En China, los transeúntes son arrestados, golpeados, e investigados durante años por atreverse a documentar la violencia perpetrada por la policía. ¿Por qué las autoridades del PCCh temen ser vigiladas?
En agosto de 2014, Li Xiangyang y numerosos transeúntes de la ciudad de Ningbo, en la provincia china oriental de Zhejiang, presenciaron un brutal ataque perpetrado por la policía contra manifestantes. Varias personas sacaron sus teléfonos móviles y filmaron la violencia, pero los oficiales de policía les gritaron que dejaran de grabar y confiscaron sus teléfonos. El Sr. Li logró tomar algunas fotos y luego las publicó, junto con videos tomados por otros, en WeChat y en otras plataformas en línea.
El Sr. Li nunca pensó que esta acción iba a ser el comienzo de sus problemas.
Unos días más tarde, tres agentes de policía se presentaron en el hogar del Sr. Li y lo escoltaron hasta una estación de policía local. Lo interrogaron sobre la transmisión de los videos y afirmaron que esas publicaciones eran «pruebas» suficientes para encarcelarlo durante dos o tres años. Bajo repetidas amenazas, él se vio obligado a firmar un testimonio jurado que decía «Confieso que la policía no golpea a las personas» y a proporcionar una declaración por escrito prometiendo que no enviaría ningún video similar en el futuro.
Posteriormente, la policía tomó las huellas dactilares, muestras de sangre, así como otra información del Sr. Li, y describió sus acciones como «perturbación del orden público».
Como consecuencia de ello, Li Xiangyang adquirió antecedentes penales. Las sanciones que recibió por sus acciones siguen vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, en marzo de 2018, se le exigió al Sr. Li que mostrara su tarjeta de identificación en un puesto de control policial aleatorio de una estación de metro. Al escanear su tarjeta de identificación, los agentes de policía notaron que poseía antecedentes penales. Sólo después de ser interrogado se le permitió tomar el metro. En el mes de junio, fue sometido una vez más a un interrogatorio similar.
En otro caso, en octubre de 2018, Wang Ming, un estudiante de 15 años procedente de la ciudad de Heze, en la provincia china oriental de Shandong, era llevado a la escuela por su tío. En el camino, fueron testigos de la demolición de un edificio, mientras que más de 50 oficiales de seguridad pública armados con bastones y vestidos con uniformes negros montaban guardia en el sitio. En el lugar también había funcionarios gubernamentales, y un vehículo aéreo no tripulado a control remoto planeaba en el cielo y filmaba la escena.
El tío de Wang sacó su teléfono móvil para filmar lo que estaba sucediendo, pero más de diez oficiales rodearon el auto y lo arrastraron hasta un edificio situado al costado de la carretera. Wang comenzó a quejarse, pero él también fue llevado a una habitación oscura que estaba situada dentro del edificio. Los oficiales lo golpearon durante aproximadamente cinco minutos utilizando ladrillos y taburetes, lo amenazaron para que no revelara el incidente a otros y lo obligaron a firmar una declaración en la cual aseguraba su silencio.
Posteriormente, la policía escoltó a Wang a una estación de policía local y lo detuvo hasta la tarde. Cuando fue liberado, se pudo ver que su ropa estaba rasgada y que tenía marcas de color negro violáceo en la espalda. Luego de ser examinado en un hospital, se determinó que había sufrido tres fracturas en las costillas, además de una fractura de proceso transversal de sus vértebras lumbares. Permaneció postrado en la cama durante un mes y sus gastos médicos totalizaron casi 10 000 yuanes (aproximadamente 1429 dólares). Como consecuencia de ello, sus estudios también se retrasaron.
En el verano de 2016, se registraron numerosos incidentes de brutalidad policial en China Continental. En particular, el caso de Lei Yang y otro ejemplo de dos estudiantes universitarios que fueron agredidos sangrientamente por negarse a entregar videos de brutalidad policial causaron un acalorado debate. La Agencia de Seguridad Pública local del condado de Pingchang, en la ciudad de Bazhong de la provincia de Sichuan, afirmó que la «filmación maliciosa» de fuerzas del orden realizada por ciudadanos constituye un acto ilegal, siendo la misma una afirmación que provocó condena a nivel internacional.
Presionado por la opinión pública, en julio de 2016, el Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular China llevó a cabo una sesión de capacitación relacionada con el manejo de grabaciones de video por parte de civiles, ordenando que los agentes de la ley se habitúen a observarlos y a grabarlos. En ese momento, esto fue ampliamente criticado por algunos que pensaron que no había ido lo suficientemente lejos: los mismos argumentaron que la falta de supervisión del Partido Comunista Chino (PCCh) debe ser atribuida a todo el sistema político, y que dicha cuestión no se soluciona simplemente con una regulación sobre grabaciones de video. Tal y como los críticos esperaban, la ordenanza introducida en ese momento resultó inútil para permitir que los ciudadanos supervisen a la policía.
Los observadores creen que, en un contexto en el que la dictadura del PCCh y el «mantenimiento de la estabilidad» son prioritarios, las autoridades nunca permitirán que las acciones del Gobierno estén sujetas a una exhaustiva supervisión por parte de las masas. Por el contrario, estas han aumentado de manera proactiva la censura en Internet y en los medios de comunicación. Esta es una forma de «advertir por medio del ejemplo», para que de esta manera las masas se vuelven cada vez más sumisas y pueden ser esclavizadas.
(ATodos los nombres en este artículo son seudónimos.)
Información de Li Mingxuan
