Quebrantando leyes y haciendo caso omiso de los permisos de actividad religiosa emitidos por el Estado, el PCCh reprime iglesias con el objetivo final de eliminar el cristianismo de China.
por Xin Lu
Las congregaciones de lugares religiosos legales y certificados que fueron destruidos o clausurados por el Partido Comunista Chino (PCCh) rara vez piensan en defender sus derechos, entendiendo claramente que sus protestas terminarán dando lugar a más persecuciones y represalias por parte del Estado. En los casos en que los religiosos intentan utilizar la ley para proteger sus derechos, pronto descubren que es inútil, y el régimen utiliza dicha ley para reprimirlos.
Iglesia destrozada y saqueada el día de Pascua
Los miembros de una iglesia de las Tres Autonomías aprobada por el Estado, emplazada en la provincia central de Henán, (su nombre y ubicación exacta no se mencionan para proteger a su congregación de la represión del PCCh) recordarán la Pascua de este año durante el resto de sus vidas.
El 21 de abril, mientras los cristianos estaban celebrando la resurrección de Jesús, el director de la iglesia se sorprendió al encontrar su lugar de culto en completo desorden. Cuando ingresó a la iglesia dicho mediodía, vio que la cruz había sido removida y destruida, la caja de donación había sido destrozada y que todo el dinero que se hallaba en su interior había desaparecido. La puerta del almacén de la iglesia había sido forzada, y las Biblias, vestimentas sagradas, los carteles con consignas religiosas y otros artículos habían desaparecido. Al ver una gran pila de cenizas al lado de la entrada de la iglesia se dio cuenta de que todo lo que había en el almacén había sido quemado.
El director estaba furioso. Comenzó a averiguar y pronto se enteró de que funcionarios del Gobierno de la ciudad y de la Agencia de Asuntos Religiosos habían sido los que destrozaron y saquearon la iglesia.
“La razón principal por la cual el Gobierno quema Biblias es que odian a Dios y Su palabra. El Gobierno es el diablo”, afirmó con ira un creyente de aproximadamente sesenta años, al comentar sobre la iglesia destrozada.
Cuando el director se quejó ante la Agencia de Asuntos Religiosos, sus funcionarios afirmaron que todos los lugares religiosos ilegales estaban siendo clausurados y le prohibieron a la congregación seguir celebrando reuniones en la iglesia. Los funcionarios también se negaron a devolver el dinero procedente de las donaciones de la iglesia.
Los creyentes quedaron atónitos ante la explicación brindada por el Gobierno, ya que en el año 2003, la iglesia había sido auditada y aprobada por los Gobiernos provinciales, municipales y del condado, y había sido registrada como un lugar religioso legal.
El director sufre represalias
Con la esperanza de defender los derechos e intereses legítimos de la iglesia, el director decidió presentar una petición ante el Gobierno. También hizo públicas las fotos que tomó luego de que la iglesia fuera saqueada.
La represalia del Gobierno fue inmediata: la iglesia fue bloqueada con barreras y clausurada. Los funcionarios también amenazaron con revocar las calificaciones de predicación del director y arrestarlo si presentaba una petición ante el Gobierno.
Para legalizar la clausura de la iglesia, los funcionarios le exigieron al director que firmara un «acuerdo de donación«; siendo el mismo un medio habitualmente utilizado por el Gobierno para apoderarse de los lugares de culto, haciendo ver como que los propios creyentes son los que han renunciado a su iglesia. El director se negó a firmar.
Un fiel de la iglesia que solicitó permanecer en el anonimato le dijo a Bitter Winter que el director fue amenazada con ser sancionado y tratado como un disidente político si continuaba implementando sus planes de petición. Los funcionarios también le dijeron que no podía oponerse a las políticas del Partido Comunista, las cuales están destinadas a eliminar el cristianismo; desde el nivel central al local.
A fines de junio, el director tenía que presentar una prueba de inocencia por un asunto personal, por lo que fue a buscarla a la estación de policía. Para su sorpresa, se le dijo que poseía antecedentes penales debido a sus intentos de presentar una petición ante el Estado. La policía le explicó que, en virtud de la política actual, si alguien es descubierto intentando presentar una petición, dicho asunto será registrado en el archivo de la persona en cuestión, independientemente de que la petición real tenga o no lugar.
El Gobierno infringe la ley a sabiendas
Un lugar de reunión perteneciente a la Iglesia de las Tres Autonomías, emplazado en la ciudad de Luoyang, en la provincia de Henán, también fue saqueado por el Gobierno, a pesar de que la iglesia había sido aprobada y tenía toda su documentación en orden.
A fines de marzo, funcionarios de la Agencia de Asuntos Religiosos del condado y del Gobierno municipal irrumpieron en el lugar de reunión, destruyeron las cerraduras de las habitaciones y registraron el sitio. Los mismos incautaron aproximadamente 100 Biblias e himnarios, y desmantelaron y quemaron la cruz, pinturas religiosas y otros objetos. Posteriormente, el Gobierno cortó por la fuerza el suministro de electricidad de la iglesia y le ordenó a la persona a cargo del lugar de reunión que firmara un acuerdo de donación, lo cual se negó a hacer.
Uno de los fieles de la iglesia afirmó que el accionar gubernamental era ilegal y citó el Artículo 50 de los Nuevos Reglamentos sobre Asuntos Religiosos que estipula: «Los bienes legítimos de grupos religiosos, escuelas religiosas o sitios de actividades religiosa no deben ser usurpados, saqueados, divididos de manera privada, dañados o sellados ilegalmente, incautados, congelados, confiscados o eliminados por ningún tipo de organización o individuo».
Otro fiel de la iglesia piensa que los Reglamentos sobre Asuntos Religiosos simplemente son una herramienta gubernamental. Cuando los funcionarios quieren clausurar un lugar de reunión que no posee licencia, sacan a relucir los Reglamentos sobre Asuntos Religiosos. No obstante, cuando se trata de una iglesia autorizada, no solo no la protegen según la ley, sino que utilizan todos los medios disponibles para ocuparla y clausurarla. «No es de extrañar que la gente común diga que el Partido Comunista no respeta la ley y el orden», comentó el fiel con tristeza.
