Comenzando con Sinkiang y el Tíbet, el Gobierno chino quiere recopilar ADN y otros datos biológicos de todos sus ciudadanos. Sí, esto podría ayudar a resolver crímenes no resueltos, pero también a perseguir a los disidentes y a miembros de minorías étnicas de manera más efectiva.
por Ruth Ingram
- Índice:
- Cómo funcionó en Sinkiang
- La base de datos de ADN más grande del mundo
- Con un poco de ayuda de amigos extranjeros
- Por qué es peligroso
- Los niños están incluidos en la misma
- Un nuevo problema internacional
- ¿Una píldora mágica para resolver crímenes no resueltos, o algo más?
Cómo funcionó en Sinkiang
“¡Exámenes físicos gratuitos para todos! ¿Por qué la vacilación?”. El líder de la comunidad de Kasgar no entendía por qué todos los que se apiñaban en la plaza frente a él no se sentían felices de aprovechar la oportunidad de aceptar el último obsequio ofrecido por el Partido. ¿Acaso la gente no quería saber qué bombas de tiempo potencialmente fatales estaban haciendo tictac en su interior? “Deberían estar agradecidos”, le dijo a la multitud.
Esto sucedió en mayo de 2017, durante la campaña implementada por el Partido Comunista Chino (PCCh) para rastrear todos los posibles marcadores biológicos de los ciudadanos de Sinkiang. A las 500 personas presentes en la diana obligatoria del lunes por la mañana se les ofrecieron análisis de sangre, tipificación de tejidos, escaneo de iris, recolección de ADN e incluso reconocimiento facial, de voz y de la marcha. “No deberían seguir arrastrando los talones”, afirmó el mismo.
Y tres años después, en retrospectiva, conocemos las consecuencias de la renuencia o el incumplimiento. Y ahora también sabemos, en retrospectiva, que para octubre de 2017, se habían acumulado 23 millones de muestras de datos biológicos de toda la población de Sinkiang, cuyos inquietantes propósitos aún están abiertos a conjeturas.
La base de datos de ADN más grande del mundo
Pekín ha estado recolectando ADN de criminales para construir su base de datos forense desde el año 2003, pero la recolección indiscriminada efectuada entre casi toda la población de la región autónoma del Tíbet bajo el pretexto de chequeos anuales gratuitos fue denunciada por primera vez por Human Rights Watch en el año 2013.
Pero Pekín ahora ha dado un paso más. Tras sentirse insatisfecho con simplemente haber cartografiado las llamadas regiones problemáticas, se han descubierto nuevos hallazgos que detallan su plan tendiente a elaborar un historial médico de toda la población masculina de China. Al recolectar muestras de ADN de millones de hombres y niños que nunca han cometido un delito, el PCCh parece estar en proceso de algo más amplio y abarcador, pero también ilegal, incluso según las propias leyes de China.
El Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI) ha publicado un nuevo informe titulado: «Vigilancia genómica dentro de la red de ADN de China«, en el que se saca a la luz este perturbador plan y se denuncia a Pekín por violar la legislación nacional china y las normas mundiales relacionadas con los derechos humanos, lo cual, según afirma el informe, «incrementará el poder del Estado chino y permitirá una mayor represión interna en nombre del mantenimiento de la estabilidad y el control social».
Es preocupante que el conjunto de datos genómicos del Gobierno chino sea actualmente considerado la mayor base de datos de ADN del mundo, con más de 100 millones de perfiles y posiblemente hasta 140 millones. Y parece no haber un final a la vista.
Con un poco de ayuda de amigos extranjeros
Los autores James Leibold, profesor adjunto y director del Departamento de Política, Medios de Comunicación y Filosofía de la Universidad La Trobe y miembro principal no residente de ASPI, y Emile Dirks, candidato al doctorado en ciencias políticas de la Universidad de Toronto, también centran la atención en las empresas biotecnológicas extranjeras que se benefician de este lucrativo accionar, valorado en más de 1400 millones de dólares estadounidenses, el cual según advierten, podría convertirlas en cómplices de una serie de violaciones contra los derechos humanos.
Se ha destacado el papel de la empresa Thermo Fisher Scientific, con sede en EE. UU., en la venta de kits de prueba, y de importantes empresas chinas, tales como AGCU Scientific y Microread Genetics. «Todas estas empresas tienen la responsabilidad ética de asegurarse de que sus productos y procesos no violen los derechos humanos fundamentales y las libertades civiles de los ciudadanos chinos», afirma el informe.
«Este informe elaborado por ASPI proporciona el primer análisis completo de la base de datos forense de ADN del Gobierno chino y la estrecha colaboración entre empresas chinas y multinacionales y la policía china en lo referente a la construcción de la base de datos», afirma. Basándose en más de 700 documentos de código abierto, entre los que se incluyen licitaciones y órdenes de adquisición del Gobierno chino, publicaciones en Weibo y Weixin (WeChat) efectuadas por las agencias de seguridad pública, cobertura de noticias nacionales, publicaciones en redes sociales, documentos corporativos y material promocional, este informe proporciona «nueva evidencia de cómo el bien documentado programa de biovigilancia en Sinkiang está siendo implementado a lo largo de toda China, profundizando aún más el control del Gobierno chino sobre la sociedad al mismo tiempo que viola las libertades humanas y civiles de millones de ciudadanos del país».
Por qué es peligroso
“El uso forense del ADN tiene el potencial de resolver crímenes y salvar vidas; no obstante, también puede ser mal utilizado, reforzando la aplicación discriminatoria de la ley y el control político autoritario”, explica el informe, profundamente perturbado por las implicaciones de sus hallazgos.
«En el sistema autoritario de partido único de China no existe una división entre vigilar el crimen y reprimir la disidencia política», afirma. Una base de datos nacional de muestras gestionada por el Ministerio de Seguridad Pública conectada con registros familiares detallados para cada muestra “tendría un impacto escalofriante no solo sobre los disidentes, los activistas y los miembros de minorías étnicas y religiosas, sino también sobre los miembros de su familia extendida”.
Luego de la campaña de pruebas a gran escala implementada en el Tíbet y Sinkiang, a fines del 2017 se anunció un método más rentable, pero igualmente poderoso, mediante el cual se elegían ciudadanos varones seleccionados por su ADN. Estimulado por un caso cubierto por el Wall Street Journal (WSJ) en 2017, cuando el asesinato de dos comerciantes asesinados nueve años antes en Qianwei se resolvió recolectando el ADN de miles de escolares y utilizándolo para identificar los rasgos biológicos comunes con sus parientes consanguíneos, se concibió una forma de recolección de ADN a escala más reducida.
El plan originalmente había sido examinar a los 130 000 residentes del poblado, pero la policía decidió no hacerlo debido a la posibilidad de oposición pública y los costos prohibitivos. «Al darse cuenta de que el ADN era hereditario», escribió el WSJ, «decidieron que todo lo que necesitaban eran muestras de cada clan de la zona, la mayoría de los cuales tenían al menos un hijo en la escuela».
Este enfoque específico recopila datos Y-STR: «repetición corta en tándem» o secuencias de ADN únicas que se producen en el cromosoma masculino (Y). Cuando estas muestras se vinculan a árboles genealógicos multigeneracionales creados por la policía, tienen el potencial de vincular cualquier muestra de ADN de un hombre desconocido con una familia específica e incluso con un individuo.
En el informe de ASPI se documentan cientos de misiones de recopilación de datos de ADN efectuadas por la policía en 22 de las 31 regiones administrativas de China (excluyendo a Hong Kong y a Macao) y en más de cien municipios entre finales del 2017 y abril de 2020.
Los niños están incluidos en la misma
Se ha registrado a funcionarios acorralando a niños de jardín de infantes, a niños en edad escolar en sus pupitres, a trabajadores migrantes y a agricultores que trabajan en remotas laderas para las pruebas. «La escala y la naturaleza de este programa son asombrosas», afirman los autores, los cuales han detallado los denodados esfuerzos efectuados por las autoridades chinas desde finales de 2017 para recolectar muestras de entre el 5 y el 10 por ciento de la población masculina del país, aproximadamente 35 a 70 millones de personas. Los ciudadanos comunes no tienen poder para poner objeciones y no pueden opinar sobre la forma en la que son utilizados sus datos genómicos.
Emile Dirks, describiendo su compilación del informe como una labor principalmente detectivesca «escudriñando los rincones oscuros» de los sitios web del Gobierno chino, ha concluido que los informes del proyecto de ADN no estaban destinados al consumo mundial. “Están manteniendo la cabeza gacha”, afirmó en un reciente seminario web en el que presentó el informe de ASPI. Los informes de la recolección de ADN estaban principalmente dirigidos a una audiencia local a nivel de aldea y ciudad, señaló. El coautor James Leibold pensó que el silencio del PCCh era «interesante». «Por lo general, se apresuran a criticar a ASPI», afirmó. “Este programa parece haberse llevado a cabo a nivel local y de forma subrepticia”, concluyó. «Quizás estén preocupados por el rechazo». Más inquietante es el hecho de que parece que Pekín está intentando completar el programa antes de admitir que existe, y antes de que los ciudadanos chinos y el mundo se den cuenta de lo que está sucediendo, afirmó el mismo.
Un nuevo problema internacional
Según un correo electrónico enviado al WSJ, Thermo Fisher confiaba en que podía «proteger adecuadamente la privacidad personal y al mismo tiempo equilibrar apropiadamente las necesidades de seguridad pública y nacional del Gobierno». Pero Dirks, autor del informe, duda de que esto sea posible, ya que el material recopilado se comparte con la base de datos de la policía central de China, según afirmó. Nada es privado.
Una de las principales preocupaciones es que el éxito del Gobierno chino en lo que respecta a la recopilación de datos se transforme en un estímulo para que el resto del mundo recopile datos de sus comunidades más vulnerables y marginadas de forma unilateral y forzada. Estados Unidos, el Reino Unido y Kuwait ya han comenzado a hacerlo muy lentamente y Tailandia, Malasia y la India están contemplando lo mismo.
«Creemos que la cuestión de la vigilancia genómica va a ser uno de los problemas éticos que definan el siglo XXI», afirmó Dirks, añadiendo que se trata de una cuestión que se extiende más allá de China. Pero la falta de partidos políticos de oposición, de un poder judicial independiente, de una prensa libre y de una sociedad civil sólida en China, según afirmó, hacen que la situación allí sea más crítica. El mismo instó a la sociedad civil occidental a dar un paso adelante en nombre de los ciudadanos de China, a exponer los abusos y a promover el debate público.
James Leibold señaló que, excepto unos pocos acuerdos mínimos y vagos de la ONU, la ausencia de una regulación estricta sobre la propiedad de los datos genéticos le permite al Gobierno chino modificar las normas mundiales. Si la sociedad civil fuera de China permanece en silencio, el PCCh se convertirá en una prueba de fuego para el tratamiento de los datos biológicos.
«Estas cosas están evolucionando ante nuestros ojos con suma rapidez», añadió el mismo. «Sin un sentido claro de dónde se encuentra situada la valla de contención o de cuáles son los límites, el Gobierno chino podría liderar el camino para empujar dichas vallas de contención hacia afuera».
¿Una píldora mágica para resolver crímenes no resueltos, o algo más?
Los autores del informe dudan de los motivos de los recolectores de ADN. Lejos de ser una píldora mágica para resolver crímenes no resueltos, sospechan de una agenda más preocupante.
“El Estado chino posee un extenso historial de utilización de amenazas y violencia contra las familias de los objetivos del régimen para acabar con la oposición al Partido Comunista”, escriben, citando documentos filtrados obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y The New York Times, los cuales revelan “que las autoridades de Sinkiang recolectan información sobre los familiares de detenidos en los campamentos de reeducación de la región, y la liberación de un detenido está condicionada al comportamiento de sus familiares fuera de los campamentos”. “La represión de los familiares se extiende mucho más allá de Sinkiang. Los padres e hijos de destacados abogados especializados en derechos humanos y los hermanos de los críticos del Gobierno que residen en el extranjero son rutinariamente detenidos y torturados por la policía china”, concluyen.
Continuando, “al obligar a los familiares de un disidente a pagar las consecuencias por el activismo de su pariente, estas tácticas aumentan cruelmente, pero de manera efectiva, el costo de la resistencia. Es probable que una base de datos Y-STR administrada por la policía que contenga muestras biométricas y detalladas genealogías multigeneracionales de todas las familias patrilineales de China incremente la represión estatal contra los familiares de los disidentes y socave aún más los derechos civiles y humanos de los disidentes y de las comunidades minoritarias”.
El conocimiento de que los investigadores chinos están cada vez más interesados en el fenotipado del ADN forense ha puesto de manifiesto un mayor peligro para las minorías en la mira del PCCh. Los autores descubrieron que los científicos chinos, mediante el análisis de las características biogeográficas de una muestra desconocida, tales como el color de cabello y ojos, la pigmentación de la piel, la ubicación geográfica y la edad, pueden determinar si la muestra pertenece a una persona de etnia uigur o tibetana, entre otros grupos étnicos. Los mismos están utilizando estos métodos para ayudar a la policía china a enfocarse en las poblaciones conformadas por minorías étnicas y así efectuar una mayor vigilancia de las mismas, mientras que las empresas chinas y extranjeras compiten para proporcionarle a la policía china las herramientas necesarias para llevar a cabo su trabajo, afirma el informe.
“Una base de datos nacional que contiene la información genética de decenas de millones de ciudadanos chinos comunes y corrientes constituye una clara expansión de la autoridad ya sin control del Gobierno chino y de su Ministerio de Seguridad Pública”, afirman con preocupación los autores. “Los ciudadanos chinos ya están sometidos a una exhaustiva vigilancia. Incluso más allá del Tíbet y Sinkiang, los creyentes religiosos y los ciudadanos peticionarios a lo largo de toda China son agregados a las bases de datos de la policía para poder rastrear sus movimientos, mientras que las cámaras de vigilancia se han extendido a lo largo de las zonas rurales y urbanas del país. La expansión de la recopilación obligatoria de datos biométricos solo aumenta el poder del Estado chino para socavar los derechos humanos de sus ciudadanos”.
