Fuentes: International Service for Human Rights e informaciones directas
Cada cinco años, todos los Estados miembros de Naciones Unidas se presentan ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) en Ginebra, para someterse al Examen Periódico Universal (EPU) sobre la situación de los derechos humanos en el país. El EPU de China está programado para el 6 de noviembre de 2018. El 7 de marzo, en la presentación del informe anual de su departamento, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, criticó la situación de los derechos humanos en China: «Mi departamento sigue recibiendo llamamientos urgentes respecto a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, vejaciones y discriminación, provenientes de defensores de los derechos humanos, abogados, legisladores, editores y miembros de comunidades como la tibetana y la uigur. Muchos de estos casos se refieren a personas que luchan contra injusticias económicas, sociales y culturales, tales como los casos de corrupción; a la confiscación ilegal de tierras y a desalojos forzosos; a la destrucción de emplazamientos culturales; a la limitación de las prácticas religiosas y a las restricciones para utilizar las lenguas vernáculas. Espero resolver algunas de estas cuestiones con el Gobierno chino a medida que nos vayamos acercando al examen EPU de China en noviembre». Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania y Estados Unidos también criticaron el deterioro de la situación de los derechos humanos y la falta de libertad religiosa en China, cosa que también hicieron varias ONG que intervinieron en el 37.º período de sesiones del CDH. La Fundación Helsinki para los Derechos Humanos le recordó al CDH que «casi de diez años a esta parte se ha desatado una oleada de protestas sin precedentes en el Tíbet. Desde entonces, China ha intensificado la represión y ha impuesto por todas partes controles militares y de seguridad en la meseta con el fin de sofocar cualquier desafío al régimen. A esto se han unido los ataques a la identidad y cultura tibetanas y brutales violaciones de los derechos humanos, tanto civiles como políticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales. No obstante, la continua oleada de inmolaciones, con más de 153 tibetanos que se han prendido fuego desde 2009, es una clara evidencia de que los tibetanos aún sufren el menosprecio de China hacia sus derechos y libertades fundamentales». La Sociedad por los Pueblos Amenazados también denunció que «se están dando brutales violaciones de los derechos humanos, como la libertad de religión y credo, en la Región Autónoma del Tíbet y zonas adyacentes donde viven tibetanos. Está disminuyendo el espacio para que los tibetanos vivan con dignidad y valores humanos. La interferencia estatal en los asuntos religiosos ha reducido el espacio para la libre práctica del budismo tibetano».
El International Service for Human Rights y Human Rights Watch apuntaron «casos documentados de acoso, detención arbitraria, torturas y vejaciones, así como de desaparición forzada de activistas, abogados y otras personas a quienes se considera una amenaza para el Estado».
La Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience llamó la atención de la CDH sobre la continua persecución a miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso, así como sobre los intentos de China de interferir en los casos en que aquellos solicitan que se les reconozca la condición de refugiados en otros países.
Como de costumbre, China rechazó toda crítica por ser «una injerencia en sus asuntos internos» y señaló que también se producen violaciones de los derechos humanos en Estados Unidos y Europa.
