La nueva ley es una versión más dura de un proyecto de ley aprobado en el Senado el pasado mes de septiembre. La misma aún necesita la aprobación del Senado y del presidente Trump, además de un análisis del contexto.
por Massimo Introvigne
El 3 de diciembre, la Cámara de Representantes de los EE. UU. aprobó por abrumadora mayoría (407 votos a favor y solo uno en contra) la Ley sobre Política a favor de los Derechos Humanos de los Uigures de 2019. Se trata de una versión más dura de un proyecto de ley aprobado por el Senado de los Estados Unidos el pasado mes de septiembre. La misma exige que el Gobierno estadounidense sancione de manera personal a los funcionarios responsables de detener a millones de uigures en los temidos campamentos de transformación por medio de educación, y menciona explícitamente al Secretario del Partido Comunista de Sinkiang, Chen Quanguo, como uno de los principales delincuentes. El proyecto de ley también prohíbe la venta de productos de fabricación estadounidense a «cualquier agente estatal en Sinkiang».
Los uigures de la diáspora han aplaudido la votación. Se trata, sin duda, de un progreso positivo. No obstante, se deben formular tres comentarios. En primer lugar, el proyecto de ley aún no ha entrado en vigor, el mismo debe ser nuevamente votado por el Senado y luego firmado por el presidente Donald J. Trump. Solo podemos esperar que las preocupaciones relacionadas con el comercio con China no descarrilen su camino.
En segundo lugar, la reacción del Gobierno chino, a pesar de ser furiosa, es interesante. Originalmente, el Partido Comunista Chino (PCCh) negaba la existencia de campamentos de transformación por medio de educación. Luego de que medios de comunicación occidentales (Bitter Winter fue uno de los primeros) publicaran imágenes y otros documentos, los mismos admitieron que los campamentos sí existen, afirmando que simplemente se trata de «escuelas vocacionales». Cuando, una vez más, Bitter Winter y otros medios publicaron imágenes que demostraban que eran cárceles y no escuelas, el PCCh argumentó que estaban siendo reducidas, y que muchos reclusos habían sido enviados a sus hogares. Esto ha sido expuesto como una mentira, y en las últimas semanas documentos filtrados han revelado la magnitud de la represión del pueblo uigur y de otras minorías túrquicas llevada a cabo en Sinkiang.
Tras haber negado inútilmente la autenticidad de documentos obviamente genuinos, el PCCh ahora parece dispuesto a admitir que los campamentos realmente funcionan como cárceles, pero afirmando que son necesarios para mantener a los «terroristas» y «radicales» bajo control.
El problema para el PCCh es que en el pasado había admitido que, en China, los uigures y otros musulmanes acusados de simpatizar con organizaciones terroristas son unos pocos cientos, mientras que los reclusos existentes en los campamentos son varios millones. Esto demuestra que la labor de los medios de comunicación independientes encargados de documentar la realidad de los campamentos le genera un grave problema al PCCh. El mismo debe cambiar continuamente su narrativa, haciendo obvio que está mintiendo.
El tercer comentario es que EE. UU. y los otros países occidentales que denuncian las atrocidades cometidas en Sinkiang deben ser aplaudidos y alentados a ver la cuestión del pueblo uigur en un contexto más amplio. En China no hay libertad religiosa para los musulmanes de Sinkiang, pero tampoco hay libertad religiosa para nadie más. Los objetores de conciencia católicos que se niegan a unirse a la Iglesia Patriótica Católica, incluso luego del acuerdo firmado entre el Vaticano y China en el año 2018, los miembros de iglesias domésticas protestantes, los practicantes de Falun Gong y los budistas, taoístas y musulmanes de etnia hui disidentes son cada vez más perseguidos, todos sufren. La Iglesia de Dios Todopoderoso, con más de 15 000 arrestos en el 2018 y en el 2019, es el movimiento religioso más perseguido. Es muy bueno que el Secretario del Partido Comunista de Sinkiang, Chen Quanguo, sea finalmente expuesto por sus crímenes y sancionado en Estados Unidos, pero no debemos olvidarnos que existen otros torturadores y verdugos que también deberían ser investigados, expuestos y sancionados.
