Revista sobre \n la libertad religiosa y \n los derechos humanos en China
En un caso procedente de la provincia noroccidental de Gansu, las autoridades intimidan a los creyentes al vigilarlos incluso cuando utilizan el baño de una iglesia de las Tres Autonomías controlada por el Gobierno, sin tener en cuenta en absoluto su privacidad.
Autoridades locales de la ciudad de Yongcheng (Henán) allanaron los edificios de dos Iglesias aprobadas por el Estado y confiscaron el dinero de las ofrendas. Una de ellas fue clausurada de manera permanente. Todos los artículos de la Iglesia fueron confiscados y la congregación se quedó sin nada.
El año pasado, las autoridades de Fujian cerraron por la fuerza algunas fábricas y demolieron otras con el pretexto de “combatir la contaminación”. No se indemnizó a los propietarios y quienes lucharon por sus derechos fueron detenidos ilegalmente.
Autoridades de la ciudad de Taizhou buscaron expropiar las tierras de los habitantes de la villa y forzaron a los quejosos a entregar sus propiedades, amenazándolos con implicar a sus familiares.
Una mujer miembro de la Iglesia de Dios Todopoderoso, originaria de la provincia de Hubei, fue arrestada en el mes de septiembre y murió casi un mes después. La familia de la fallecida sospecha que las autoridades hicieron algo indebido que pudo haber causado su muerte.
Una reunión de creyentes que se estaba celebrando en una Iglesia doméstica apostólica fue interrumpida inesperadamente cuando aproximadamente 200 agentes de policía irrumpieron en el lugar luego de recibir una denuncia por parte de un cuadro del partido local.
Autoridades de Henán no solo clausuraron ilegalmente una iglesia, sino que también hostigaron y amenazaron a niños pequeños.
En septiembre, las autoridades del condado de Lushan enviaron a más de 50 agentes de policía para derribar una iglesia que costó casi un millón de yuanes (alrededor de 150 000 dólares).
El título hace referencia a una pareja de la etnia uigur de la ciudad de Urumqi (Sinkiang). Es tan solo una de las muchas desgracias que no han salido a la luz debido a las políticas discriminatorias del Estado contra las minorías.
A menudo las autoridades chinas contratan a criminales o extranjeros para que los ayuden con su sucia labor de acaparamiento de tierras. Cuando en uno de esos casos las cosas salieron mal en Fujian, terminaron encarcelando a personas inocentes.
Las autoridades de la ciudad de Putián, en la provincia de Fujian, les ordenaron a oficiales de policía tomar el control de tierras pertenecientes a agricultores de la aldea de Gaodi. Nueve de ellos fueron arrestados por oponerse a la crueldad del Gobierno.
Musulmanes de Sinkiang que aún no han sido enviados a campamentos de “transformación por medio de educación” son forzados a vivir su vida según lo dicta el Partido Comunista para evitar ser arrestados.
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