Revista sobre \n la libertad religiosa y \n los derechos humanos en China
El PCCh afirma que la situación de los derechos humanos en China «es la mejor en toda la historia». Otros dos casos demuestran que tales declaraciones están sumamente alejadas de la realidad.
Mientras el pueblo de Hong Kong continúa luchando por la libertad y la democracia, los alumnos de escuelas en el continente son instruidos por profesores capacitados por el PCCh para odiarlos.
Incluso los lugares de culto controlados por el PCCh se enfrentan a brutales represiones al ser considerados enemigos ideológicos: los mismos son clausurados, forzados a fusionarse, e incluso destruidos.
El obispo auxiliar de la diócesis de Mindong, Guo Xijin, volvió a ser intimidado para unirse a la Iglesia Patriótica, y los lugares de culto rebeldes están siendo clausurados.
Predicadores de las iglesias aprobadas por el Estado son presionados para reemplazar a Dios con la ideología comunista. Quienes desobedecen son acusados de deslealtad al régimen y son despedidos.
A los disidentes y a las personas de fe condenados a cumplir condenas en cárceles chinas se les niega el tratamiento médico y se les deja morir. Incluso las personas gravemente enfermas son obligadas a realizar trabajos manuales.
Conservados de generación en generación, los lugares sagrados mediante los cuales las familias muestran respeto a sus antepasados son apropiados por el Estado para impartir adoctrinamiento, clausurados o demolidos.
Defraudadas por el PCCh las congregaciones de las iglesias aprobadas por el Estado se están quedando sin un lugar dónde practicar su fe después de acceder a que se derriben sus deterioradas construcciones.
Aunque la Santa Sede ha exigido al PCCh que “respete” a quienes se niegan a unirse a la Asociación Patriótica Católica China, ellos siguen siendo hostigados y castigados.
El Gobierno ordena cambiar la apariencia de los templos, prohíbe las palabras religiosas y las ceremonias tradicionales. Algunos creyentes terminan bajo custodia policiaca.
Templos antiguos o nuevos, budistas, taoístas o pertenecientes a la religión popular continúan siendo reprimidos; incluso los que cuentan con la debida certificación y aprobación gubernamental son demolidos.
En medio de redadas y medidas represivas, el clero y las congregaciones de lo que solía ser la Iglesia Católica Clandestina continúan resistiéndose a ser gobernados por el Estado.
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