La troika que incluye a Arabia Saudita, Kenia y Hungría, entrega un documento que simplemente enumera la opinión de diferentes países sobre los derechos humanos en China, sin tomar ninguna posición al respecto.
por Massimo Introvigne
El 15 de marzo de 2019, la troika compuesta por Arabia Saudita, Kenia y Hungría dio a conocer su informe sobre el Examen Periódico Universal de China en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra. Véase, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/446/62/pdf/G1844662.pdf?OpenElement
Nadie esperaba una fuerte acusación contra China. Los tres países que componen la troika tienen sus propios problemas relacionados con los derechos humanos. La propia Hungría, a pesar de ser parte de la Unión Europea, está siendo fuertemente criticada. Hungría fue el primer país europeo en inscribirse en la iniciativa china de la Franja y la Ruta. Kenia depende tan fuertemente de China en el aspecto económico que, incluso el hecho de que todavía posea un mínimo de soberanía nacional ha sido puesto en duda recientemente. Arabia Saudita es un país musulmán suní y debido a ello se podría haber esperado una investigación seria de los crímenes perpetrados en Sinkiang contra los uigures sunitas y los kazajos musulmanes. No obstante, tal y como informó Bitter Winter hace dos semanas, el 22 de febrero, China y Arabia Saudita firmaron acuerdos económicos por valor de 28 mil millones de dólares. Inmediatamente después, Arabia Saudita declaró que realmente apoya la detención de un millón de uigures y de otros musulmanes sunitas en los temidos «campamentos de transformación por medio de educación» como una medida necesaria contra la radicalización.
El informe es un documento sin nada para destacar e inútil. El mismo reseña la declaración de propaganda de China sobre la gloriosa situación de los derechos humanos en el reino de Xi Jinping sin emitir comentarios. Estos comentarios son a menudo involuntariamente cómicos, pero, ciertamente se trata de un humor negro. En respuesta a las críticas sobre los campamentos emplazados en Sinkiang, China, en realidad, los ofreció como modelo a otros países. «China, según el informe, declaró que las instituciones de educación y formación profesional de Sinkiang, que se habían establecido con fines de lucha contra el terrorismo en la Región Autónoma de Sinkiang, se centraban en el estudio de los conocimientos jurídicos, las aptitudes profesionales y lingüísticas y la desradicalización, y que estaban orientadas al empleo. Mediante ese tipo de educación, dichas instituciones ayudaban a las pocas personas que habían estado expuestas al extremismo y se habían visto afectadas por él a abandonar las ideas terroristas y extremistas. En lugar de imponer medidas severas a esas personas después de que se hubieran convertido en terroristas y en un peligro para los demás y para la sociedad, las instituciones les ayudaron a reintegrarse en la sociedad, en vez de pasar a ser terroristas endurecidos o víctimas del terrorismo. Como parte de las medidas preventivas contra el terrorismo, esas instituciones se habían establecido de conformidad con la ley y habían obtenido los resultados previstos. Representaban los esfuerzos de Sinkiang por explorar un enfoque eficaz de la lucha contra el terrorismo y constituían una importante contribución más de China a esa lucha a nivel internacional”. No se explicó cómo es que más de un millón de musulmanes en Sinkiang pueden ser «terroristas».
En la segunda parte, el informe solo enumeraba las recomendaciones de otros estados miembros de la ONU, sin proporcionar ningún comentario al respecto, solicitándole a China que respondiera lo antes posible. China ya ha respondido, declarando simplemente que no acepta ninguna crítica. Al menos, merecen elogios y crédito los países que exigieron que China proporcionara explicaciones sobre sus continuas violaciones contra la libertad religiosa: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, República Checa, Francia, Finlandia, Alemania, Haití, Italia, México, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Suecia, Suiza y Estados Unidos. Y deberían avergonzarse aquellos que elogiaron la represión llevada a cabo por China contra la religión o los derechos humanos. Bitter Winter ya había informado sobre la incitación realizada por Corea del Norte a China para que «continuara luchando contra las organizaciones consideradas sectas», tal y como se resume en el informe. La Siria de Assad y la Venezuela de Maduro también elogiaron la represión implementada por China contra los extremistas o la excelente situación de los derechos humanos allí, tal y como lo hicieron Cuba, Turkmenistán y Egipto. Aún queda por ver si esta compañía ayudaría a China o, más bien, demostraría que es parte de un «eje del mal» compuesto por violadores seriales de los derechos humanos. Pero muchos otros países permanecieron en silencio o recurrieron a un lenguaje ambiguo. Un ejemplo de ello es Grecia, quien reconoció las «reformas» (en gran parte imaginarias) llevadas a cabo por China en el campo de los derechos humanos e invitó a los chinos a «fortalecer aún más la protección de los derechos de los grupos conformados por minorías étnicas», como si realmente existiera algún tipo de protección.
Mencionamos a Grecia porque en el año 2018 dicho país firmó un Memorándum de Entendimiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y le permitió a China adquirir una participación mayoritaria en su puerto principal, el Pireo. Como de costumbre, las autoridades griegas insistieron en que estos acuerdos eran meramente económicos en lugar de políticos. No obstante, siempre existen cláusulas no reveladas e incluso no escritas en los acuerdos firmados con China. Aquellos que ingresan a la red económica de China pueden obtener beneficios económicos, pero invariablemente dejan de mencionar los problemas que el Partido Comunista Chino (PCCh) tiene con respecto a los derechos humanos.
