Un nuevo estudio que llevó a cabo Adrian Zenz prueba que las mujeres musulmanas en Sinkiang están siendo sometidas en forma masiva a abortos forzados, están siendo esterilizadas y les están colocando DIU.
por Ruth Ingram
La esterilización masiva puede ahora añadirse a la lista de crímenes contra la humanidad cometidos por el PCCh contra los uigures del noroeste de China. Las impresionantes cifras que muestran un desplome en las tasas de natalidad y las medidas de control natal draconianas en la parte sur de Sinkiang que reveló esta semana Adrian Zenz, académico y cronista de las atrocidades que ha cometido Pekín en la provincia de Sinkiang, en un estudio que publicó The Jamestown Foundation, prueban de manera irrefutable los planes del PCCh de arrasar cruelmente con la población de uigures en su propia tierra natal.
De acuerdo con las revelaciones de Zenz, reunidas meticulosamente a partir de sitios de internet públicos del Gobierno chino, el crecimiento de la población en el sur de Sinkiang tuvo un terrible desplome del 90 por ciento entre 2013/2014 y 2019.
Las cifras muestran una drástica disminución en la población, no solo de Sinkiang en general, sino también, y particularmente, de Jotán y Kashgar, el corazón del sur de la tierra uigur.
Estas cifras no solo son menores a las cifras generales de Sinkiang, sino significativamente menores al promedio nacional de China, donde la política de un solo hijo ha dominado durante 40 años. Dado que la laxitud de esta política ha permitido que los uigures tengan dos, y, algunas veces, tres hijos, entre 2005 y 2015 nacieron más niños en las áreas de Jotán y Kashgar que en Sinkiang mismo y en comparación con el resto de China. Una vez que en 2016 comenzaron las redadas masivas en los llamados “campamentos de entrenamiento vocacional” —es decir, los campamentos de transformación por medio de educación— las cifras de nacimientos comenzaron a descender, pero la caída repentina en 2018/2019 fue desconcertante y, de acuerdo con Zenz, requerían un mayor análisis. “El internamiento por sí solo no puede explicar esto”, dice Zenz.
Un análisis más exhaustivo de las cifras lo llevaron a los inquietantes descubrimientos de que, en 2019, estaba en marcha un programa monstruoso para esterilizar a grandes cantidades de mujeres uigures en el poblado de Goma y la ciudad de Jotán, en el extremo sur del desierto de Taklamakán. Quedó impactado al descubrir el triste hecho de que, durante este periodo, las esterilizaciones fueron 143 veces más que el promedio nacional. En esta área, donde el procedimiento siempre había sido poco frecuente y estaba muy por debajo de la tasa nacional, de repente la gráfica se había disparado. Zenz comenzó a observar un repunte en los datos en 2016, pero las cifras gubernamentales de 2019 se fueron al cielo. “Esto explica la disminución dramática en el crecimiento poblacional en esas regiones uigures en un año entre 2018 y 2019”, dijo. “Es asombroso”.
De acuerdo con los datos que descubrió, del 14 al 34 por ciento de todas las mujeres casadas en edad de procrear fueron programadas para ser esterilizadas en un año. “En esencia, cualquier mujer que tenga más de tres hijos será esterilizada”, dijo, y agregó que los funcionarios tenían que asegurarse de que estuvieran cumpliendo con las órdenes del Gobierno para cumplir con el plan “o estarían en grandes problemas”.
La meta final era que el 80 por ciento de las mujeres fueran o bien esterilizadas o se les colocara un DIU y se les sometiera a revisión de manera trimestral, con la salvaguarda adicional de realizarles revisiones de embarazo bimestrales. “Para el Gobierno, se vuelve como un grifo. Puede abrirse o cerrarse”, dijo de forma irónica. El objetivo, concluyó, era tomar el control pleno del crecimiento poblacional en Sinkiang.
Estas revelaciones han seguido rápidamente a una serie de escándalos que exponen el plan maestro del presidente Xi Jinping relacionado con el pueblo uigur. Primero vinieron los cables de China que se filtraron en noviembre de 2019 y que describían el funcionamiento interno de los campamentos de detención que albergaban a más de un millón de musulmanes de minoría étnica. Luego vino la lista de Karakax en febrero de este año, donde se detalla meticulosamente la suerte de un grupo de 2802 residentes de Karakax y los supuestos “crímenes” que cometieron, esto, para garantizar su encarcelamiento y su “reeducación”. Ciento cincuenta de ellos habían violado las políticas de control de la natalidad y otros estaban involucrados en “crímenes” como llevar faldas largas, llevar barbas “inusuales” o tener caligrafía árabe en su casa.
Los uigures fueron enviados en marzo a la línea de fuego de la COVID-19 para reabrir fábricas en China continental y, ahora, según lo informó Bitter Winter en abril y mayo de este año, son enviados desde los campos de internamiento, por decenas de miles, a fábricas en toda Sinkiang y China continental para producir bienes para marcas occidentales, en condiciones que equivalen a trabajo esclavo.
Xi Jinping volvió a prometer en 2017 erradicar la pobreza en China para 2020. Bajo el disfraz de su más reciente campaña de “reducción de la pobreza”, los uigures están siendo recogidos por la fuerza como nunca antes para trabajar para sus amos de la etnia han en fábricas alrededor del país, mientras, simultáneamente, están siendo presa en su tierra natal de una campaña intensificada de sinificación que ha reducido su observancia religiosa a cero, ha convertido sus mezquitas en escombros o en talleres de costura, ha hecho que su idioma y su literatura ahora sean una pintoresca reliquia del pasado y que su cultura se haya reducido al ámbito turístico.
De acuerdo con Zenz, cuando se presentó el plan maestro general del PCCh para los uigures ante la Comisión Ejecutiva del Congreso Estadounidense sobre China en noviembre del año pasado, el objetivo era un control social absoluto. La meta es que cada uigur sea monitoreado desde la cuna hasta la tumba, ya sea que estén en orfanatorios gubernamentales mientras sus padres se encuentran en los campamentos, o estén en la guardería mientras sus madres son “liberadas” para trabajar en fábricas —las cuales se construyen deliberadamente cerca de un campo de internamiento o de su villa—; o estén en un campamento de transformación por medio de educación —es decir, un campo de internamiento o reeducación—; o sean “entregadas” a una fábrica que produce bienes para el mercado occidental o en instalaciones de algún tipo para el cuidado de adultos mayores. Todos están en una lista. En el esquema gubernamental conocido como “reducción detallada de la pobreza”, las villas nuevas se construyen con fábricas integradas. Poco a poco habrá menos villas con viviendas esparcidas no monitoreables, y se hacen grandes esfuerzos para separar no solo a la familia extendida, sino también a la familia nuclear.
El informe de Zenz es otro llamado que hay que añadir a las débiles voces de los propios uigures para que el mundo despierte y le haga frente al Gobierno comunista de China. En abril de 2020, uigures exiliados lanzaron en Twitter la campaña “#Can you hear me?” (#¿Puedes escucharme?). Sostienen frente a la cámara la fotografía de un ser querido y piden información relacionada con su paradero. Normalmente, esto es recibido en silencio por el Gobierno chino, pero, algunas veces, en represalia, habrá un documental propagandístico completo que muestra al familiar supuestamente desaparecido viviendo una vida feliz y próspera. Obviamente, cuando termina la filmación, es enviado de vuelta a los campamentos de transformación por medio de educación.
A Zenz le decepciona que tantos países en desarrollo estén siendo amordazados a través de la diplomacia de deuda, y que incluso los países europeos o la UE misma, que no tienen deuda con China, tarden en manifestarse al respecto. El PCCh etiqueta como proveedores de noticias falsas a quienes se atreven a expresarse y coopta a las más importantes instituciones internacionales, como la ONU, la OCI (Organización para la Cooperación Islámica) y a la OMS en sus cortinas de humo. Sin embargo, hay cierta esperanza en la nueva Alianza Interparlamentaria sobre China, que de inmediato denunció la esterilización forzada de las mujeres uigures.
Por otra parte, la propaganda del PCCh es masiva, y evadir la responsabilidad por el coronavirus fue un golpe maestro final; una historia de éxito que ilustra el modelo chino que ha de ser emulado por el mundo y una oportunidad para que China misma se beneficie de la desastrosa pandemia.
Han surgido de los campos de internamiento historias individuales acerca de la colocación forzada de DIU e inyecciones misteriosas, algunas de las cuales han dejado a las mujeres estériles. De acuerdo con Zenz, las mujeres pasan por revisiones regulares de embarazo e incontables mujeres han reportado abortos forzados.
A ninguna de las mujeres con las que habló Bitter Winter le sorprendió las cifras de esterilización. “Esto es evidencia —como si la necesitáramos— de que en Sinkiang se está llevando a cabo un genocidio”, dijo Mehrigul, una refugiada uigur que vive en Estambul. “El Gobierno chino está decidido a arrasar con nosotros y con nuestra cultura”, dijo Aigul, que también vive en Turquía y que fue obligada a huir, dejando atrás a su hija de siete años. “Ya tenía tres hijos cuando estaba embarazada de ella”, dijo angustiada y apuntando con el dedo la única fotografía que aún tiene de su pequeña hija. “Para no tener un aborto, hui para vivir con unos parientes en una villa remota para que naciera. Regresé con un bebé y afirmé que era de mi hermana”; agregó que esto era una práctica común para las mujeres que tienen demasiados hijos. Pero el registro resultó imposible. “Jamás pudimos registrarla y legalizarla”, dijo. “No podría ir a la escuela si no tenía identificación y jamás podría obtener un pasaporte”, dijo llorando, y explicó que lo último que supo fue que a su hija se la habían llevado unos funcionarios y la habían ingresado a un orfanatorio del PCCh.
Con cualquier persona con la que Bitter Winter ha hablado en el sur de Sinkiang, abundan las historias sobre las medidas rigurosas que ha empleado el PCCh para controlar la natalidad. Las mujeres campesinas de las villas son llevadas en masa con regularidad a las clínicas para que se les hagan revisiones de embarazo y durante muchos años han vivido con el silencioso genocidio de los abortos forzados. Un doctor de Jotán que habló con Bitter Winter de forma anónima y que se negó a permitir que su cuarto hijo fuera abortado, dice que vive con el miedo de que este hijo sea descubierto. Se mueren de terror en cada revisión policiaca cuando el niño está con ellos y rezan por que no les hagan preguntas. Le dijeron que su clínica va a cerrar, que le van a quitar a sus hijos y que él será enviado para ser “reeducado” si su secreto sale a la luz. Le complace que el mundo ahora pueda saber exactamente lo que está ocurriendo.
