China ha instalado software de reconocimiento facial en 6.7 millones de ubicaciones a lo largo de Sinkiang, incluyendo mezquitas y hogares privados, en apoyo a una brutal represión. La respuesta internacional no ha sido lo suficientemente fuerte.
por Robert Clark
Más campamentos, más represión
En un acontecimiento aún más perturbador en la continua erosión de los derechos humanos por parte de la República Popular China (RPC) en contra de la mayoría de uigures musulmanes en Sinkiang, el adoctrinamiento forzado de niños uigures –algunos que, incluso, están en edad prescolar– en los campamentos de “reeducación” para recibir entrenamiento político, está creciendo a un paso alarmante.
Desde 2017, se han estado exponiendo las denuncias de abusos generalizados de los derechos humanos que ocurren en la provincia remota de Sinkiang, particularmente a partir de la diáspora internacional uigur. Se centran alrededor del uso que hace la RPC de los campamentos de transformación por medio de educación. Son campamentos para el “entrenamiento vocacional”, de acuerdo con el funcionario del Departamento de Trabajo del Frente Unido, Hu Lianhe, utilizados para contrarrestar el extremismo islámico y otras amenazas políticas domésticas de ese tipo para la soberanía china.
Sin embargo, en la práctica estos campamentos son utilizados por el Estado como una herramienta para reprimir a los chinos que no pertenecen a la etnia han a lo largo de Sinkiang, región que ha sido testigo de cómo se han implementado dichas políticas de Estado, incluyendo la prohibición de nombres musulmanes tradicionales para los niños, la prohibición del ayuno por parte de funcionarios gubernamentales durante el Ramadán (a pesar de que a los funcionarios musulmanes de la etnia hui se les permite esta práctica), la remoción de velos musulmanes para las mujeres en público y la prohibición del uso de barba para los hombres musulmanes.
Nuevas evidencias que ha mostrado Adrian Zenz, investigador independiente de Sinkiang, han documentado ahora el alcance pleno de estos últimos acontecimientos. Los niños uigures están siendo llevados a estos campamentos simulando que se trata de una escuela de nivel prescolar o de kínder, y están siendo forzados a aprender chino mandarín, además de los relatos oficiales de la historia y la cultura chinas, al tiempo que deben abandonar sus prácticas culturales uigures, incluyendo hablar el idioma y renunciar al islam. Todo esto es visto como un intento por parte de Pekín de erradicar la identidad cultural uigur teniendo como objetivo a las generaciones jóvenes, en lo que el doctor Zenz describe como “genocidio cultural”.
Vigilancia de alta tecnología
Los uigures que corren con la suficiente suerte de no estar sometidos a los campamentos tienen que atenerse cada vez más a las capacidades de vigilancia de rápido desarrollo de China a lo largo de Sinkiang. Con al menos 6.7 millones de ubicaciones –incluyendo mezquitas y hogares– provistas con software de reconocimiento facial, en efecto, más de 2.5 millones de personas en toda la provincia son monitoreadas diariamente. Además de esto, el año pasado a los residentes de Sinkiang presuntamente se les ordenó descargar una aplicación que escanea contenido específico en un intento por parte del gobierno por adoptar medidas todavía más enérgicas sobre las libertades políticas.
En un movimiento final en contra de los derechos humanos y la libertad personal, de acuerdo con un informe del año pasado de Human Rights Watch, muchas familias uigures tenían códigos QR pegados a sus casas para que la policía los escaneara para tener los detalles de la familia. Según testimonios de personas que viven en Sinkiang, esta práctica ha estado ocurriendo desde 2017. Lo que comenzó como prácticas de contraextremismo y contraterrorismo dirigidas a un puñado de militantes uigures hace quince años se ha convertido ahora en represión masiva, encarcelamientos forzados y abusos despreciables a los derechos humanos en contra de toda una etnia.
En combinación con las políticas de vigilancia masiva que se basan principalmente en la inteligencia artificial (IA) y en grandes volúmenes de datos, además de la práctica continua de encarcelamientos y ejecuciones extrajudiciales, la RPC en Sinkiang se ha convertido en un Estado policial totalitario, como no se ha visto en el mundo.
Inversiones chinas en seguridad interior
Curiosamente, existen dos factores significativos a la hora de explicar cómo pueden sostenerse dichas prácticas; el primero, una inversión cada vez mayor por parte del Estado en el mercado chino doméstico de la seguridad. Si esto es ya bastante sorprendente, las cifras mismas son alarmantes. El segundo factor para comprender cómo estas prácticas de seguridad continúan totalmente desinhibidas frente a una conciencia internacional creciente es más difícil de comprender: la reacción de occidente. Más específicamente, las reacciones de los Estados occidentales, que varían, en el mejor de los casos, desde la incapacidad de lograr que China se haga responsable, hasta el peor de los escenarios, que es la colusión entre las empresas tecnológicas occidentales y el Estado chino.
El primer factor, un mayor gasto chino en seguridad interior, difícilmente es sorprendente en sí mismo. Sin embargo, lo que es profundamente preocupante es que el nivel de gasto refutado por funcionarios públicos chinos como exagerado es, de hecho, una fracción de un costo total más preciso. Mientras China desestimó una cifra citada de 26 mil millones de dólares en 2016 para gasto en seguridad interior como “especulativa” y “vaga”, la cifra completa se estimó en algo cercano a los 175 mil millones de dólares, seis veces más alta que la que previamente fue rechazada por Pekín.
Las cifras para 2017 son todavía más alarmantes. Cuando se equiparan basándose en la paridad del poder adquisitivo (PPA), además de los miles de millones de dólares que se gastan en gestión urbana relacionada con la seguridad y en iniciativas de tecnología para vigilancia, además de costos y sueldos más bajos que representan una capacidad china de seguridad mucho más elevada por dólar gastado, entonces un cálculo más realista del gasto en seguridad interior de China en 2017 es equivalente a aproximadamente 349 mil millones de dólares; más del doble de los 165 mil millones de dólares estimados por los Estados Unidos. De hecho, de acuerdo con la investigación que llevó a cabo el doctor Zenz, todas las instalaciones relacionadas con la seguridad en Sinkiang crecieron en un 213 % entre 2016 y 2017, lo cual es consistente con el gasto en prisiones, que se duplicó en el mismo periodo, al tiempo que se gastó en el procesamiento estancado de personas comunes sospechosas de haber cometido algún delito.
Respuestas occidentales ambiguas
La conducta de los Estados occidentales tiene dos caras. Varias compañías e instituciones estadounidenses de prestigio, incluyendo empleados afiliados a Google, SenseNets y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), han participado en investigación colaborativa con empresas chinas controladas por el Estado para el desarrollo de IA, provocando temores de que la tecnología estadounidense esté siendo utilizada para contribuir indirectamente a la persecución de los uigures. Seducidas por la promesa de la inversión china, estas instituciones deberían ver, sin embargo, los bajos niveles de debido proceso y la omisión en la que incurren estas colaboraciones con China, dado el contexto de los abusos que hacen en contra de los derechos humanos.
En segundo lugar, hasta este mes han habido muy pocas señales dirigidas a que exista una respuesta internacional unificada ante la represión de China hacia los uigures. Han habido comentarios o declaraciones ocasionales por parte de algunas personas, como la exembajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Hayley, quien en octubre de 2018 citó el encarcelamiento masivo de uigures como, quizás, el mayor internamiento de personas desde la Segunda Guerra Mundial. Este mes, un cuerpo colectivo de acción política occidental ha prestado atención a una sola voz que llamaba a que terminara la persecución uigur.
Veintitrés estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Italia se unió a los veintidós originales) llamaron para que se terminara de inmediato con las detenciones arbitrarias y los abusos a los derechos humanos relacionados a lo largo de Sinkiang. Al carecer del apoyo suficiente para llevar el asunto al Consejo de Seguridad, sería rechazado en la forma de cualquier resolución, no sólo por la propia China, que mantiene el poder del veto, sino también por Rusia, que desde entonces ha apoyado a Pekín en sus prácticas de seguridad.
Además de Rusia, otros 36 Estados han elogiado a los chinos por la manera como manejan la situación en Sinkiang, exaltando la preservación de los derechos humanos al tiempo que se reduce el terrorismo y el extremismo en la región. En realidad, nada podría estar más lejos de la verdad. En todo caso, las medidas pueden estar impulsando a algunos uigures a viajar al extranjero y pelear a favor de organizaciones terroristas islámicas, incluso en Siria, como represalia por el abuso al que son sometidos.
Los Estados islámicos: o guardan silencio o apoyan a China
La despreciable falta de denuncia de los estados islámicos por la represión uigur, además de que muchos Estados islámicos y asiáticos influyentes apoyan abiertamente a China –incluyendo a Arabia Saudita y a Paquistán– apunta a una consderación realista de que muchas naciones deben arriesgar inversiones chinas cruciales para manifestarse en contra de lo que está ocurriendo. El nivel de penetración estratégica por parte de China en algunos de estos Estados es complejo y vasto, y tiene sus raíces en la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Pekín, donde se proporcionan contratos de miles de millones de dólares a Estados para enormes proyectos de infraestructura, a menudo con grandes pagos de recuperación de deuda relacionados, lo cual profundiza todavía más la dependencia estratégica de Pekín.
El tono amenazante que China utiliza puede quedar evidenciado a partir de marzo de este año. Mientras pasaba por el Examen Periódico Universal, China buscó eliminar el escrutinio crítico de sus abusos a los derechos humanos y manipular la revisión al proporcionar respuestas abiertamente falsas sobre asuntos críticos, incluyendo la libertad de expresión y el gobierno de la ley. Además, Pekín amenazó a las delegaciones “en aras de nuestras relaciones bilaterales” para que no asistieran a un panel sobre derechos humanos en Sinkiang.
Lo que puede hacerse
Mientras China busca, cada vez más, formas de desestabilizar el orden internacional –un orden construido sobre conceptos tales como la libertad de la opresión política, la libertad de expresión y el derecho a la vida y a la libertad– la comunidad internacional debe buscar desafiar las formas en las que China viola continuamente estos principios en detrimento de más de diez millones de sus ciudadanos. Ofrecer a los Estados de la región desarrollos de infraestructura alternativos y más sustentables, como el acuerdo hindú de invertir 8 mil millones de dólares en el puerto de Chabahar en Irán, es una forma de reducir las vulnerabilidades de ciertos Estados frente a la presión política china, al tiempo que, simultáneamente, permite una mayor libertad diplomática al defender que haya un mayor respeto a los derechos humanos.
Además, debe difundirse un mayor conocimiento de la crisis uigur a lo largo del hemisferio occidental, apoyado por un aumento en la cobertura mediática del trabajo crucial que las ONG están realizando. Este mes, la Reunión para el Avance de la Libertad Religiosa albergó la reunión relacionada con la libertad religiosa más grande del mundo. El evento, al que asistieron representantes de más de 100 gobiernos y 500 ONG, y que abrió y concluyó con el secretario de estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, tenía, entre otros objetivos, el deaumentar la presión sobre las empresas tecnológicas occidentales que proveen tanto de investigación como de componentes a los sistemas de vigilancia represores chinos al destacar sus conexiones con Pekín.
Se necesita trabajar más a lo largo de las capitales occidentales en subrayar los abusos que ocurren en Sinkiang. Aunque, por un lado, diplomáticos británicos visitaron la región en agosto de 2018 y, por otro, el secretario de relaciones exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, estuvo posteriormente de acuerdo con el consenso general de que ha habido un amplio abuso de los derechos humanos, ha habido muy pocas discusiones más amplias –particularmente entre los círculos académicos y el mundo de los expertos– acerca de los resultados potenciales de la política británica. La Henry Jackson Society buscó cambiar eso en una discusión en ambas cámaras del parlamento en enero de 2019 con un diálogo que involucraba a sobrevivientes uigures y a hacedores de políticas británicos, y concluyó que, de hecho, la inmensa palanca económica china es lo que ha restringido enormemente tanto la cobertura mediática internacional como la islámica sobre la situación que prevalece en Sinkiang. Un mayor debate público en Londres, Washington, D.C. y otras capitales globales, además de una cobertura mediática más amplia de los acontecimientos, acelerará potencialmente una condena internacional y, con suerte, llevará a que cambie el destino de la población uigur.
A nivel individual, según se atestigua, los Estados pueden sentirse impotentes para actuar. Sin embargo, a nivel colectivo, la voz de la unidad debe seguir siendo exaltada y hacerlo de forma numerosa para no permitir que la represión en Sinkiang sea una prueba fallida de la comunidad internacional colectiva para actuar como una sola en contra de una de las mayores injusticias morales de nuestro tiempo.
