El padre Liu Quanfa, de la Diócesis de Zhengzhou, en la provincia de Henán, se vio obligado a renunciar a su puesto tras padecer una extensa persecución a manos del PCCh.
Wang Yichi
Tras el acuerdo entre el Vaticano y China del 2018, la Santa Sede y el Partido Comunista Chino (PCCh) de facto reconocieron su autoridad mutua, la primera dio por sentado el surgimiento de una «nueva» Iglesia, leal tanto al Papa como al Gobierno, mientras que el segundo interpretó el acuerdo en el sentido de que todos los católicos deben unirse a la Iglesia Patriótica Católica China. Para asegurarse de ello, las autoridades continúan hostigando al clero disidente que se niega a hacerlo.
El padre Liu Quanfa de la iglesia católica situada en la calle Minggong de la ciudad de Zhengzhou, en la provincia china central de Henán, es una de las recientes víctimas de esta persecución. Cuando el administrador apostólico anterior, el padre Zhang Kuijin (fallecido en el año 2016), se retiró en el año 2012, a los ojos de la Santa Sede, la Diócesis Católica de Zhengzhou carecía tanto de un obispo válido y en funciones como de un administrador apostólico. Fue entonces que el padre Liu fue designado como administrador de dicha diócesis.
Un católico local que solicitó permanecer en el anonimato le dijo a Bitter Winter que, desde el año pasado, el presidente de la Asociación Patriótica Católica de la provincia, Wang Yuesheng, y funcionarios pertenecientes a la Agencia de Asuntos Étnicos y Religiosos habían presionado continuamente al padre Liu para que renunciara a su puesto, exigiéndole reconocer a Wang Yuesheng como el nuevo administrador diocesano.
A principios de 2018, el padre Liu publicó un artículo titulado «Respetar resueltamente los derechos de creencia de los niños cristianos» en el grupo de WeChat de la iglesia. Tiempo después, un periódico en Hong Kong publicó el texto. El mismo también le envió a un reportero de la Unión de Noticias Católicas Asiáticas, con sede en Hong Kong, una foto de un letrero que decía «Los menores tienen prohibido ingresar a lugares religiosos» que las autoridades habían colocado en la entrada de la iglesia. Como consecuencia de ello, el padre fue acusado de publicar comentarios inapropiados en línea y filtrar secretos de Estado, dando lugar a represalias gubernamentales.
A partir del mes de julio, el salario del padre Liu y su subsidio de subsistencia fueron suspendidos, y el mismo tuvo que depender de las limosnas que los feligreses le entregaban para poder sobrevivir. Ha sido puesto bajo estricta vigilancia y se le prohibió celebrar misa en cualquier iglesia, e incluso solicitar permiso para viajar al extranjero a fin de recibir tratamiento.
En el mes de diciembre, a raíz del acuerdo entre el Vaticano y China y con la intención de advertir a la Santa Sede de que los miembros del clero designados por el PCCh, incluidos los obispos, no son confiables, el padre Liu le escribió una carta al cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación del Vaticano para La Evangelización de los Pueblos –siendo la misma la institución administrativa de la Curia Romana responsable del trabajo misionero y la que está directamente a cargo de las diócesis católicas de China–. Debido a la constante vigilancia, la carta fue interceptada por las autoridades y nunca llegó a manos del Cardenal. «Con respecto a los asuntos relacionados con el nombramiento de obispos, solicito que la Santa Sede no se comprometa fácilmente con el Gobierno del PCCh», escribió el padre Liu en la carta. “Varias de las personas recomendadas por el Gobierno no son realmente buenas. Luego de ser consagrados como obispos, son conocidos por sus fechorías y muchos de sus defectos quedan expuestos. Además, comienzan a vacilar en su fe. El accionar de algunos obispos también es despreciado por los feligreses. El Gobierno no debería estar a cargo de los asuntos de la Iglesia. La razón de la corrupción en la Iglesia de hoy en día es básicamente inseparable de la politización y la secularización de la misma».
La presión sobre el padre Liu se intensificó a principios de este año. A fines de enero, se instaló un equipo de vigilancia fuera de su residencia para poder vigilarlo tanto a él como a sus visitantes, y se desmontó la escalera que conducía a su habitación situada en el segundo piso para evitar que los creyentes se pusieran en contacto con él en privado.
Video: trabajadores están desmantelando la escalera situada fuera de la habitación del padre Liu.
El 13 de febrero, la policía le advirtió al padre Liu que no se pusiera en contra del Gobierno. A fin de intimidarlo, los oficiales utilizaron el ejemplo del padre Liu Jiangdong, un párroco de la iglesia del Sagrado Corazón de Zhengzhou, quien permaneció detenido durante una semana, en septiembre pasado, y luego fue suspendido del sacerdocio por haberse puesto en contra del Gobierno y haber “violado políticas y reglamentos religiosos”.
Una semana después, el padre Liu fue convocado a la oficina de administración subdistrital, donde el director de la Agencia de Asuntos Étnicos y Religiosos lo presionó para que renunciara a su puesto y reconociera a Wang Yuesheng como administrador diocesano, amenazándolo con anular su registro clerical si no lo hacía.
El padre Liu una vez más se negó a hacerlo. El 4 de marzo, Yang Xiude, el secretario general de la Asociación Patriótica Católica China (APCC) de Henán, lo expulsó de la iglesia y lo obligó a regresar a su ciudad natal. Wang Yuesheng se hizo cargo de la iglesia situada en la calle Minggong y se autoproclamó párroco. A Bitter Winter se le informó que Wang también afirmó estar «a cargo» de toda la Diócesis de Zhengzhou. Dicho accionar provocó una fuerte insatisfacción en otros sacerdotes y feligreses y puso de manifiesto la continua persecución de sacerdotes católicos disidentes llevada a cabo por el PCCh.
