Campamentos que reemplazaron a los laojiao luego de que estos últimos fueran abolidos en el año 2013. Los académicos creen que actualmente cuentan con un millón y medio de reclusos, de los cuales aproximadamente un millón son uigures. A pesar de que el PCCh, y una ley de 2018 los legalizó en Sinkiang, los presentaron como instalaciones «educativas», de hecho, los presos detenidos en ellos están sometidos a un régimen de trabajo y a un adoctrinamiento inhumanos, además de a una fuerte presión para que renuncien a su fe religiosa, con casos de tortura y muertes sospechosas frecuentemente reportadas.
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