El PCCh continúa reprimiendo los lugares de culto que se niegan a ser gobernados por el Estado.
por Zheng Jie
Desde que entraron en vigor los nuevos Reglamentos sobre asuntos religiosos en el año 2018, las iglesias católicas que no forman parte de la Asociación Patriótica Católica China y que no poseen certificados de registro oficiales han pasado a ser consideradas ilegales. La firma del Acuerdo entre el Vaticano y China del 2018 no mejoró la ya difícil situación de los disidentes católicos, quienes continúan siendo hostigados y perseguidos por el Partido Comunista Chino (PCCh).
A fines de octubre de 2019, en solo diez días, el Gobierno del poblado de Baochang en la bandera de Taibus de la liga de Xilingol, una unidad administrativa a nivel de prefectura de Mongolia Interior, clausuró cuatro iglesias católicas que se negaban a ser gobernadas por el Estado. Los oficiales de policía les ordenaron a las personas a cargo de las mismas que detuvieran todas las actividades en sus sedes y retiraran todos los símbolos y letreros religiosos.
Una iglesia católica establecida hace más de 40 años en Nanyang, una ciudad a nivel de prefectura de la provincia central de Henán, fue allanada en marzo del año pasado por siete funcionarios del Gobierno local por «no poseer autorización». Según un miembro de la iglesia, los intrusos destrozaron mesas, sillas y el podio de la iglesia y saquearon la residencia del sacerdote. Se saquearon más de 400 biblias, altavoces y otros objetos de valor. El responsable de la iglesia, de aproximadamente 70 años, reprendió a los funcionarios por actuar tan brutalmente. En respuesta, uno de ellos agitó los puños, queriendo atacar al anciano, pero fue detenido por varias personas que se hallaban presentes en el lugar. «Dios está observando lo que los seres humanos están haciendo y las malas acciones del PCCh no serán toleradas», afirmó con ira un creyente local.
A fines de 2018, la única iglesia católica que no era administrada por el Estado en el condado de Zhaozhou de Daqing, una ciudad a nivel de prefectura de la provincia nororiental de Heilongjiang, fue clausurada luego de que empleados gubernamentales cortaran su suministro eléctrico. Posteriormente, para vigilar si los creyentes regresaban a la iglesia, se instalaron dos cámaras de vigilancia de alta definición en postes eléctricos situados en el exterior de la misma.
Según un miembro de la congregación, a principios de 2018 se ordenó por primera vez el cierre de la iglesia por considerarla un «lugar de reunión no autorizado que organiza reuniones de culto ilegales». Pero la congregación insistió en continuar reuniéndose en la iglesia, por lo que al Gobierno se le ocurrió el pretexto de que la misma poseía «medidas de control de incendios deficientes». No obstante, un miembro del personal de la Agencia de Prevención de Incendios local afirmó que la iglesia no necesitaba un equipo de prevención de incendios de tan alto nivel como exigían los funcionarios. En realidad, afirmó, el Departamento de Trabajo del Frente Unido local había ordenado clausurar la iglesia.
La espaciosa iglesia, construida con el dinero donado por la congregación, 400 000 yuanes (aproximadamente 60 000 dólares) en total, fue clausurada luego de solo tres años de existencia, y los creyentes ahora tienen que reunirse en un lugar pequeño y repleto de gente. Pero el Gobierno continúa hostigándolos. En julio de 2019, la propietaria del nuevo lugar fue amenazada con una multa de 2000 a 5000 yuanes (aproximadamente de 280 a 560 dólares) si continuaba proporcionando su propiedad para celebrar reuniones.
En abril de 2019, la policía allanó una iglesia católica no aprobada emplazada en la ciudad a nivel de condado de Shenzhou de la provincia norteña de Hebei. Los oficiales le ordenaron a la congregación que dejaran de reunirse y vaciaran la iglesia utilizando el pretexto de que estaban «celebrando reuniones ilegales». De lo contrario, los bienes de la iglesia serían confiscados y se le impondría una multa de 20 000 yuanes (aproximadamente 2800 dólares). A fin de proteger los símbolos e imágenes religiosas, los creyentes los trasladaron y cerraron la iglesia.
Un destino similar experimentó la iglesia de Fuyuanju emplazada en la diócesis católica de Ji’an de la provincia suroriental de Jiangxi. En marzo de 2019, el Gobierno local la clausuró bajo el pretexto de que era «un lugar no autorizado» y amenazó con multar a la congregación si volvían a reunirse. Tras la clausura de la iglesia, varios empleados gubernamentales visitaron repetidamente el lugar para asegurarse de que no se celebraran reuniones allí. Los mismos también visitaron los hogares de los creyentes y les ordenaron «creer en el Partido Comunista si necesitaban creer en algo» y ser obedientes, amenazando con enviarlos a la cárcel si expresaban sus creencias religiosas. Más de 40 miembros de la iglesia actualmente no tienen dónde reunirse.
