Los creyentes chinos están descubriendo que sus viajes están siendo monitoreados o prohibidos. Los mismos le temen al sistema de crédito social y a la creciente presión ejercida sobre sus familiares.
por Yao Zhangjin
Las autoridades del Partido Comunista Chino (PCCh) han estado registrando la información personal de creyentes religiosos a escala integral. La recopilación de datos se realiza a nivel nacional, se centraliza en una base de datos unificada y se asocia con una recopilación similar de datos sobre sitios religiosos. A los defensores de los derechos humanos y de la religión les preocupa que esta información sea integrada en el llamado «sistema de crédito social» de China y que pueda ser utilizada como una poderosa arma contra los creyentes.
En el año 2014, el Consejo de Estado promulgó un Esquema de planificación para la construcción de un sistema de crédito social (para los años 2014 – 2020), estableciendo pruebas piloto en varias regiones. El objetivo es que el mismo esté completamente implementado para el año 2020. Según se informa, todas las actividades diarias serán factores que ayudarán a determinar la calificación crediticia de cada persona. Se deducirán puntos por “incomodar” al gobierno o a las empresas, por difamar a otros en línea, o por fabricar o vender productos falsificados. Este puntaje determinará si uno puede viajar fuera de la ciudad, si puede ser ascendido en el trabajo, si puede comprar un coche o una propiedad, e incluso el tipo de escuela al cual los hijos de cada persona podrán asistir.
Las autoridades afirman que el sistema de crédito social creará una «cultura de integridad» e incrementará «el nivel de credibilidad de toda la sociedad». No obstante, algunos creen que es otra herramienta utilizada por los que están en el poder para vigilar a los ciudadanos y violar los derechos humanos.
Según el Guangming Daily, un periódico nacional chino, desde el inicio de las pruebas piloto del sistema de crédito social, a 7,33 millones de personas se les ha prohibido la compra de boletos de avión debido a la «pérdida de crédito», y a 2,76 millones de personas se les ha prohibido la compra de boletos de tren de alta velocidad.
Las restricciones de viaje también están afectando a los creyentes religiosos. Aparte de las dificultades que estas restricciones les causan a los creyentes, la similitud entre las prohibiciones de realizar viajes impuestas a los creyentes religiosos y las que sufren las personas con un «crédito social» deficiente plantea una pregunta: ¿la recopilación de datos sobre creyentes religiosos ya ha sido integrada en el sistema de crédito social?
El caso de una anciana de aproximadamente setenta años, la Sra. Li (seudónimo), es algo típico que les sucede a los creyentes, quienes deben enfrentar restricciones y hostigamiento cada vez que deciden viajar. El 3 de octubre de 2017, la Sra. Li y su esposo se encontraban en una estación de trenes de alta velocidad preparándose para visitar a familiares que vivían fuera de la ciudad. En ese momento, la Sra. Li fue llamada a través del sistema de altavoces de la sala, exigiéndole que se presentara de inmediato en la sala de seguridad.
Al llegar a la misma, la Sra. Li tuvo que abrir todos sus paquetes de mano y colocar el contenido de estos sobre una silla para que pudieran ser fotografiados. La policía también fotografió a la Sra. Li, su tarjeta de identificación y su boleto de tren. Los oficiales le dijeron a la pareja que debían presentarse en la estación de policía local luego de regresar de su viaje.
Al abandonar la sala de seguridad, la Sra. Li se sintió avergonzada cuando su mirada se encontró con las de sus conciudadanos, los cuales se mostraban desconfiados al no saber el motivo por el cual había sido interrogada por la policía. Tres días después, durante el viaje de regreso a su hogar se vio obligada a pasar nuevamente por la misma experiencia humillante.
En un viaje reciente efectuado en septiembre del año pasado, la Sra. Li ya sabía qué esperar. Mientras aguardaba un tren, vio a un guardia de seguridad sosteniendo una foto y buscando a alguien, así que se acercó al mismo y le preguntó directamente: «¿Me está buscando?» El guardia de seguridad dijo tranquilamente, «Es correcto. Es usted».
La razón por la cual la Sra. Li recibió dicho «tratamiento especial» es porque su información personal fue registrada por el Gobierno hace más de diez años cuando participó en una reunión de una Iglesia doméstica relacionada con la Iglesia Local, un movimiento religioso cristiano chino.
Diversas fuentes le han dicho a Bitter Winter que el registro de creyentes religiosos se lleva a cabo a nivel nacional y de manera exhaustiva. Nuestros reporteros han obtenido copias de los formularios de registro utilizados para documentar a cada creyente. Los formularios solicitan información personal diversa, entre la que se incluye:
- Nombre, número de identificación personal, domicilio, ocupación, estado político (pertenencia a un partido).
- Fecha de conversión/comienzo de la creencia religiosa, motivo de la conversión.
- Posicionamiento dentro de la organización religiosa.
- Nombres y domicilios de familiares, sus lugares y direcciones de trabajo.
Se espera que todos los creyentes pertenecientes a la Iglesia Protestante de las Tres Autonomías aprobada por el Gobierno y a Iglesias domésticas, así como también los creyentes católicos, budistas y taoístas llenen estos formularios. La información ha sido —al menos hasta hace poco— recopilada en papel por funcionarios locales (generalmente a nivel de condado) pertenecientes a departamentos de asuntos religiosos o al PCCh.
Posteriormente, los funcionarios locales compilan los formularios en papel en tablas de «investigación estadística» (con datos agregados sobre el número de creyentes registrados, sus rangos etarios, género, educación, etc.), las cuales luego son ingresadas en una base de datos nacional. Los servicios de seguridad locales son los responsables de recopilar la información de aquellos que forman parte de grupos «privados», «infiltrados extranjeros» o xie jiao (enseñanzas heterodoxas).
Luego de su experiencia de viaje invasiva y vergonzosa, la Sra. Li le pidió al Gobierno que eliminara sus restricciones de viaje. Una oficial de policía le dijo: «Su problema es difícil de resolver. En la actualidad, el Gobierno está siendo muy estricto. La información personal está conectada a nivel nacional. Tan pronto como el nombre de un cristiano es registrado, el mismo será vigilado dondequiera que vaya».
Otro creyente que sufrió una experiencia de viaje humillante similar es Lin Feng (seudónimo), también cristiano perteneciente a la Iglesia Local. Desde finales de 2016, ha viajado cuatro veces en trenes de alta velocidad. En cada una de las oportunidades en que lo hizo, fue convocado y fotografiado por la policía en la estación de trenes. Un oficial de policía le dijo: «Todos los que creen en Dios son ‘elementos peligrosos’. Debemos interrogarlo y rastrear su paradero, sus intenciones y sus movimientos. Solo podrá registrarse y abordar el tren luego de que el Buró de Seguridad Pública de su consentimiento”. Actualmente, Lin Feng está soportando este tratamiento debido a que 12 años atrás había permanecido detenido durante dos semanas por compartir el Evangelio.
Los miembros de la Iglesia Local no son los únicos que sufren restricciones de viaje, ya que los creyentes pertenecientes a Iglesias domésticas y a otras organizaciones religiosas también están siendo señalados para ser hostigados. Por ejemplo, una Iglesia doméstica emplazada en la ciudad de Daqing, de la provincia de Heilongjiang, estableció un campamento de verano en agosto de 2018. La policía allanó el campamento y arrestó a varios estudiantes universitarios. Más tarde, el líder de la Iglesia fue convocado al departamento de policía para ser interrogado. Miembros del personal policial le dijeron que debía unirse a la Iglesia de las Tres Autonomías y, que si se negaba, sería incluido en una lista negra. No podría viajar al extranjero, ni tomar un avión o un tren dentro del país, y sus hijos y cualquier otra persona que asistiera a las reuniones de su Iglesia doméstica podrían enfrentar las mismas sanciones.
En otro ejemplo, en enero de 2017, la predicadora de una Iglesia Adventista del Séptimo Día emplazada en la ciudad de Fengcheng, en la provincia de Liaoning, fue condenada a diez meses de prisión. Su crimen supuestamente fue «organizar y utilizar una organización xie jiao para socavar la aplicación de la ley» a pesar del hecho de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no forma parte de la lista oficial de organizaciones catalogadas como xie jiao. Varios meses después de su liberación, las autoridades emitieron una notificación en la que le prohibían viajar en tren de alta velocidad, en avión o en barco. Ella solo podía viajar utilizando el antiguo e inconveniente sistema de tren de baja velocidad.
Otro ejemplo de un líder de una Iglesia doméstica que padeció restricciones de viaje es el del encargado de la «Iglesia de las Buenas Nuevas» emplazada en la ciudad de Xuzhou, en la provincia de Jiangsu. En febrero de 2018, la policía registró su información personal luego de arrestarlo. Desde entonces, afirma que está siendo vigilado de cerca por los mismos y que no se le permite comprar boletos de tren. En el mes de noviembre, pudo adquirir un boleto de avión para viajar a Corea del Sur. No obstante, antes de que pudiera viajar, fue convocado por personal del Departamento de Seguridad Nacional, quienes le prohibieron abandonar su ciudad natal.
El acoso y las restricciones de viaje son masivos, y les causan vergüenza y dificultades a los creyentes. Pero a algunos predicadores les preocupa que la avidez gubernamental por obtener información sobre todos los creyentes religiosos sea una preparación para medidas aún más opresivas. «En estos formularios [de registro gubernamental], se debe registrar toda la información personal de los cristianos, incluidos los detalles de sus familiares», le dijo un predicador a Bitter Winter. “Es muy peligroso que el Gobierno posea tal información. Las autoridades amenazan el trabajo, la educación y las perspectivas futuras de los familiares de los cristianos para obligarlos a renunciar a su fe».
El comentarista chino independiente Zhu Xinxin afirmó en una entrevista que le concedió a Voice of America que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, la Administración de Aviación Civil y la Corporación Ferroviaria de China publicaron una notificación de manera conjunta. Esta indica que, a partir del 1 de mayo de 2018, los ciudadanos chinos que “hubieran violado gravemente la ley» o «hubieran sido desacreditados» estarían «debidamente condicionados» para viajar en aviones o trenes.
Los disidentes chinos ya están pagando las consecuencias. Según un informe emitido por la Corporación de Radiodifusión Australiana (ABC, por sus siglas en inglés), Liu Hu, un residente de Chongqing, en la región suroccidental de China, se había desempeñado anteriormente como periodista de investigación y había descubierto la corrupción existente en los niveles más altos del Partido, además de haber denunciado varios casos relacionados con los derechos humanos. En el año 2017, Liu Hu se encontró en una lista negra, catalogado como «deshonesto» según el plan piloto de crédito social creado por las autoridades. Cuando intentó utilizar una aplicación de teléfono para reservar boletos de tren a Xi’an, la aplicación rechazó su compra. El sistema de crédito social bloqueó sus opciones de viaje y lo mantuvo bajo arresto domiciliario efectivo en su ciudad natal. Liu Hu quiere advertirle al mundo sobre la pesadilla del crédito social porque cree que la mayoría de los chinos aún no entienden lo que traerá aparejado el estado totalitario digital.
