Mientras que el mundo lucha contra la pandemia de coronavirus, el PCCh expulsa a los representantes de los medios de comunicación extranjeros, silencia a los periodistas ciudadanos y recompensa a quienes ayudan a enterrar la verdad.
por Bai Lin
El 18 de marzo, el Gobierno del Partido Comunista Chino (PCCh) ordenó expulsar a 13 periodistas de The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post, afirmando en un comunicado que «no se les permitiría seguir trabajando como periodistas en la República Popular China, incluidas sus regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao». La medida fue percibida como irresponsable ya que el coronavirus se estaba extendiendo por todo el mundo y suscitó preocupación ante la existencia de aún más restricciones a la libertad de prensa en China.
Unas pocas semanas antes del anuncio, el Gobierno había elogiado a una periodista de la agencia oficial estatal de noticias de China Xinhua News Agency, la Sra. Liao Jun, por su «heroico» informe sobre el coronavirus. En su artículo de principios de enero, Liao Jun escribió sobre ocho personas que estaban «difundiendo rumores» sobre el virus, repitiendo la línea oficial de las autoridades sanitarias de China de que no existía evidencia de transmisión de persona a persona. Uno de los denunciantes mencionados fue el Dr. Li Wenliang, quien fue el primero en advertir abiertamente sobre los peligros del virus, pero fue silenciado y murió el 7 de febrero tras contraer la COVID-19.
Como la epidemia se estaba cobrando vidas humanas, los informes de la Sra. Liao se convirtieron en motivo de crítica entre los internautas chinos, quienes calificaron sus artículos de «noticias falsas» que «engañan a la gente». Uno de ellos escribió sobre un viaje a Wuhan que había planeado cancelar luego de que, a fines de diciembre, en las redes sociales comenzaran a circular noticias sobre el misterioso virus, pero que tras leer los artículos de Liao Jun se tranquilizó y decidió viajar. La persona en cuestión quedó atrapada en Wuhan durante mucho tiempo.
Muchas otras personas tomaron decisiones fatales confiando en sus informes, perdiendo sus vidas o las de sus seres queridos como consecuencia de ello.
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Guang Ming Daily, un periódico nacional bajo el liderazgo directo del Departamento Central de Propaganda del PCCh, elogió a Liao Jun afirmando: «La felicitamos por ser una periodista que va en contra de la corriente». Durante una conferencia de prensa celebrada por la Oficina de Información del Consejo de Estado ese mismo día, fue nombrada una de las siete «trabajadoras de primera línea contra la COVID-19». Al aceptar el premio, Liao Jun habló sobre «la moral y el poderío de China», sin mencionar al Dr. Li ni reconocer sus errores.
«La información precisa y oportuna es especialmente importante ahora que las vidas de miles de personas están en peligro», le dijo a Bitter Winter un periodista procedente de China continental. “Si los medios de comunicación del PCCh hubieran informado la verdad, la propagación de la epidemia podría haberse evitado. El PCCh nunca reconocerá estar equivocado. Por el contrario, en lugar de hacerlo, continúa reprimiendo la libertad de prensa”.
Ya que los periodistas extranjeros están siendo expulsados de China, y los medios de comunicación nacionales solo sirven al Gobierno, el papel de los periodistas ciudadanos ha adquirido una importancia crucial para que el mundo exterior comprenda lo que está sucediendo en el país. Lamentablemente, estas personas también se han convertido en objetivos clave del PCCh; numerosos periodistas ciudadanos que informaban sobre el coronavirus han sido sancionados o han desaparecido.
«Los periodistas pueden ser arrestados por tomar una foto de una cruz mientras está siendo derribada o de una mezquita que está siendo demolida, y luego ser acusados de «subvertir el poder estatal y divulgar secretos de Estado», comentó un reportero de Bitter Winter procedente de China continental.
Según un corresponsal de Bitter Winter que solía informar desde la Región Autónoma Hui de Ningxia, los residentes se vuelven muy cautelosos cuando se les pregunta sobre las persecuciones llevadas a cabo por el PCCh. La mayor parte de los mismos no se atreve a decir lo que piensa por temor a ser encarcelado o poner en peligro la seguridad de sus familiares. Otros temen que quienes les formulan las preguntas sean funcionarios gubernamentales encubiertos investigando lo que opinan sobre el Estado.
«El Gobierno ha instalado un equipo de vigilancia en mi hogar para monitorear lo que se dice», le dijo a Bitter Winter el imán de una mezquita aprobada por el Estado emplazada en Ningxia. «Cada vez que un extraño llama a mi puerta debo informarle al Gobierno».
