Revista sobre \n la libertad religiosa y \n los derechos humanos en China
Según la nueva legislación, más de 150 sitios de congregación emplazados en esta ciudad, perteneciente a la provincia de Hebei, esperan recibir la aprobación del Gobierno y han cesado sus actividades.
Las autoridades también arrestaron a su predicadora e incautaron bienes de la Iglesia.
Las autoridades en esta ciudad de la provincia de Guangdong han clausurado varias Iglesias domésticas como parte de una estrategia de persecución religiosa bien planeada.
Según cálculos preliminares, al menos 26 miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso fueron arrestados durante una operación implementada por las autoridades en esta ciudad, perteneciente a la provincia de Shaanxi, a mediados de septiembre.
Si bien muchos esperaban que el acuerdo entre el Vaticano y China causara un cisma conservador dentro del catolicismo chino, de hecho, los primeros signos de un posible cisma están apareciendo entre los miembros de la Asociación Patriótica progubernamental.
Los creyentes de Shandong han sido víctimas de represión durante años debido a sus creencias religiosas. Tras haber reubicado su centro de reunión en múltiples ocasiones, ahora se enfrentan a un inminente cierre permanente.
El PCCh está fortaleciendo la represión contra las creencias religiosas en las escuelas mediante el uso de videos de propaganda, peticiones en línea y adoctrinamiento ideológico de estudiantes y de personal.
En la actualidad, las autoridades en Henán están obligando a los creyentes a reemplazar los retratos de Jesús por retratos de líderes chinos en sus hogares.
Las autoridades afirmaron que una iglesia de las Tres Autonomías controlada por el gobierno en la ciudad de Luoyang era una “construcción ilegal”.
En la ciudad de Zhaoyuan de la provincia de Shandong, las autoridades han relanzado la infame campaña de cien días contra las «sectas».
Según el régimen comunista, los musulmanes reprimidos se sienten muy felices de ser reprimidos. Y la verdadera víctima es el Gobierno, insultado engañosamente por quienes defienden los derechos humanos.
Cada cinco años, todos los países deben someterse a una revisión de su historial de derechos humanos, la cual es llevada a cabo por las Naciones Unidas.
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