El Departamento de Estado de EE. UU. emite restricciones de visado, afirmando que Washington sigue comprometido con la preservación de la autonomía, la identidad religiosa y los derechos humanos en el Tíbet.
por Marco Respinti
La llamada «nueva Guerra Fría», que actualmente se está librando entre la República Popular China y Estados Unidos, es una guerra de posición y desgaste. Como parte de esta «guerra», Estados Unidos se convirtió en el país más activo y expresivo del mundo en lo que respecta a los derechos humanos, la libertad religiosa y las felonías cometidas por el Partido Comunista Chino (PCCh) en China. La última bala virtual, pero no obstante, estratégica, fue disparada contra China por el Secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, el 7 de julio, a través de la Implementación de restricciones de visado en virtud de la Ley de Acceso Recíproco al Tíbet.
La ley implementa «restricciones de visado a los funcionarios del Gobierno de la RPC y del Partido Comunista Chino que se determine que están ‘sustancialmente involucrados en la formulación o ejecución de políticas relacionadas con el acceso de extranjeros a las zonas tibetanas’, de conformidad con la Ley de Acceso Recíproco al Tíbet de 2018».
La decisión es una represalia abierta contra la violación abierta del derecho a viajar al Tíbet por parte del régimen del PCCh. «Pekín ha seguido obstruyendo sistemáticamente los viajes de diplomáticos y otros funcionarios, periodistas y turistas estadounidenses a la Región Autónoma del Tíbet (RAT) y a otras zonas del Tíbet», afirmó el Sr. Pompeo, «mientras que los funcionarios de la RPC y otros ciudadanos disfrutan de un acceso mucho mayor a Estados Unidos». Esto, añadió Pompeo, socava el «trato justo, transparente y recíproco» entre Estados Unidos y China.
El Tíbet, señala Pompeo, es particularmente relevante, ya que «el acceso a las zonas tibetanas es cada vez más vital para la estabilidad regional, dados los abusos contra los derechos humanos cometidos allí por la RPC, así como también el fracaso de Pekín en lo que respecta a prevenir la degradación ambiental cerca de las nacientes de los principales ríos de Asia».
El documento, de hecho, incluye más que una medida técnica. En el mismo también hay una declaración de principios que, si bien sirve como justificación inmediata de la política recientemente promulgada, denota la perspectiva general de la actual.
administración en Washington D. C. «Estados Unidos […] sigue comprometido a apoyar una autonomía significativa para el pueblo tibetano, el respeto de sus fundamentales e inalienables derechos humanos y la preservación de su sinigual identidad religiosa, cultural y lingüística. En el espíritu de una verdadera reciprocidad, trabajaremos en estrecha colaboración con el Congreso de Estados Unidos para garantizar que los ciudadanos estadounidenses tengan pleno acceso a todas las zonas de la República Popular China, incluida la RAT y otras zonas tibetanas».
Esta es una clara denuncia contra la política del PCCh en el Tíbet. También es paralela a la denuncia efectuada por EE.UU. contra las políticas chinas en Sinkiang y Hong Kong, lo que equivale a una denuncia global contra el régimen del PCCh y su abismal historial de derechos humanos.
