Muchos están rompiendo el silencio, desde el secretario Pompeo hasta el Comité de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, numerosos expertos de la ONU y una coalición compuesta por 190 ONG.
por Ruth Ingram
- Índice:
- Se analizó la política de Nixon hacia China
- El Comité de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales
- De qué manera se puede responsabilizar a China
- Numerosos Estados y la sociedad civil se unen a la protesta
- Coalición para acabar con el trabajo forzado en Sinkiang
- Uigures: «Deben cesar los negocios con China»
Se analizó la política de Nixon hacia China
El 23 de julio, en la Biblioteca y Museo Presidencial de Richard Nixon emplazado en Yorba Linda, California, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, pronunció un importante discurso sobre China.
Por primera vez en la historia diplomática estadounidense, Pompeo declaró que la estrategia ideada por Richard Nixon en el año 1967, para «inducir un cambio» en China a través del reconocimiento y el comercio internacional, ha fracasado. China no ha cambiado y nunca cambiará mientras el Partido Comunista Chino (PCCh) permanezca en el poder. Como ejemplo del total desprecio del PCCh por los derechos humanos, Pompeo mencionó lo que llamó «campos de concentración» destinados a los uigures, los kazajos étnicos y otros en Sinkiang.
El Comité de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales
Pompeo no está solo. El mundo debe hacerse cargo de sus responsabilidades para hacer que China rinda cuentas por una serie de abusos contra los derechos humanos infligidos contra los uigures y los pueblos túrcicos en su lejana región noroccidental, afirma un consorcio conformado por los principales abogados y juristas especializados en derechos humanos del Reino Unido.
En su informe publicado esta semana, el Comité de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales (BHRC, por sus siglas en inglés) insiste en que la comunidad internacional no puede seguir ignorando la creciente evidencia que demuestra que Pekín está burlando una serie de convenios legales aceptados a nivel internacional.
En su documento informativo de alto nivel titulado: “Responsabilidad de los Estados en virtud del derecho internacional con respecto a los uigures y otros musulmanes túrcicos en Sinkiang, China”, se exponen una serie de posibles vías legales por las cuales se puede obligar a China a hacer frente a lo que el investigador sobre China Adrian Zenz ha descrito como crímenes equivalentes a genocidio. El BHRC insta a los Estados a que no rehúyan a enfrentarse a China por su flagrante catálogo de violaciones contra los derechos humanos, las cuales han salido a la luz particularmente en los últimos cuatro años, desde que Chen Quanguo asumió el mando del PCCh en la atribulada región autónoma.
«El severo maltrato, la represión y el abuso de los uigures y otros musulmanes túrcicos por parte del Estado chino han sido ampliamente denunciados, y estas acusaciones han emanado de fuentes diversas y creíbles», escriben los autores. «Las acusaciones, de ser probadas, constituirán violaciones sumamente graves de los derechos humanos internacionales y del derecho penal internacional; violaciones que, según se afirma, siguen vigentes aún hoy en día. La comunidad internacional debe tomar en serio, y con carácter urgente, estas denuncias, y darles seguimiento utilizando todos los medios apropiados disponibles, incluso haciendo referencia al derecho internacional y al marco jurídico internacional».
Según el documento, entre las violaciones denunciadas se incluyen la vigilancia masiva y la detención arbitraria de más de 1 millón de uigures y otros musulmanes túrcicos, la tortura y el trato inhumano de los detenidos, la separación forzada de los niños de sus padres, la denegación del derecho a practicar su religión o a hablar su idioma, la esterilización y el trabajo forzados, la sustracción forzada de órganos, las desapariciones forzadas y los asesinatos perpetrados mientras las personas se encuentran detenidas.
De qué manera se puede responsabilizar a China
Según el informe, intentar responsabilizar directamente a Pekín por estos crímenes no es sencillo, ya que si bien, en principio acepta las normas que regulan los crímenes internacionales de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y el crimen de agresión establecidos en el Estatuto de Roma de La Corte Penal Internacional, China ha logrado eludir la responsabilidad en varios puntos al plantear reservas en las cláusulas de resolución de controversias y denuncias y en los mecanismos de resolución interestatal.
No obstante, según el informe, el hecho de que todos los Estados, incluida China, hayan aceptado inequívocamente que la esclavitud, la discriminación racial, la tortura y el genocidio están prohibidos y no deben llevarse a cabo, les da a los Gobiernos la posibilidad de denunciar a China cada vez que se cometan flagrantes violaciones en su territorio.
Al respaldar el informe, Sir David Alton de Liverpool y la baronesa Helena Kennedy, consejeros de la reina, señalan las conclusiones del mismo. Si bien reconoce las limitaciones impuestas a la responsabilidad jurídica internacional por los presuntos delitos cometidos en Sinkiang, «este documento deja en claro que existen vías alternativas que podrán ser utilizadas por la comunidad internacional para presionar a China a fin de que la misma cumpla con sus obligaciones jurídicas con respecto a todos los pueblos existentes dentro de su frontera, así como también para abordar las obligaciones jurídicas de otros Estados distintos a China».
Numerosos Estados y la sociedad civil se unen a la protesta
Ante la inequívoca evidencia proveniente de China, los Gobiernos del mundo están comenzando a tomar en serio la necesidad de refrenar a China y de pedirle que rinda cuentas. Los feroces debates recientemente generados en el Parlamento británico sobre su involucramiento con el gigante tecnológico chino Huawei, donde se señalaron los abusos cometidos contra los derechos humanos de los uigures, han llevado al secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, a acusar a China de cometer “graves y atroces” abusos contra los derechos humanos.
La Ley sobre Política a favor de los Derechos Humanos de los Uigures del Gobierno de EE. UU. y la imposición de sanciones Magnitsky contra funcionarios chinos, seguidas esta semana por la exigencia planteada por Francia de que se permita el ingreso de observadores independientes a Sinkiang, indican una creciente sensación de que el maltrato perpetrado por Pekín contra el pueblo uigur no es aceptable.
Coalición para acabar con el trabajo forzado en Sinkiang
La sociedad civil y los sindicatos también tomaron el relevo esta semana, ya que más de 190 organizaciones, entre las que se incluyen Bitter Winter y su organización matriz CESNUR, bajo el lema «Coalición para acabar con el trabajo forzado en la región de Sinkiang«, respondieron a un «llamado a la acción» para unir fuerzas y persuadir a las marcas y a los minoristas a que abandonen la Región Uigur en todos los niveles de su cadena de suministro.
Dado que el 84% de la producción de algodón de China y el 20% del algodón del mundo provienen de la región uigur, con una quinta parte de las prendas de vestir de algodón del mercado mundial contaminada por el trabajo forzado, Jasmine O’Connor de la organización Anti-Slavery International efectuó un llamamiento dirigido al mundo para detener este escándalo de esclavitud.
La misma afirmó que para poder ponerle fin a los terribles abusos perpetrados contra los uigures por parte del Gobierno chino, el tiempo de las «declaraciones vacías» había terminado. «Ahora es el momento», afirmó, «para que las marcas, los Gobiernos y los organismos internacionales pongan en marcha una acción real». Los instó a realizar despiadadas y meticulosas investigaciones para asegurarse de que sus cadenas de suministro no estuvieran vinculadas a las atrocidades cometidas contra los uigures, los kazajos étnicos y otros pueblos musulmanes túrcicos. Advirtió que la única manera de asegurarse de que no forman parte de la explotación es abandonando la región y poniéndole fin a las relaciones con «los proveedores que apoyan este sistema de gobierno chino». El informe del llamado a la acción establece que «todas las grandes marcas de ropa y los minoristas que venden productos de algodón están potencialmente implicados».
«Las marcas y los minoristas deben tomar […] medidas para cumplir con sus obligaciones de responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos, tal y como se encuentra definido en principios internacionales tales como los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU», enfatizó.
Uigures: «Deben cesar los negocios con China»
Alentado por el informe del BHRC y por la creciente preocupación generada en todo el mundo por la difícil situación que está atravesando su pueblo, el director ejecutivo del Proyecto de Derechos Humanos para los Uigures, Omer Kanat, acogió con satisfacción las conclusiones.
«Las Naciones Unidas y los funcionarios gubernamentales de todo el mundo ahora han sido puestos sobre aviso», afirmó. «Se acabó el tiempo de plantear inquietudes relacionadas con los funcionarios chinos en privado mientras se efectúan negocios como de costumbre. Sin intervención internacional, el patrón de comportamiento del Gobierno chino nos dice que las políticas del Gobierno chino lograrán eliminar al pueblo uigur en su propia patria», añadiendo que «las entidades con poder político que siguen comportándose como espectadores son cómplices».
Alentado por la declaración recientemente emitida por 50 expertos independientes de la ONU, en la cual se denuncia el historial de derechos humanos de China, el mismo acogió con beneplácito su llamamiento sin precedentes a la creación de una sesión especial dedicada a abordar los informes.
A pesar de sentirse animado por el informe elaborado por el BHRC, pidió que se mantuviera el impulso. “Estas medidas deben ser objeto de seguimiento, tanto en la ONU como entre los Estados a nivel bilateral. Es evidente que los países que poseen mayoría musulmana miran hacia otro lado. Efectuar negocios como de costumbre no ayudará a detener el genocidio. Los Gobiernos y las Naciones Unidas no pueden comportarse como espectadores. Deben actuar ya”.
