A pesar de que China no firmó el estatuto que establece el tribunal en La Haya, el abogado londinense, Rodney Dixon, cree que allí se puede hacer valer la jurisdicción contra Pekín.
por Ruth Ingram
El Gobierno chino se ve obligado a enfrentar su «terrible» genocidio contra el pueblo uigur en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.
Esta semana, varios grupos uigures presentaron ante la CPI pruebas creíbles de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos contra millones de miembros del pueblo túrcico en la región noroccidental de China, exigiendo la rendición de cuentas de los funcionarios del PCCh implicados en dichas atrocidades.
En su intento de obtener justicia para su pueblo, grupos de activistas, el Gobierno de Turquestán Oriental en el Exilio (GTOE) y el Movimiento Nacional del Despertar del Turquestán Oriental (ETNAM, por sus siglas en inglés) están citando un amplio catálogo de abusos contra los derechos humanos. No todos los miembros de la diáspora uigur están de acuerdo con las posiciones políticas del GTOE y del ETNAM, quienes durante mucho tiempo han abogado por un Estado independiente en la región actualmente conocida como provincia de Sinkiang, pero su accionar contra China está obteniendo un amplio apoyo.
Representados por el abogado británico Rodney Dixon QC, experto en derecho internacional, los grupos están invocando una letanía de crímenes, tales como asesinato, encarcelamiento ilegal, tortura, control forzado de la natalidad y esterilización, para acusar a altos funcionarios chinos, entre los que se incluye el presidente Xi Jinping, de planear una violenta campaña tendiente a aplastar al pueblo túrcico en su tierra natal.
Aclamado como un «día histórico», el Sr. Dixon afirmó que el primer intento de utilizar el derecho internacional para que Pekín rinda cuentas de sus crímenes era una ocasión agridulce a la luz del undécimo aniversario de los disturbios de Ürümqi acaecidos en julio de 2009. El mismo advirtió que las posteriores masacres en represalia de los uigures anunciaban una opresión que ha continuado hasta el día de hoy, añadiendo que el caso aún tiene un largo camino por recorrer.
El mismo explicó que, a pesar de la negativa de Pekín a formar parte del Estatuto de Roma, el cual estableció la CPI, un fallo de la corte del año 2018 permite la jurisdicción cuando los crímenes comiencen o terminen en un Estado miembro, «y ese es el caso aquí», señaló. Al igual que Birmania, el cual no es signatario de la CPI, fue procesado por deportar musulmanes rohingya, quienes debieron huir al Estado miembro de Bangladesh, el Sr. Dixon afirmó que el mismo principio podría aplicarse a China.
“Se ha supuesto durante demasiado tiempo que China está fuera del alcance de la CPI. Pero ya no así”, afirmó. Citando la extradición forzada de uigures de dos Estados miembros, Tayikistán y Camboya, quienes se vieron forzados a regresar a China para ser perseguidos, afirmó: «Nos encontramos en una posición donde existe una vía legal sumamente clara para permitir que la CPI comience sus investigaciones». «No es una forma de eludir la ley, es en gran medida la ley», añadió.
En declaraciones efectuadas al New York Times antes de que los documentos fueran presentados en La Haya, el Sr. Dixon hizo hincapié en la obligación de la fiscal de investigar el genocidio. «Si capturas personas, pones en marcha una campaña tendiente a reprimirlas y las esterilizas, la misma es una campaña que intenta diluir y destruir su identidad como grupo».
Durante una conferencia de prensa celebrada en La Haya esta semana, el Sr. Dixon expresó que espera que esto sea un punto de inflexión. El mismo afirmó que nadie ha sido responsabilizado aún por los abusos cometidos contra millones de miembros del pueblo túrcico en el noroeste de China. «Estos son hechos impactantes cuando se considera la gravedad de los delitos», afirmó.
Hablando brevemente a través de un enlace en línea, desde Washington D. C., para apoyar su caso, los funcionarios del GTOE, Ghulam Osman Yaghma, Salih Hudayar y Abdulahad Nur, le rogaron a la CPI que «intervenga y los salve».
Además de los crímenes cometidos desde que, en el año 2016, Chen Quanguo comenzara a estrechar la soga en torno a la cultura, el idioma, la religión uigur y las libertades básicas de más de 11 millones de personas en Sinkiang, los funcionarios señalaron los abusos históricos que en gran medida han permanecido ocultos al mundo, entre los que se incluyen 46 ensayos nucleares atmosféricos efectuados entre los años 1964 y 1996, los cuales provocaron la muerte de miles de personas y cuyas secuelas destruyeron a generaciones de ciudadanos a través de defectos de nacimiento y muertes causadas por cáncer. Los grupos alegan cientos de miles de asesinatos de uigures durante lo que describen como la «invasión» de su tierra a manos de los comunistas en el año 1949, y más recientemente, a lo largo de los años, la recopilación de datos biológicos de 15 millones de uigures ha contribuido a ampliar el considerable conjunto de pruebas que implican al PCCh en la sustracción forzada de órganos de los uigures.
«Durante demasiado tiempo hemos sido oprimidos por China y por el Partido Comunista», afirmó Abdulahad Nur. «Hemos sufrido durante tanto tiempo que el genocidio de nuestro pueblo ya no puede ser ignorado».
Habiendo presentado una gran cantidad de archivos y declaraciones de testigos de primera mano al ser sobrevivientes de los llamados campamentos de transformación por medio de educación, los mismos tienen la esperanza de que su caso merezca una consideración seria y urgente. «Tenemos la esperanza de que la fiscal vea que nuestro reclamo tiene mérito, haga lo correcto y abra una investigación sobre estos crímenes», afirmó el Sr. Nur.
El Sr. Dixon advirtió que la presentación de los documentos fue el primer pequeño paso para que el caso fuera aceptado por la CPI. El plazo era impreciso, pero instó a la fiscal a no desaprovechar esta oportunidad para aclarar las cosas en lo que respecta a las cuestiones relacionadas con el pueblo uigur.
«Tal y como afirmó la CPI, no hay inmunidad para nadie que haya cometido crímenes a nivel internacional sobre los cuales la CPI tiene jurisdicción», instó. «Uno de los principios básicos del Estatuto de Roma es acabar con la impunidad», subrayó. «Esto se detalla y aplica siempre, y se encuentra implícito en la jurisprudencia de los tribunales», añadiendo que la CPI fue establecida para garantizar que este tipo de «casos solemnes» sean tomados en serio.
El Sr. Dixon afirmó que la forma en la que se manejará este caso, «definirá el legado de la CPI», y concluyó expresando que la misma debería «insuflarle vida al principio de que quienes les causan daño y sufrimiento a otros seres humanos deberán soportar las consecuencias de sus acciones, es decir, someterse a la justicia y rendir cuentas de sus actos».
