Revista sobre \n la libertad religiosa y \n los derechos humanos en China
Ya es suficiente: incluso los usuarios chinos de las redes sociales le dicen al PCCh que al menos en Estados Unidos se puede protestar contra la brutalidad policial. En China, los que protestan son enviados a la cárcel o les sucede algo aún peor.
A los padres de dos niños que murieron en sus escuelas se les impidió descubrir la verdad y fueron reprimidos por el Gobierno en nombre del «mantenimiento de la estabilidad».
El PCCh afirma que la situación de los derechos humanos en China «es la mejor en toda la historia». Otros dos casos demuestran que tales declaraciones están sumamente alejadas de la realidad.
La muerte de un veterano en la víspera de Año Nuevo hizo resurgir las inquietudes sobre las cosas que los funcionarios del PCCh estarían dispuestos a hacer para mantener sus puestos. Para ellos, las vidas humanas no significa nada.
En la provincia de Hunan, numerosas preguntas sobre la muerte de dos niños siguen sin ser respondidas. En lugar de buscar respuestas, la policía persigue a la familia agraviada.
Un exingeniero de 83 años le relata a Bitter Winter el calvario por el que tuvo que pasar solicitando la asignación de beneficios de jubilación legítimos: el mismo fue brutalmente golpeado y recluido en un hospital psiquiátrico.
Por denunciar a un secretario del Partido de la aldea corrupto, las casas de Wei Lihui fueron demolidas, y el mismo fue repetidamente golpeado, detenido e incriminado por un crimen que no cometió.
Las protestas de Shandong estallaron cuando los veteranos descubrieron que sus identidades —y beneficios— habían sido robados por funcionarios gubernamentales. Luego de ello, se produjeron olas de violencia y arrestos.
Después de rehusarse a las exigencias irracionales del PCCh para ser reubicados, los aldeanos de Henán fueron golpeados por matones contratados por las autoridades, provocándoles múltiples heridas.
Sun Juchang y su esposa, Jiang Shuhong, han pasado juntos un total de 1382 días en cautiverio por luchar por recuperar sus libertades personales.
El año pasado, las autoridades de Fujian cerraron por la fuerza algunas fábricas y demolieron otras con el pretexto de “combatir la contaminación”. No se indemnizó a los propietarios y quienes lucharon por sus derechos fueron detenidos ilegalmente.
En un extraño caso sucedido en el condado de Guzhen en Anhui, una mujer que fue estafada, quedó en bancarrota y buscaba justicia, fue detenida por la policía a causa de sus creencias religiosas.
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