wei Lihui residía en ese momento era una «construcción ilegal» y que sería demolida por la fuerza, sin otorgarle compensación alguna.
Wei se negó a mudarse ya que poseía un certificado de residencia, siendo el mismo una prueba de derecho que establecía que era el propietario legal de la casa construida hace más de una década y del terreno ocupado por la misma.
Para obligar a Wei a rendirse, el 18 de marzo, Hua Chunwu se puso de acuerdo con oficiales de la estación de policía local para incriminar a Wei por un robo que no había cometido. Los oficiales en cuestión se presentaron en la casa de Wei para arrestarlo. Como Wei discutió con ellos, fue golpeado. La madre octogenaria de Wei tampoco se salvó de ser maltratada: la policía la arrojó a una zanja.
La policía llevó por la fuerza a Wei hasta la estación de policía y nuevamente le propinó una golpiza. Un oficial de policía, cómplice de Hua Chunwu, le gritó a Wei mientras lo golpeaba: «¡A ver si todavía te atreves a denunciarnos!». Wei permaneció detenido durante 24 horas.
Deprimido por la desgracia de su hijo, el padre octogenario de Wei murió repentinamente el 3 de junio, a pesar de que gozaba de buena salud antes de que su hijo fuera detenido.
El 9 de julio, ocho matones retiraron por la fuerza dos cámaras de vigilancia que se hallaban situadas en la entrada de otra residencia de Wei, y golpearon a la esposa del mismo, la cual estaba a punto de llamar a la policía para denunciar el incidente.
«El Partido Comunista nos apoya. No tenemos miedo de que nos denuncies. Trabajamos para el Partido Comunista», afirmó uno de los matones mientras se retiraba del lugar.
Poco después de su partida, más de 100 miembros del personal —incluidos oficiales de policía, agentes de gestión urbana y promotores inmobiliarios— se presentaron en el lugar y demolieron la casa por la fuerza. Todo el mobiliario y demás objetos de la casa fueron aplastados por una excavadora, lo que resultó en pérdidas de más de 40 000 yuanes (aproximadamente 6000 dólares).
Brutalmente golpeado y detenido por presentar una demanda
Sintiéndose profundamente agraviado, en septiembre de 2017, Wei Lihui realizó repetidos viajes a Nanjing, la capital de la provincia, y a Pekín para presentar una demanda ante las autoridades superiores, pero todo fue en vano.
Luego de enterarse de esto, en la noche del 6 de octubre, Hua Chunwu contrató a cuatro matones para que lo golpearan con palos de madera fuera de su casa. Mientras sostenía un palo contra la cabeza de Wei, Hua Chunwu dijo: «Te golpearé hasta dejarte lisiado, y luego veremos si aún te animas a presentar una demanda ante las autoridades. Incluso será inútil que llames a la policía. Más tarde volveré para golpear a los miembros de tu familia, jóvenes y ancianos”. El ataque dejó a Wei cubierto de heridas y moretones, y tuvo que regresar a su casa arrastrándose.
No obstante, Wei no abandonó su intento de defender sus derechos. A mediados de octubre, utilizando un bastón, intentó viajar a Pekín para presentar una demanda ante las autoridades, pero la estación de policía local se enteró de esto y lo arrestó. El mismo fue acusado de «generar peleas y provocar problemas», y debido a ello permaneció detenido durante 15 días.
En la estación de policía, un oficial afirmó inescrupulosamente: «Todos saben que el secretario Hua contrató matones para que te golpearan y destrozaran tu hogar, pero, ¿qué puedes hacer al respecto? [El Gobierno] no puede castigarlo».
Nuevamente golpeado y obligado a firmar un acuerdo de cambio de residencia
El 14 de enero de 2018, Wei Lihui viajó nuevamente a Pekín para presentar una demanda ante la Oficina Estatal de Cartas y Llamadas. Sintió un atisbo de esperanza cuando miembros del personal de la Oficina de Pekín afirmaron que resolverían el problema por él y le dijeron que regresara a su hogar. Pero tan pronto como salió de la Oficina, ocho desconocidos lo obligaron a subir a un vehículo y condujeron hacia la carretera.
Todo lo que Wei llevaba consigo —800 yuanes (aproximadamente 120 dólares) en efectivo, su teléfono móvil y varios documentos— le fue arrebatado por los ocho matones. Con nudillos de hierro en sus manos, golpearon brutalmente a Wei hasta que éste se arrodilló en la carretera pidiendo clemencia y reconoció que había cometido un error. Los matones lo obligaron a prometer que ya no presentaría ninguna demanda ante las autoridades, y grabaron su declaración en un video que enviaron a la oficina de Pekín.
En el mes de febrero, el Gobierno local llegó a un acuerdo con Wei, otorgándole un subsidio de 30 000 yuanes (aproximadamente 4460 dólares), y lo intimidó para que aceptara no presentar una nueva demanda por escrito, por teléfono, o por cualquier otra forma ante las autoridades. Wei también se vio obligado a firmar un acuerdo de demolición y de cambio de residencia.
El 1 de abril, la casa de 220 metros cuadrados de Wei Lihui fue demolida por la fuerza. El Gobierno no le proporcionó ningún tipo de compensación.
Wei también afirmó que, desde agosto de 2017 hasta finales de marzo de 2018, el Gobierno continuamente impidió que los residentes locales acudieran a su restaurante, hecho que socavó el sustento de su familia.
Luego de que el hijo de Wei escribiera una publicación en línea sobre la terrible experiencia de su familia, la policía lo mantuvo detenido por la fuerza durante siete días.
Debido a que los golpes causaron lesiones en los músculos y huesos de sus piernas, hasta la fecha, Wei Lihui no puede permanecer de pie durante extensos períodos de tiempo y se ve imposibilitado de trabajar.
