El canadiense Robert Lloyd Schellenberg será pena de muerte, mientras que Pekín continúa manteniendo en secreto casi total el número de personas condenadas y asesinadas.
por Marco Respinti
Robert Lloyd Schellenberg, de 36 años, un ciudadano canadiense, fue condenado a pena de muerte por un tribunal de justicia chino emplazado en la ciudad portuaria de Dalian, al sur de la provincia de Liaoning. El fallo fue emitido al final del juicio de apelación solicitado por los abogados de Schellenberg contra la condena de 15 años de prisión que había recibido en el año 2018 por haber contrabandeado más de 200 kilogramos de anfetaminas a China, un delito por el que fue arrestado en el año 2014.
Tal y como Chris Buckley, del The New York Times (NYT), escribe: «El Sr. Schellenberg permaneció detenido durante 15 meses antes de su primer juicio, y pasaron otros 32 meses antes de que un tribunal lo declarara culpable y lo condenara a 15 años de prisión». Finalmente, la animosidad de su castigo surgió durante “la audiencia de apelación del Sr. Schellenberg, la cual se llevó a cabo el mes pasado», cuando luego de escuchar el testimonio del Sr. Xu Qing, un testigo, “los fiscales afirmaron que las pruebas emergentes indicaban que él (Schellenberg) había desempeñado un papel mucho más importante en una red de narcotráfico, por lo que consideraban que su sentencia inicial había sido demasiado leve”.
Buckley, empleado de NYT, también afirma que, según el Sr. John Kamm, presidente de la Fundación Dui Hua, un grupo encargado de supervisar los derechos humanos en China, con sede en San Francisco, entre los años 2009 y 2015, China ejecutó al menos a 19 extranjeros acusados de traficar drogas.
Schellenberg no es el único ciudadano canadiense detenido en China. El Sr. Michael Kovrig, un exdiplomático de 48 años, fue arrestado en Pekín el 10 de diciembre, bajo sospecha de poner en peligro la seguridad nacional (el 14 de enero, la Sra. Hua Chunying, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Chino, afirmó que Kovrig no tenía derecho a gozar de inmunidad diplomática). Al igual que Michael Spavor, de 43 años, un empresario vinculado personalmente con el tirano norcoreano Kim Jong-un, arrestado el mismo día en la ciudad a nivel prefectura de Dandong, situada en el lado chino de la frontera entre China y Corea del Norte.
Los tres casos son, por supuesto, diferentes, y todos los que violan la ley merecen ser sancionados. Pero el castigo siempre debe ser justo y acorde con el crimen cometido. Además, toda persona acusada de cometer un delito grave tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, más allá de cualquier duda razonable. Por lo tanto, mínimamente, los tres casos necesitan documentación complementaria. De hecho, no es irrazonable verlos como una represalia por el arresto de la Sra. Meng Wanzhou, de 46 años, vicepresidenta de la junta y directora financiera de la empresa privada más grande de China, Huawei Technologies Co. Ltd (así como hija de Ren Zhengei, fundador del gigante de las telecomunicaciones creado en el año 1987 en Shenzhen, en la provincia sureña de Guangdong), el cual fue llevado a cabo en Vancouver el 1 de diciembre, al ser acusada de violar las sanciones impuestas por la Administración estadounidense de Donald J. Trump a Irán. Detrás de Meng, de hecho, se destaca el enorme problema de Huawei.
Un récord sorprendente
El caso del Sr. Schellenberg, el cual involucra la pena de muerte, es particularmente impactante. Contrabandear drogas es un crimen espantoso. La venta de drogas a personas, especialmente a jóvenes, cuyas vidas luego son devastadas, siempre debe ser castigada por la ley. ¿Pero, en plena conciencia, no encontramos nada que objete el hecho de que un hombre, sí, incluso un traficante de drogas (vamos a darlo por sentado), quien está condenado a 15 años de prisión, vea cómo su castigo se transforma repentinamente en pena de muerte durante un juicio de apelación, el cual solicitó para cuestionar su primera condena? Esta no es una pregunta retórica por dos razones.
La primera es que China tiene un sorprendente historial de penas de muerte y cotidianamente se burla de la ley. La pena de muerte es un castigo severo y una medida extrema. No es ilegítima per se, ni siquiera frente al derecho natural, no obstante, nunca debe ser tomada a la ligera. Los que están a favor, incluso los jueces que dictaminan penas de muerte, nunca lo hacen de manera despreocupada.
La Iglesia Católica, por ejemplo, admite que la pena de muerte es legítima, y siempre lo ha admitido, pero el Papa Francisco recientemente ha pedido un cambio definitivo en el Catecismo de la Iglesia Católica, afirmando que la misma es inaceptable. Sin duda, esta modificación tiene algo que ver con la situación china y, por supuesto, afecta negativamente el Acuerdo entre el Vaticano y China del año 2018. Esto nos lleva directamente a la segunda razón por la cual la repentina sentencia a muerte de Schellenberg, incluso del narcotraficante Schellenberg, es altamente discutible. El estado de derecho es prácticamente inexistente en China.
La misión central y cotidiana de Bitter Winter es documentar cómo la ley y su implementación se contraponen a diario en toda China. La Constitución, incluso otorga libertad religiosa, y la misma es burlada. Tanto el ordenamiento jurídico como un enfoque frívolo de la legalidad son utilizados para pisotear los derechos humanos. Los tribunales, las cortes, los jueces, las administraciones regionales y provinciales, las oficinas y departamentos estatales, y cada rama de la policía desafían la ley, multando y arrestando personas mediante la utilización de excusas ridículas. Si sentenciar a una persona a muerte es un asunto difícil y delicado en un país en el cual se respeta el estado de derecho, en China —donde la administración de justicia es constantemente abusada e ignorada— es una pesadilla constante.
El secreto mortal
El informe más reciente de Amnistía Internacional, publicado en abril de 2018 y que contiene datos sobre el año 2017, «revela que en una base de datos de tribunales nacionales en línea que inicialmente fue promocionada como un ‘paso crucial hacia la apertura’, y la cual es regularmente proclamada como una evidencia que deja ver que el sistema judicial del país no tiene nada que ocultar, faltan cientos de casos documentados de penas de muerte». De hecho, la ONG mundialmente famosa señala que «la base de datos china contiene solo una pequeña fracción de las miles de sentencias de muerte que Amnistía Internacional estima que China emite cada año, lo cual refleja el hecho de que el Gobierno chino continúa manteniendo un secreto casi total en lo relacionado con la cantidad de personas condenadas a muerte y ejecutadas en el país».
Si bien Pekín clasifica la mayor parte de la información relacionada con la pena de muerte como «secretos de estado», «Amnistía Internacional descubrió informes públicos que afirman que al menos 931 personas fueron ejecutadas entre los años 2014 y 2016 (siendo esta una fracción del total de ejecuciones), pero solo 85 de ellas se encuentran en la base de datos estatal. La base de datos también omite a los ciudadanos extranjeros sentenciados a muerte por delitos relacionados con drogas, a pesar de los informes emitidos por los medios de comunicación que afirman que al menos 11 ciudadanos extranjeros fueron ejecutados. También se encuentran ausentes numerosos casos relacionados con ‘terrorismo’ y con delitos relacionados con drogas». El tráfico de drogas sigue siendo un delito, pero todos sabemos que la definición de «terrorismo» aceptada por el régimen se adapta a su lista de personas no deseadas que deben ser eliminadas.
«El Gobierno chino realiza divulgaciones parciales y afirmaciones no verificables para sostener el progreso en la reducción de la cantidad de ejecuciones, pero al mismo tiempo mantiene un secreto casi absoluto en lo que respecta a este asunto. Esto es deliberadamente engañoso», afirmó Salil Shetty, un ciudadano indio, quien se desempeñaba como Secretario General de Amnistía Internacional en el momento en el que el informe fue publicado, en el mes de abril. Una investigación realizada en el año 2017 por Amnistía Internacional, titulada Los secretos mortales de China, se encuentra disponible en línea de manera gratuita. La misma documenta el alcance del verdadero horror, especialmente si se tiene en cuenta la espantosa plaga de órganos humanos extraídos de los cuerpos de presos de conciencia ejecutados.
Canadá dictaminó su última pena capital en el año 1962 y posteriormente la abolió en el año 1976. ¿Permitirá Canadá que uno de sus ciudadanos incremente el registro de asesinatos efectuados por China?
