Una disposición oculta en la nueva ley establece que el PCCh ahora puede actuar contra cualquier persona existente en el planeta que lo critique.
por Massimo Introvigne
Se ha escrito mucho sobre la nueva ley de la República Popular China tendiente a salvaguardar la seguridad nacional en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, cuyo texto completo ha sido develado. La ley extiende a Hong Kong las disposiciones antisubversivas existentes en China continental, convirtiendo en delito cualquier forma de crítica al Partido Comunista Chino (PCCh), y elimina las garantías previamente existentes para la libertad de expresión y para cierta independencia de los tribunales de Hong Kong. También crea una nueva agencia, la Agencia de Salvaguarda de la Seguridad Nacional (维护 国家 安全 公署), para hacer cumplir la nueva ley en los casos que las autoridades consideren particularmente graves. La Agencia trabajará en gran medida en secreto, y podrá enviar a los acusados a China continental para que sean juzgados, extraditándolos efectivamente.
Si bien todas estas cláusulas han sido ampliamente comentadas por académicos y observadores especializados, y algunos de ellos han señalado que, de hecho, el control en Hong Kong se volvió aún más severo y represivo que en China continental, existe una disposición que no ha recibido la suficiente atención, y que es verdaderamente extraordinaria.
Se trata del artículo 38 de la nueva ley, el cual establece que: «La presente ley se aplicará a los delitos previstos en la misma, cometidos contra la Región Administrativa Especial de Hong Kong desde fuera de la Región por una persona que no sea residente permanente de la Región». Hay que leerlo dos veces antes de concluir que sí, la ley efectivamente afirma que China, o más bien el PCCh, está haciendo valer su jurisdicción sobre todos los seres humanos existentes en este planeta, y quizás también en otros planetas.
Por mi parte, no soy residente permanente de Hong Kong. No obstante, me temo que diariamente puedo llegar a cometer delitos contra «esta ley». Infrinjo el artículo 20, ya que a menudo escribo en apoyo al derecho a la identidad histórica, cultural y religiosa de los ciudadanos de Hong Kong, el Tíbet y Sinkiang, y por lo tanto puedo ser acusado de «separatismo», teniendo en cuenta que la pena para los delitos de «naturaleza grave» es la cadena perpetua. Además, regularmente incumplo el artículo 22, ya que critico y, por lo tanto, «socavo» «el sistema básico de la República Popular China», un «sistema básico» construido sobre el poder absoluto del PCCh y su ideología. Por la sistemática y grave violación del artículo 22, la pena, una vez más, es la cadena perpetua. Peor aún, se me puede acusar de infringir el artículo 29 al obtener y publicar en Bitter Winter información que generalmente no puede ser hallada en otros lugares y que probablemente perjudique la «seguridad nacional» de China, lo que equivaldría a una tercera cadena perpetua.
Una persona razonable creería que no debería preocuparme por los efectos de una ley china sobre Hong Kong, ya que soy ciudadano italiano y escribo desde Europa. Dicha persona razonable estaría equivocada. El artículo 38 establece claramente que la ley también se aplica a todas las personas que «no son residentes permanentes de la Región» (Hong Kong).
¿Significaría entonces que el PCCh vendrá a Italia e intentará detenerme? Quizás no, pero, tal y como escribió un destacado experto en derecho chino, el profesor Donald Clarke de la Universidad George Washington, el artículo 38 «le otorga a la ley un alcance aún más amplio que el del derecho penal continental. Según el derecho penal continental, un extranjero no podrá ser responsabilizado por un acto que sea considerado un delito según la ley, a menos que el acto o el efecto causado por el mismo ocurran en China. La Ley de Seguridad Nacional [de Hong Kong] no tiene tal limitación». El profesor Clarke proporciona el ejemplo de un columnista de un periódico estadounidense, el cual afirma que la ocupación del Tíbet a manos de China es ilegal, o incluso que simplemente ha «ofendido a las autoridades chinas o de Hong Kong» por alguna razón. En virtud del artículo 38, el columnista en cuestión será «responsabilizado en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong». El mismo podría ser arrestado si pone un pie en Hong Kong.
Y esto, argumenta el profesor Clarke, no es todo. “Supongamos que usted es el columnista del periódico anteriormente mencionado y que no viaja a Hong Kong sino a Pekín. A pesar de que es posible que no haya cometido ningún delito en virtud del derecho penal de la RPC, sí lo ha hecho en virtud de la Ley de Seguridad Nacional [de Hong Kong]. ¿Qué pasaría si las autoridades de Hong Kong les pidieran a las autoridades de China continental que lo detuvieran y lo enviaran a Hong Kong? ¿Las autoridades del continente rechazarían tal petición?”. Probablemente no. Y el territorio chino incluye aeronaves chinas y de Hong Kong (explícitamente mencionadas en la nueva ley) y embajadas chinas en todo el mundo.
La afirmación china de una jurisdicción planetaria es claramente absurda e ilegal en virtud del derecho internacional. Pero en realidad no importa. El artículo 38 se refiere a que, si los críticos del PCCh llegaran a pisar territorio chino, considerado en términos generales, podrían ser arrestados. Si cree que esto nunca podría llegar a suceder en la práctica, debería echarle un vistazo a lo que les está sucediendo a los «dos Michaels» canadienses. Es un caso diferente, pero se rige por la misma lógica perversa.
Es una pena que solo 27 países (más Estados Unidos, quien no firmó debido a sus problemas con el Consejo de Derechos Humanos) hayan apoyado la declaración efectuada por el Reino Unido en las Naciones Unidas condenando las violaciones de los derechos humanos en Hong Kong y Sinkiang (mientras que 53 países, cuya lista no se ha hecho pública, pasaron a formar parte de un nuevo «eje de la vergüenza» al firmar una declaración redactada por Cuba en apoyo a China).
Vale la pena publicar los nombres de los 27 países que firmaron en apoyo a la libertad y a los derechos humanos: Australia, Austria, Bélgica, Belice, Canadá, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Alemania, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, la República de las Islas Marshall, el Reino de los Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Palaos, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Nuestros lectores son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de qué países democráticos no están allí y adivinarán por qué. Cuando sus ciudadanos comiencen a ser arrestados en China, tal vez cambien de opinión.