Las autoridades los obligaron a renunciar a sus creencias religiosas, amenazando con dejarlos sin subsidios de subsistencia ni pensiones.
por Feng Gang
En el mes de mayo, los funcionarios del Gobierno local amenazaron a Lin He y a su esposa para que dejaran de creer en Dios. Les dijeron que sus «beneficios de subsistencia» serían revocados si no obedecían.
La pareja vive en la ciudad de Shijiazhuang, en la provincia de Hebei, y ambos sufren de parálisis. No pueden cuidar de sí mismos, y su hijo lleva a cabo varios trabajos temporales para poder ocuparse de ellos.
Un aldeano local que conoce a la pareja afirmó lo siguiente: «Ellos cumplen con los criterios para obtener beneficios de reducción de pobreza, pero en la actualidad el Gobierno está sacando provecho de ello para obligarlos a renunciar a su fe».
Mientras tanto, la Sra. Jiang es una cristiana de 74 años de edad que vive con su esposo y su hijo en la ciudad de Dandong, en la provincia de Liaoning. Su hijo tuvo un tumor cerebral y ha perdido la capacidad de trabajar. La Sra. Jiang padece dolores musculares y neuralgia, y su esposo tampoco puede realizar ninguna tarea agrícola. La familia depende totalmente de los subsidios gubernamentales para poder cubrir sus gastos diarios.
No obstante, cuando solicitó el subsidio esta vez, su otorgamiento siguió demorándose a pesar de haber completado todos los procedimientos. En el mes de agosto, funcionarios del gobierno local se presentaron en su hogar y la amenazaron para que no invitara a personas a su casa. Dijeron: “No puede dejar que otros vengan a su hogar para celebrar reuniones. Si continúa creyendo en Dios y celebra reuniones, entonces no recibirá un subsidio mínimo de subsistencia”.
Su esposo se vio obligado a firmar un documento que decía: “Deje inmediatamente de realizar actividades religiosas, elimine todos los signos y símbolos que posean connotaciones cristianas”. Posteriormente, los cuadros de la aldea visitaron su hogar en varias ocasiones para llevarle el siguiente mensaje: “Si continúa creyendo en Dios, su subsidio será revocado”.
En el caso de Liu Yuzhen, una cristiana de 74 años de edad procedente de la ciudad Gongyi, en la provincia de Henán, las amenazas se cumplieron y su pensión fue realmente revocada. Un cuadro de la aldea le dijo: “El Partido Comunista le proporciona dinero. Si sigue creyendo en Dios, su pensión nunca más le será otorgada».
Antes de esto, en la ciudad de Hebi, en la provincia de Henán, Guo Guicun y otros tres creyentes ancianos discapacitados pertenecientes a la iglesia local de las Tres Autonomías controlada por el Gobierno fueron hostigados por la misma razón. Funcionarios gubernamentales les advirtieron contra sus creencias religiosas y les dijeron que si no obedecían, sus pensiones y subsidios serían revocados.
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
No obstante, el accionar de las autoridades chinas priva a los ciudadanos de los derechos humanos fundamentales, en violación del derecho internacional.
(Todos los nombres son pseudónimos)
