Los campos de trabajos forzados se cerraron, pero el PCCh estableció centros de corrección comunitaria en su lugar. Estos centros siguen coartando las libertades.
por Lin Yijiang
En 2013, el gobierno chino anunció que cerraría los numerosos campos de trabajos forzados que existían y negó la puesta en marcha de un sistema alternativo para reemplazarlos. Los campos de trabajos forzados, conocidos como laogai, comprendían un gran conjunto de campamentos en los que “se reformaba” a las personas mediante trabajos forzados, lo que se traducía en decenas de millones de muertes.
De acuerdo con varias notas informativas, el Partido Comunista Chino (PCCh) dirige un sistema de “corrección comunitaria” en pruebas desde 2003.
Bitter Winter conversó con una ciudadana china que cumplió una condena de ese tipo para descubrir cómo se ha visto afectada su vida.
Shen Ailan (seudónimo) de Zhejiang fue detenida por primera vez por pertenecer a la Iglesia de Dios Todopoderoso en julio de 2017. A principios de 2018, fue condenada por un tribunal local a tres años de prisión y cinco años de libertad condicional. También fue multada con 10 000 yuanes, es decir, casi 1500 dólares.
Mientras cumplía su sentencia fuera de prisión, la Oficina de Justicia le hizo firmar un documento titulado Garantía de aceptación de gestión dinámica de información de centros de corrección comunitaria. Al firmar se comprometió a llamar a la Oficina de Justicia una vez a la semana y a presentarse allí dos veces al mes. También estaba obligada a asistir a clases de “reeducación” intensivas.
Además, es vigilada de cerca por autoridades gubernamentales. Como a muchas otras personas, se le controla por GPS mediante un teléfono celular entregado por las autoridades. En una ocasión, salió a dar un paseo por un parque y recibió una llamada de la Oficina de Justicia para que diera detalles del paseo.
El alcance completo del sistema alternativo de “corrección comunitaria” aún no se conoce en detalle. Según fuentes internas, si se detecta que alguien incumple los procesos de supervisión o vigilancia de la Oficina de Justicia se le envía de nuevo a prisión y se le revoca la libertad condicional.
