Desde Bruselas llegan señales contradictorias. Se aprobó una excelente resolución a favor de Hong Kong, pero se canceló el cargo de enviado especial para la promoción de la libertad religiosa en el mundo.
por Marco Respinti
Probablemente, el Gobierno chino cree que la indiferencia de Occidente en lo que respecta a la libertad religiosa, los derechos humanos y el destino de Hong Kong es la mejor aliada de su dura represión. Por supuesto, Pekín ha utilizado el puño de hierro en Hong Kong en cada nuevo estallido de protestas, y lo volverá a hacer cuando sea necesario. Pero el Partido Comunista Chino (PCCh) también puede creer que el tiempo juega a su favor.
A fines de 2019, miles de personas en Hong Kong se rebelaron nuevamente contra el proyecto de ley de extradición. El Gobierno inspirado en Pekín de la jefa ejecutiva Carrie Lam, le ordenó a la policía que tomara medidas inmediatas. Luego de semanas de serias confrontaciones con los manifestantes, la Sra. Lam retiró el proyecto de ley. Todo se calmó y el mundo rápidamente olvidó las heroicas y conmovedoras imágenes de los manifestantes que habían visto en la televisión. El PCCh y sus aliados en Hong Kong se apresuraron a congelar la situación, dejando a la región administrativa especial sumida en un limbo.
El siguiente paso se dio el 28 de mayo de este año, cuando China le impuso una nueva ley de seguridad a Hong Kong. Como era de esperar, en las calles estallaron nuevas protestas, seguidas por una impresionante manifestación pacífica llevada a cabo el 4 de junio, durante el aniversario de la masacre de la Plaza de Tiananmén, la cual desafió una prohibición oficial. Una vez más, la atención del mundo se está desvaneciendo rápidamente, pero la nueva ley aún permanece allí, y cada día China está más cerca de ponerle fin al estatus especial de Hong Kong.
En tiempos de falsa calma, apoyar a Hong Kong es aún más importante que durante los candentes días de las protestas. Forma parte de las buenas noticias el hecho de que el Parlamento Europeo haya aprobado el 19 de junio, por 565 votos contra 34 (y 62 abstenciones), una resolución para llevar a China ante la Corte Internacional de Justicia por su decisión de imponerle una nueva ley de seguridad nacional a la Región Administrativa Especial, infringiendo la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El lenguaje utilizado por los miembros del Parlamento Europeo (MEP) es fuerte y claro. Exige la retirada inmediata de la ley de seguridad, la liberación de los activistas y manifestantes democráticos que fueron arrestados de manera injusta e injustificada, y el nombramiento de un enviado especial de las Naciones Unidas para abordar y resolver toda la cuestión de Hong Kong.
La mala noticia en lo que respecta a la actitud europea sobre los derechos humanos y la libertad religiosa en general es que la Comisión Europea (CE) ha decidido cancelar completamente el cargo de enviado especial para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión Europea. La propia CE lo instituyó en mayo de 2006, designando al político eslovaco y ex comisionado europeo, el Sr. Ján Figel’ para ocupar dicho cargo. A pesar de haber estado sometido a limitaciones políticas, el mismo llevó a cabo una excelente labor hasta diciembre de 2019, cuando finalizó su mandato. En la actualidad, a pesar de las numerosas peticiones presentadas por defensores de los derechos humanos y varias ONG, no solo el Sr. Figel’ no fue reelegido para ocupar ese preciado cargo, sino que el propio cargo ha sido eliminado. ¿Deberían las personas del mundo que son perseguidas a causa de su fe religiosa concluir que a la Unión Europea no le importan sus tribulaciones ni sus derechos humanos fundamentales? ¿O deberían pensar que para la UE la economía y los negocios son más importantes que la defensa de los derechos humanos?
Debemos felicitar a los miembros del Parlamento Europeo por su valiente voto sobre Hong Kong. Ahora, los mismos deberían pedirle a la Comisión que designe un nuevo enviado especial para la promoción de la libertad religiosa y que garantice la independencia de este cargo.
