En las ciudades y aldeas de Shanxi se han puesto en marcha medidas especiales en el marco de la “lucha nacional para acabar con el vandalismo y erradicar el mal”. Promovida como una campaña contra el crimen organizado, no es más que una iniciativa del presidente Xi contra grupos religiosos e Iglesias en China.
La campaña para “acabar con el vandalismo” comenzó en enero de este año y se ha implementado sin demora en las provincias de China. En el primer mes de campaña, más de 10 000 personas fueron detenidas. Las autoridades insisten en que la finalidad de la campaña contra el vandalismo es “fortalecer el poder político a nivel de la base”, con un mandato a gran escala delegado para quienes hacen cumplir la ley y los Gobiernos locales.
El Departamento de Trabajo del Frente Unido de la ciudad de Linfén, ubicada en la provincia de Shanxi, al norte del país, celebró una reunión de emergencia, el pasado 12 de septiembre, a la que asistieron representantes locales de las cinco religiones autorizadas. Se les informó a los participantes que a partir de octubre todos los condados, pueblos y aldeas de la ciudad debían contar con una institución especialmente constituida para la campaña que pretende “acabar con el vandalismo y erradicar el mal” y designar a un oficial de información para supervisar los centros religiosos “no oficiales” y sus congregaciones. Todos los grupos religiosos incluidos en la lista de xie jiao (enseñanzas heterodoxas) y centros de reunión para Iglesias no aprobadas por el Gobierno fueron identificados como los principales objetivos de esta campaña. Las autoridades también exigieron tomar medidas enérgicas contra las misiones religiosas de Corea del Sur en la provincia.
El 18 de septiembre, el comité del Partido Comunista reunió a todos sus miembros en una aldea de Linfén para celebrar una reunión en la que el secretario del Partido de la aldea reiteró el mensaje de la campaña: el objetivo principal es detener a personas que profesen la fe. La campaña de tres años tiene objetivos específicos que deben alcanzarse cada año: en 2018 se deben atacar los “síntomas”, 2019 es el año para hacer frente a las “causas subyacentes” y en 2020 se debe arrancar “de raíz” el problema. Se exigió a todos los miembros del Partido que redactasen una declaración de garantía certificando que nadie en su familia cree en Dios. Se contrató a dos jóvenes para monitorear el movimiento de los no residentes de la aldea y se le ordenó a los cuadros del partido que tomasen fotos de cualquier persona sospechosa de tener una creencia religiosa y reportasen dichos casos al comité de la aldea.
El comité de una aldea de la ciudad de Yuncheng, le envió una “Carta abierta sobre cómo acabar con el vandalismo y erradicar el mal” a sus aldeanos y les exigió que firmasen una “tarjeta de compromiso contra el xie jiao”.
En la campaña también participan empresas e instituciones estatales. Todos los hospitales y clínicas de Linfén tienen objetivos que cumplir: deben reportar al menos un creyente por semana. Los creyentes del islam, el Señor Todopoderoso y el Falun Gong fueron catalogados como objetivos que deben ser “anulados”.
El director de una escuela de la ciudad de Yuncheng, le dijo a todos los maestros que el Gobierno estaba exigiendo que todas las “fuerzas oscuras y malignas” —que incluyen a los creyentes— desaparecieran en tres años. A los maestros y estudiantes se les prohíbe creer en Dios. Si alguien descubre que un amigo o un familiar es creyente, debe informar a las autoridades de inmediato. De acuerdo con los estudiantes de la escuela, los maestros escribieron “acabar con el vandalismo y erradicar el mal” en las pizarras de las aulas y preguntaron a los estudiantes si alguien en su familia era creyente.
Las autoridades han establecido múltiples métodos para informar en el marco de la campaña: mensajes de texto, grupos de WeChat e informes escritos.
Los activistas pro derechos humanos temen que la actual campaña contra el vandalismo termine por incrementar la represión ideológica y política por parte de las autoridades chinas, como los infames juicios que tuvieron lugar en la ciudad de Chongqing, al suroeste del país, en 2009 o la primera ofensiva nacional contra el crimen en China, lanzada en 1983.
Deng Xiaoping, el cerebro detrás de la campaña de los 80, puso en marcha aquella campaña al más puro estilo de la Revolución Cultural: juicios públicos y ejecuciones, incluso para delitos menores. Para satisfacer las políticas del Partido, los Gobiernos locales competían por hacer el mayor número de detenciones, encarcelando incluso inocentes para vanagloriarse con falsos logros en la lucha contra el crimen.
Descrita como “el juicio de China del siglo XXI”, la represión contra las supuestas bandas organizadas en Chongqing fue criticada más tarde por ser una herramienta para eliminar a los rivales políticos del jefe del Partido de la ciudad, Bo Xilai. Se denunciaron numerosos casos de tortura.
Información de Feng Gang
