Para algunos pequeños establecimientos privados que luchan por sobrevivir a los cierres de emergencia a causa del coronavirus en China, la «ayuda» del Gobierno llegó en forma de golpizas, saqueos e intimidación.
por Zhang Feng
Yuan Yong (seudónimo) es ciego. Para ganarse la vida, opera un pequeño negocio de masajes. El 11 de febrero, funcionarios de la Agencia de Industria y Comercio irrumpieron en su lugar de trabajo y le ordenaron cerrar la tienda debido al brote de coronavirus. Cuando comenzó a explicarles que no podría sobrevivir sin su trabajo, los funcionarios le propinaron una golpiza. Luego de ello, llamaron a la policía, quienes golpearon aún más a Yuan antes de llevarlo a una estación.
«Un oficial de policía me dio un puñetazo en el rostro, me pateó y luego me aporreó la espalda utilizando un palo», recordó Yuan. La policía le ordenó firmar una declaración en la que prometía someterse a las exigencias del Gobierno. Recién fue liberado cuando el jefe de su aldea lo avaló.
Enfurecido por el incidente, Yuan se comunicó con una emisora de radio internacional para contar su terrible experiencia. Debido a que su teléfono estaba siendo monitoreado, dos días después, la policía lo detuvo y lo escoltó hasta la Agencia de Seguridad Pública local.
Durante el interrogatorio, Yuan declaró que la Constitución china preveía la libertad de expresión, que todos son iguales ante la ley y que nadie puede ignorarla. El mismo añadió que China debía ser transformada para lograr la democracia y la libertad de los medios de comunicación.
Los oficiales se quedaron mudos y llenos de ira. Convocaron al padre de Yuan y le advirtieron que su hijo sería enviado a prisión si no lo persuadía para que dejara de realizar «llamamientos irresponsables» y «compartir comentarios irresponsables». Dado que su padre también fue amenazado con ser implicado, Yuan le prometió lealtad al Gobierno, declarando: «el Partido Comunista es bueno, y yo no sería quien soy sin él».
«Si no fuera ciego, habría sido arrestado y sentenciado», cree Yuan. «He perdido completamente la confianza en este Gobierno. En China, la gente no puede razonar con las autoridades».
A fines de marzo, en un condado administrado por la ciudad de Zhumadian en la provincia central de Henán, siete miembros del grupo de prevención y control de la epidemia irrumpieron en una tienda de ropa. Dichos grupos, compuestos por personal de la Agencia de Industria y Comercio, de la policía y de otros departamentos gubernamentales, fueron creados para garantizar las medidas de cierre de emergencia durante el brote de coronavirus. Utilizando altavoces, los oficiales les ordenaron a todos los clientes que abandonaran las instalaciones y le dijeron al propietario que cerrara la tienda. Luego de ello, saquearon más de una docena de prendas de vestir de marca, que el propietario recuperó luego de pagar 2000 yuanes (alrededor de 280 dólares) en sobornos.
Unos días más tarde, dos oficiales regresaron a la tienda, cada uno de ellos se puso un traje y se marcharon sin pagar. El propietario no se atrevió a decir nada, por temor a mayores hostigamientos a manos del Gobierno. «He perdido 30 000 yuanes (alrededor de 4200 dólares) este mes debido al cierre de emergencia», le dijo a Bitter Winter. «Además de eso, estos oficiales saquearon mis bienes. No puedo permitirme seguir operando mi negocio».
El 18 de febrero, seis funcionarios gubernamentales irrumpieron en un supermercado familiar emplazado en el condado y amenazaron con castigar a su propietaria porque el negocio permanecía abierto durante el cierre de emergencia. La mujer se arrodilló, suplicando que no la castigaran. Cuando su suegra intervino, los oficiales la empujaron y arrastraron. Luego comenzaron a apilar mercadería en sus vehículos, mientras amenazaban con llamar a la policía para que arrestaran a toda la familia. Los oficiales recién se marcharon cuando el esposo de la propietaria les entregó más mercadería.
A fines de febrero, el propietario de otro supermercado del condado tuvo que sobornar a la Agencia de Industria y Comercio local para obtener un permiso para que su negocio permaneciera abierto. «Si no lo hubiera hecho, habría tenido que cerrar», explicó el propietario.
