El Gobierno chino frecuentemente utiliza tácticas de intimidación indirecta para llevar a cabo su persecución contra la fe religiosa. En el caso de las Iglesias clandestinas, las personas que les alquilan sitios frecuentemente son presionadas para que rescindan los contratos de arrendamiento.
Según el artículo 71 del Reglamento Revisado Sobre Asuntos Religiosos, cualquier persona que brinde espacio para que se lleven a cabo actividades religiosas podrá ser multada con una suma que podrá oscilar entre 20 000 y 200 000 yuanes (aproximadamente 30 000 USD). La renta también podrá ser confiscada por tratarse de «una ganancia ilegal».
Desde octubre, las autoridades locales de Xiamen, en la provincia de Fujian, situada en la costa sureste de China, han estado acosando a una mujer por alquilarle un sitio a la Iglesia Manantiales Vivientes. El lugar fue considerado ilegal porque estudiantes universitarios cristianos participaban en las reuniones de la congregación, lo cual está prohibido por las regulaciones oficiales.
Los funcionarios querían que ella rescindiera el contrato de alquiler y la amenazaban afirmando: “Si no cancela este contrato de arrendamiento con la Iglesia, su hijo no podrá realizar el examen de admisión a la universidad. Los empleados públicos de su familia serán expulsados del servicio público. Además, se le impondrá una multa de 500 000 yuanes (más de 70 000 dólares)”. También la amenazaron con arrestar a su familia si decidía ignorarlos.
Durante el siguiente mes, las autoridades recurrieron a varias tácticas de intimidación y amenaza. Como primer paso, instalaron cámaras de vigilancia.
Posteriormente, le ordenaron a la arrendadora que retirara todos los retratos religiosos del lugar de reunión y cerrara sus puertas. También le exigieron darle un ultimátum a los creyentes para que los mismos se mudaran antes del 25 de octubre.
El 28 de octubre, la arrendadora del lugar les permitió celebrar una última reunión. Pero cuando los funcionarios se enteraron de ello, rápidamente se presentaron en el lugar y dieron por terminada la misma. Finalmente, debido a la implacable presión a la que fue sometida, la mujer se vio obligada a rescindir el contrato de alquiler con los creyentes, y la iglesia fue cerrada.
Según los informes, en la actualidad, las autoridades han comenzado a desplegar personal especializado para rastrear a las personas que les alquilan a los creyentes. Cualquier persona que sea descubierta haciéndolo es amenazada y obligada a rescindir el contrato.
Antes de esto, otra Iglesia doméstica, la Iglesia de Shangli, fue cerrada de manera similar en el mes de mayo. El arrendador clausuró el sitio de reunión por sentir pánico ante las amenazas del Gobierno.
Informado por Lin Yijiang
